Que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) de Uruguay contó con un primer informe que tasaba en 25 millones de dólares la renovación de espectro 4G de Movistar, pero que por un error técnico no integró el expediente que luego, munido por otros dos documentos, analizó el ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini; o que en realidad no existe un precio estimado, fueron algunas de las declaraciones que se realizaron en el marco de la sesión especial convocada por la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios. El encuentro fue mentado por su vicepresidente, Alejandro Sánchez, senador por el Frente Amplio, opositor de la actual gestión de gobierno, quien adelantó que profundizará la investigación porque “hay cosas que no nos quedan claras”. TeleSemana.com tuvo acceso a la versión taquigráfica de una sesión que, en sus más de 80 páginas transcriptas, también habla sobre 5G y que en esta extensa nota se busca reflejar.
La mesa fue organizada en forma de “U” y permitió que todas las partes pudieran verse al momento de expresar sus explicaciones pero también sus dudas. El encuentro demandó alrededor de tres horas y media, dicen, en un clima tenso. Tras la presentación que realizó el convocante, Paganini fue el primero en abordar la cuestión y comenzó por referirse a la subasta de 5G para admitir que, cuando empezaron a delinear definiciones en torno al espectro a ofrecer, “vimos que hay problemas que resolver primero. Hay situaciones a las que hay que darles trámite antes de poder proceder a desarrollar esta tecnología. Al menos, en nuestra visualización así lo fue” dijo y realizó una retrospectiva para referirse a la renovación de espectro 4G.
Lo cierto es que entre 2001 y 2004 en Uruguay se subastaron las bandas de 1700 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz pero también la de 850 MHz que Movistar obtuvo mediante otro mecanismo de adquisición para la explotación durante dos décadas y que, a su vez, era la primera en vencer. Pero en diciembre de 2022 se conoció que el precio estimado para esa primera renovación era el mismo que el de 2004, y surgió la polémica que está viva, entre otras cosas, porque los vencimientos siguen hasta 2024.
Tras 20 años de explotación, “no estaba definido qué iba a suceder cuando terminaran, y teníamos que procesar la decisión de cómo seguir con esto”, admitió el ministro y sinceró: “La política de gobierno y del ministerio fue decidir por la estabilidad de la situación; me refiero a darles la oportunidad a los que estaban operando en esas bandas de mantenerse allí. Obviamente, esa fue una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que puede ser opinable”.
En su explicación, dijo que buscaron evitar que sucediera un “trastorno muy grande” ocasionado ante una posible migración de banda, producto de un eventual proceso competitivo; algo que introduciría un problema en un sector maduro de mercado, cuando el objetivo principal es desarrollar 5G.
Luego, el funcionario repasó los mecanismos por los que pidieron al regulador que estimara los valores del espectro y que hiciera la comparativa internacional necesaria, y que, en el caso de la banda de 850 MHz, por ejemplo, “el ministerio tomó una decisión de carácter general al dar la posibilidad de que la Ursec renueve a aquellos operadores que se presenten al valor inicial que habían pagado y por un plazo similar. Es una decisión discrecional de política”, insistió.
“Estaba autorizado el canje por las propias bases del pliego”, dijo a su vez Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), y agregó que, a raíz de eso, “hemos contestado el recurso, manifestando expresamente que no estaba comprendido”. Pero también destacó la existencia de lo que valoró como “tres pilares: uno es que no tenemos precio; el otro pilar es que tampoco existe un plazo que se haya vencido, por lo cual no existe una renovación automática, además de que no está comprendido desde el punto de vista objetivamente legal”.
“Tan es así que se está sustanciando ese recurso en Jurídica, para que ratifique lo expresado y seguramente se le va a notificar a Claro en ese sentido. Quería aclararlo porque se mencionó que el expediente estaba en la Ursec. Se le pidió que lo acordonara a otro expediente que era el de espectro, pero quería aclararle la duda al señor senador Sánchez sobre si habíamos recibido o no de parte de la Ursec precio sobre 850. No hemos recibido precio alguno”, precisó el titular del Dinatel.
Y, sobre ese punto, Mercedes Aramendía, presidenta de la Ursec, también hizo mención. Destacó que “en el caso de la banda de 850 no hay un precio fijado (…) porque aún no se ha realizado el análisis” y que el Decreto 377/022, comprende únicamente los casos que fueron otorgados por procedimiento competitivo y, por tanto, excluye los otros casos: “Claramente ahí está el caso de 850 que fue por canje”, dijo.
“Tal como destacó el señor ministro –y también lo dijo el señor senador Sánchez–, el 16 de marzo de 2023 la Dinatel remitió una nota a la Ursec en la que solicitaba, justamente, nuevos análisis que aún no se han realizado dado que, como consecuencia del recurso que presentó Claro, tuvimos que remitir el expediente nuevamente al ministerio. O sea que estamos esperando que vuelva a la Ursec –luego de que el ministerio informe lo que tenga que informar– para avanzar en lo que se nos ha solicitado”, precisó Aramendía.
Pero para Pablo Siris, director del organismo por la oposición, el dato del precio sí existió. “Más allá de que efectivamente se nos enviaron borradores esta información fue incorporada a los expedientes”, dijo y subrayó que el sistema de expediente electrónico que utiliza la entidad ofrece trazabilidad digital y, por tanto, “quiere decir que no es un borrador, sino que fue parte integral del expediente”.
Entonces, hay un documento que falta y sobre el que Aramendía precisó que existió, pero que estaba incompleto, que tenía el benchmark vinculado a las bandas 1700-1800 MHz y 1800-1900 MHz, pero no para la banda de 850 MHz, además de precisar que ese mismo día, horas más tarde, tuvieron una segunda versión del documento que sí integró el pliego. Y, ante la sentencia acerca de la trazabilidad digital, Aramendía apostó a que “puede haber errores, pero en este caso, si es que los hubo, entiendo que ninguno fue adrede ni nada por el estilo”.
“La gran discusión que nosotros tuvimos al respecto fue de dónde sale esta información, es decir, los cuatro millones que se planteaban para las bandas de 1800 MHz o 1900 MHz y los veinticinco millones que se planteaban para los precios de 850 MHz. ¿De dónde sale este valor? ¿Quién determinó este valor? ¿Quién nos dio esos países de referencia? ¿Quién nos dio esas subastas?”, cuestionó Siris.
Sobre este punto se discurrió de forma extensa. Se precisó que otro documento técnico indicaba el benchmark completo pero que, respecto a la banda de 850 MHz, decía que “de la información obtenida no surgen datos estadísticos ni insumos relevantes suficientes para compartir en el presente informe”, tras considerar 22 subastas y 19 países, en uno; y cuatro países en el otro. Y “esto fue lo que nosotros remitimos al Poder Ejecutivo”, precisó la presidenta del regulador.
El director de la Ursec, a su vez, subrayó que en Uruguay, sólo Antel y Movistar tienen frecuencias en la banda de 850 MHz para servicios IMT, y que Claro, sin poseerlo, puede operar igual. “Lo que sucede es que teniendo la banda de 850 es más barato porque requiere menos inversiones”, dijo y compartió la queja que el operador les hace por ser “los principales tenedores en la banda de 1900, pero eso nos obliga a hacer muchas más inversiones que Movistar –que tiene abundante espectro en la banda de 850– para poder atender a nuestros clientes”.
“Entiendo que es lo que ha resultado polémico en toda esta mecánica, más allá del concepto discrecional de este Poder Ejecutivo que entendió que convenía renovar, y dar la opción de renovar –si alguno no quiere hacerlo, no renovará– a los operadores que la están explotando por un plazo igual y por el precio inicial”, dijo Paganini en el recinto. Valoró que “la decisión política general que tomamos nos pareció razonable, responsable y de buena administración para no generar, yo diría, una disrupción en el mercado móvil vinculado a estas bandas que no son las estratégicas para nosotros, sino que son las que vienen después, que son las que hacen posible el servicio de 5G”.
Muchos dicen, como en el tango más populoso, que 20 años no es nada; pero lo cierto es que la industria móvil evolucionó, el valor del dólar también y fue el propio Sánchez quien comparó los dispositivos de aquel entonces y los servicios, con las aplicaciones y áreas de negocio del presente. “Quiere decir que se amplió el marco de negocio sobre sobre la utilización del espectro”.
En diálogo exclusivo con TeleSemana.com, el senador Alejandro Sánchez compartió su mirada sobre diversos aspectos de la polémica expresada en la sesión especial. “Frente a ese escenario (N. de R.: de tres años consecutivos de vencimientos 4G y la subasta 5G), el Gobierno toma una decisión bastante extraña, porque hay licencias que van a caer, dado que no están previstas en los pliegos originarios de la subasta una forma de renovación”, dijo. A su entender, “lo que sería más transparente y que permitiría que las empresas vuelvan a competir por la utilización de ese proyecto, es subastarlo, y que de ese proceso competitivo surja el precio real. Pero el Gobierno decidió ir por otro camino: el de otorgarle de manera directa la utilización de esa banda y a un costo sin proceso competitivo, es decir, sin esfuerzo. Sin que se pudiera estimar el valor real actual de las bandas o de sus efectos”.
Para Sánchez, “pareciera ser que hay decisiones de gobierno que han sido, de alguna manera, acotadas por los intereses empresariales y no por los intereses de la empresa pública. Porque si lo que estuviera inspirando al Gobierno sería la defensa de lo público, tendría que haber subastado nuevamente, porque redundará en el beneficio de la población en general. Pero no fue ese el camino, y ahora comienza un debate jurídico”.
“Estamos solicitando con pedido de informes con las trazas del expediente electrónico” dijo el senador a TeleSemana.com y valoró como “una barbaridad” la falta de aquel primer documento. Aún tomando en cuenta la posibilidad de que sólo se tratara de un borrador de debate interno, el funcionario valoró como “muy raro que de una estimación original de 22 millones de dólares se concluya, luego, que no hay elementos estadísticos y eso dé lugar a que luego a la renovación por el mismo precio de hace 20 años, que son seis millones de dólares”.
¿Y 5G?
Uruguay subastará tres bloques de 100 MHz de espectro en la banda de 3.5 GHz el próximo 9 de mayo, luego que se reagendara la fecha original, que había sido fijada para el 28 de abril, tras el reclamo de los interesados. Pero las bases y sus condiciones fueron cuestionadas por diversos actores, en diferentes aspectos: por el valor adopado, por las exclusiones que provocó, entre otros puntos. Sin dudas, los intereses se cruzan y encontrar el equilibrio no parece tan sencillo. Por ello, también formó parte del debate en esta Comisión y en la conversación que TeleSemana.com mantuvo con el senador.
“Es una subasta en la que se habilita a participar a aquellos que están trabajando en el negocio de las telecomunicaciones en Uruguay, en el caso particular de IMT, para telefonía celular y demás. También, si viniera algún interesado del exterior, se le pide experiencia previa de dos años en el negocio de IMT en, por lo menos, dos países”, recordó el titular del MIEM cuando comenzó a explicar el caso de la subasta para 5G.
Y también hubo mención a los valores establecidos: “El mecanismo que se utilizó para fijar este valor de base fue el de pedirle a la Ursec un valor indicativo de benchmark internacional, y después entender que en Uruguay vale un poco más. Se fijó un valor de 28 millones de dólares. Había algún antecedente en la región, particularmente en Chile, que podría haber dado origen a 50 millones de dólares. Si hubiéramos hecho el prorrateo que se mencionaba anteriormente, habría dado 50 millones de dólares también. Entendemos que en las bandas medias ese prorrateo no es así” dijo, y agregó que “de allí salió un número de 22 millones de dólares. Hemos tomado como base 28 millones de dólares. A algunos de los interesados en participar les parece que este número es excesivo. Es entendible que así suceda, pero nosotros pensamos que es un valor que realmente tiene”.
“Algunas de las empresas nacionales se sienten excluidas” dijo en relación al reclamo que lleva adelante Dedicado y formuló dos aclaraciones: “En primer lugar, la empresa que se siente excluida –ha sido público, lo ha dicho por todos lados– no es una empresa de telefonía móvil ni que esté desarrollando el servicio de IMT en Uruguay ni en ningún otro lado. Es una empresa que está dando un servicio de Internet punto a punto, fijo y que tiene más o menos 9.500 clientes en Uruguay. Pensemos nomás en los centenares de miles de clientes que tienen las operadoras que existen. Por lo tanto, es una empresa que se queja de que se la excluye de una cosa porque pedimos una exigencia de antecedentes, cosa que nos parece sensata pedir como para cualquier cesión o concesión de derechos en algo tan importante como el espectro radioeléctrico”.
“Por otro lado, -continuó Paganini- esa misma empresa sí tiene dos bloques asignados para el servicio de LMDS; los tiene asignados desde hace muchos años. También ha presentado el interés de que en esos bloques se los deje transformar en un operador telefónico”, aunque también tomó al operador público para explicar que alguna vez, fue autorizado a transformar el espectro que tenía en la banda de 28 GHz para LMDS, para dar IMT. No obstante esta situación, admitió que, en este caso, “es secundario el tema de autorizarle ese uso u otro uso de frecuencia”.
“La discusión de fondo es: autorizamos a un operador de telefonía celular para esta empresa y ¿por qué para ella y no para otras? Por tanto, finalmente decidimos que esta es una discusión que se procesa por un camino que es el de habilitar o no un cuarto operador. Las otras cosas son la subasta de 5G en lo que está libre hoy, que está claro que puede avanzarse, y queremos hacerlo, y avanzar pronto. Es por esa razón que tenemos estas fechas sobre la mesa”, aseguró el ministro.
En su declaración, el titular del MIEM no ahorró tampoco en decir que “es cierto que hay una posición que le da alguna ventaja competitiva a Antel, pero también es cierto que si Antel participara de la puja eligiendo primero –como sucede con el procedimiento de subasta–, porque tiene capacidad financiera, esta capacidad financiera mayor que tiene Antel es objetada por ser juez y parte, porque al fin y al cabo es la caja del Estado, al fin y al cabo es el Estado mismo”.
Para el ministro, el foco está puesto en “despejar lo que podemos despejar. La renovación se despejó; estamos despejando la subasta de 3.5 GHz; hay una serie de petitorios, algunos de los cuales nos parece que pueden estudiarse y otros nos parece que no tienen lugar. Contestaremos cuando corresponda y cuando los plazos den, con los informes correctos”.
El senador Sánchez dijo a TeleSemana.com que los cuestionamientos a la subasta de 5G tiene elementos similares a los que surgen en el debate por la renovación de 4G, por el precio pero también porque habría documentos que señalaban que había un canal de diálogo y de trabajo entre Dedicado y el MIEM para incluir su participación en la subasta. “El borrador planteaba 50 millones de dólares de valor de los bloques y la posibilidad de que fuera una licitación a puerta abierta para que pudiera dar lugar a más operadores”, y luego no sucedió asi.
Para el legislador “no es lógico que en un Estado soberano como es Uruguay se diga que para poder participar de la subasta de espectro radioeléctrico, la empresa deberá tener operaciones en, por lo menos, dos países en América latina o en Europa o en Estados Unidos. ¿El mensaje cuál es? Si usted es una empresa nacional que invierte en telecomunicaciones en Uruguay, que no tiene telefonía celular, pero sí invierte en transmisión de datos y quiere participar de una subasta 5G, no lo puede hacer porque tiene que ser nacional para presentarme”.
“Dedicado no tiene la licencia IMT. En realidad, los borradores establecían que si participabas de la subasta, se te podía otorgar una licencia para las transmisiones IMT, cosa que también cambió el decreto y no establece”, dijo Sánchez.
“Al parecer el gobierno se ha manejado, digamos, con la debida diligencia, y genera todas estas suspicacias acerca de si las motivaciones detrás de los criterios que ha puesto tienen que ver con un criterio estrictamente de argumentos y de fundamentación técnica, de defensa e interés público, o si han intervenido intereses empresariales, en este caso, para tratar de que un nuevo jugador de las telecomunicaciones del Uruguay esté”.
¿Cómo sigue?
El senador adelantó que están esperando informes de la trazabilidad digital del sistema de expedientes que utiliza la Ursec, al tiempo que, del encuentro realizado en la Comisión, que se solicitará y coordinará la comparecencia de las empresas en las próximas reuniones, sobre todo por los recursos presentados. ¿Cuál es la urgencia? La necesidad de despejar las dudas antes que se realice la subasta, prevista para el 9 de mayo.
“El desafío del desarrollo de 5G es muy importante para Uruguay”, concluyó Sánchez y apostó a hacerlo “con la mayor transparencia y las mayores garantías”. “¿Qué es lo que motiva el apuro? ¿Qué motiva que se cambien tan rápido los criterios? ¿Por qué se trabaja sobre la base de borradores con un criterio y, posteriormente, con otro? Nosotros estamos investigando porque hay cosas que no nos quedan claras”, concluyó, como adelanto de que esta historia continuará.
