La subasta de 5G en Uruguay, que acaba de ser reagendada para mayo (entre otras cuestiones, por el trámite express que impuso la convocatoria original) sigue dando que hablar. Además de las críticas que recorren los propios pasillos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y del reclamo iniciado por el operador nacional que quedó exceptuado de la contienda, quienes sí podrían hacerse de espectro radioeléctrico también analizan el escenario con una mirada crítica. Y todo esto sucede, en medio de un escándalo que llegó a la Justicia.
En Uruguay son horas complejas. A modo de repaso, cabe recordar que el proceso pondrá a disposición del mercado y del operador público local tres bloques de 100 MHz, en la banda de 3.5 GHz. El modo en que se ha conducido el proceso ha provocado, inclusive, críticas formuladas puertas adentro de la Ursec, como las expresadas por uno de sus directivos, Pablo Siris, quien expresara en diálogo con TeleSemana.com que “se están tomando decisiones equivocadas” y que la actual propuesta “no es una subasta, es una adjudicación”; al tiempo que Arturo Vargas, el CEO de Dedicado, observara que todo el proceso está “plagado de inconsistencias” para subrayar el sesgo por el cual ellos no pueden participar.
En el caso de Antel, se sabe, está garantizado en el pliego que acceda a la misma porción de espectro que los privados. De cualquier modo, su mirada acerca de todo este proceso importa y, seguramente, requiera de una nota aparte. Pero Movistar y Claro son, en definitiva, los dos operadores privados que tendrían garantizada su posibilidad de adquirir espectro en esta contienda. Sin embargo, ellos también cuestionan este proceso.
¿Qué sostienen y por qué, Movistar y Claro?
Leticia Lago, directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Uruguay, explicó a TeleSemana.com su mirada y los motivos por los que “observan con preocupación” el escenario local.
“Es importante tener en cuenta que el desafío que tenemos como país respecto al 5G es lograr un ´despliegue competitivo´, haciendo énfasis en los dos elementos: ´asegurar el despliegue´, como también ´que este sea competitivo´” dijo, y agregó que “no se trata simplemente de subastar frecuencias radioeléctricas. El desafío es que el 5G ´se despliegue´, estableciendo condiciones para que las redes necesarias para proveer esta tecnología se desarrollen en el país”.
“Y el otro desafío -continuó Lago- es que los consumidores puedan elegir entre diferentes oferentes. A eso nos referimos cuando decimos que el 5G tiene que desplegarse de forma competitiva”.
“En este contexto, advertimos con preocupación que las condiciones actuales no facilitan dicho despliegue a los operadores privados. En nuestro caso, somos un operador que ha invertido más de 650 millones de dólares, introduciendo los servicios móviles e incentivando el desarrollo de las telecomunicaciones en Uruguay desde hace casi 32 años; y para seguir aportando al crecimiento de la industria consideramos que, tal como están planteadas, las condiciones no permiten un despliegue competitivo de 5G en Uruguay”, dijo Lago.
La directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Uruguay precisó dichas condiciones: “Por un lado, no se les habilita a contratar fibra óptica del operador estatal. Pero adicionalmente, tampoco se los incentiva a desplegar sus propias redes, asignándoles las licencias para que brinden todos los servicios que técnicamente posibilitaría dicha red (por ejemplo, servicios de acceso a Internet fijo alámbrico). En este sentido, observamos con preocupación que estos dos aspectos no se hayan contemplado en el pliego, por lo que estamos analizando si llevaremos a cabo alguna acción”.
Por su parte, Alejandro Quiroga Lopez, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay valoró que “no está bien el diseño de la subasta porque en definitiva, debe trascender a un gobierno puntual, al gobierno actual”, dijo y apuntó a que, una vez concluída la subasta, la construcción de la red llevará entre tres a cinco años, sumado al ciclo natural de recambio de terminales necesarias del mercado. Comparó, asimismo, esta experiencia con la de Brasil, donde el proceso previo al llamado concursal involucró dos años de preparativos y negociaciones, y cuya labor de construcción de infraestructura se estimó en hasta siete años.
En diálogo exclusivo con TeleSemana.com, el ejecutivo cuestionó varios aspectos del proceso y subrayó la falta de devolución por parte del regulador a los comentarios vertidos en las ventanas abiertas para tal fin, el valor del espectro por considerarlo hasta siete veces por encima del involucrado en Brasil, además de la premura con la que se está convocando al proceso y de que “hay una vocación de recaudación y de poner una barrera de competencia que favorezca a Antel”.
Al momento de evaluar las condiciones específicas del mercado, el ejecutivo de Claro advirtió que en el caso uruguayo, el segmento más grande al que los operadores pueden aspirar es el de clientes, o sea, el asociado al uso que las personas del común puedan darle a esta evolución tecnológica, “dado que el segmento industrial es muy chico: en cantidad potencial de usuarios hay alrededor de 800 empresas con más de 100 empleados” dijo y dimensionó la apuesta que podría involucrar el negocio de las redes privadas.
“Vemos con enorme preocupación que no se han seguido las mejores prácticas para su diseño”, observó Quiroga Lopez en relación al pliego y se manifestó sorprendido de que esto suceda en Uruguay, por su tradicional vocación dialoguista: “Acá no hubo un amplio debate con la industria ni con el ecosistema de telecomunicaciones. No como en Brasil, que fue la subasta más grande y la última que ha habido en toda América latina, que fue un proceso que llevo más de dos años de diálogo con el sector industrial. Al contrario, en diciembre de 2022 se sacó el decreto donde se fijaban las condiciones fundamentales de la subasta y el precio del espectro para los privados”.
Y agregó que “sólo después de muchos cuestionamientos de los distintos operadores hubo una ronda de diálogo, pero en la que pudimos expresar cuestiones de carácter estructural del modelo de condiciones de la subasta que, en términos generales, no fueron sustanciales y que tampoco fueron aceptadas, ni analizadas. Es un avance que, por lo menos, hayamos podido hacer públicas las observaciones que tenían todos los interesados y que se hayan publicado. Pero no hubo un ida y vuelta, no hubo un mecanismo de diálogo”.
“Tenemos diferencias grandes en cuanto a estructura de la subasta respecto del precio del espectro que es siete veces más caro que lo que se pagó en Brasil” dijo el ejecutivo de Claro, cuestionó los fines recaudatorios del Estado, y advirtió, una vez más, que “no se comprenden los cambios que hay en la industria a nivel global”.
Precisó, en este sentido, que hay dos cambios fundamentales que “deberían haberse tenido en cuenta para estimar el precio: primero, que los ingresos de los operadores móviles por megahercio desplegado vienen cayendo en los últimos 10 años o 12 años a nivel global; y segundo, que los países que ya tienen desarrollado 5G a nivel mundial, no tienen ingresos incrementales sustantivos, es decir que 5G no está generando ingresos sobre paquetes que permitan (ya sea rápidamente o en el mediano plazo) el repago de todas las inversiones que hay que hacer, tanto en derecho de uso de espectro como en la construcción de la nueva red”.
Además, Quiroga Lopez aseguró que presentaron varios informes, realizados con organismos internacionales y consultoras especializadas, y advirtió: “Al precio que se ha fijado, creemos que está hecho sin notificación técnica, ni económica. No es, siquiera, la segunda opción, que era solicitar un estudio de negocio, como hizo Brasil, para entender cómo se repagaba una inversión en 5G. Y nosotros presentamos un estudio que tampoco fue considerado, ni siquiera en la recepción de estos documentos hay el más mínimo comentario al respecto”.
“Y lo vemos como un error que va a generar un perjuicio para Uruguay, al tener un precio que destruye valor para la industria. Y eso se traduce en dos efectos directos que están muy analizados a nivel global: los servicios terminan siendo más caros, porque de alguna manera se tiene que repagar el espectro, y se ralentiza el despliegue de todos los operadores”, dijo el ejecutivo de Claro.
Y agregó que “hay un factor adicional : en un mercado que tiene las características de concentración en el operador Antel, que favorece al operador dominante, que a su vez tiene como accionista al Estado, se hace más difícil que entren nuevos operadores, como se declama en el decreto. Todas las medidas tomadas van en contra de mejorar la competencia. Tampoco es cierto, desde nuestro punto de vista, que se esté beneficiando a los operadores privados o particulares o, al menos, no en el caso de Claro”.
“Vamos a ver si hay 10 oferentes que quieran entrar al mercado de Uruguay o no hay nadie”, advirtió Quiroga Lopez y admitió que “estamos en el proceso de decisión de un contexto, para ver dónde se destruye menos valor: presentándose o no presentándose”.
“Creo que se ha ido demasiado rápido sin haber tenido el diálogo, sin haber escuchado, sin haber tenido una apertura real. Tenemos un montón de presión con un modelo que, además, se superpone con la renovación de espectro por primera vez en la historia, que empezó en diciembre y que sigue en 2024”, dijo el ejecutivo de Claro, quien también puso el acento en un tema que suma complejidad a un escenario que cuenta, inclusive, con denuncias que llegaron a la Justicia, y que TeleSemana.com repasará más adelante.
“Los operadores tenemos, no solamente, el tema de las inversiones para 5G en espectro en red, sino también de la renovación. Y ahí la cosa se vincula, porque hay errores graves en la decisión del valor fijado para la renovación y para los precios relativos, que están groseramente mal invertidos: es sabido que una banda baja es mucho más valiosa que la banda alta y, en los precios fijados de renovación, se da exactamente lo contrario. El valor fijado de renovación para las bandas medias es más de dos veces o dos veces y media más cara en la banda baja, cuando debería ser exactamente al revés. Esto, a nosotros como competidores, nos ocasiona un enorme perjuicio porque jamás hay un perjuicio para el Estado”, admitió el ejecutivo de Claro. Subrayó, una vez más, que los informes que ellos presentaron sobre este punto demuestran que la relación de precios entre bandas debería ser otra.
Pero también destacó que un operador local tiene otros 200 MHz en la banda de 3.5 GHz, cuestión que “no es menor” dijo, y sumó argumentos al considerar que “las decisiones tomadas por parte del Gobierno no se entienden, no son lógicas por el dibujo extraño que tiene el espectro. Esto generó una situación artificial de escasez de espectro para esta subasta que está abierta para los privados, además se fijan condiciones de tiempo extremadamente cortas para que puedan participar los operadores que hoy no están en el país… es contradictorio”
“Se fija una garantía de mantenimiento de interés para participar en la subasta, que equivale al 60 por ciento del precio de la subasta. Una cosa inaudita, que no ocurre en ningún lugar del mundo y que es una barrera para que nadie se presente. Y los tiempos de presentación son extremadamente cortos y nosotros hicimos el pedido de extensión de plazo porque resultaba virtualmente imposible de cumplir. Bueno, ahora la subasta tiene nueva fecha para el 9 de mayo”, agregó Quiroga Lopez.
Lo cierto es que ni el ejecutivo de Claro ni otras voces consultadas por TeleSemana.com entienden la urgencia de los plazos impuestos. “No hay ninguna razón, porque este proceso se podría haber hecho durante todo el año 2022”, admitió Quiroga Lopez y lo cierto es que son muchas las voces que hablan de condiciones que no son del nicho o del negocio, sino de la política.
¿Aspectos políticos?
Sí, si el tema se lo mira desde la cuestión política, hay muchos más elementos que pincelan el cuadro. Según trascendió en la prensa de ese país El País, Gabriel Gurméndez, actual presidente de Antel, sería candidato a la intendencia de Montevideo y hasta la presidencia del país, por el Partido Colorado, algo para lo que debería alejarse de su actual posición.
Otro tema que se inscribe en este escenario y que es un escándalo que circula por estas horas en la prensa local, como La Diaria y Pol.uy, es la denuncia que analiza la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) contra Mercedes Aramendía, actual presidenta de la Ursec, por la renovación de espectro 4G a Movistar. Sucede que la funcionaria había trabajado durante seis años como ejecutiva de este operador al que le habría concedido la renovación de las licencias para 4G por el mismo valor que hace dos décadas, y por lo que hoy se investigan posibles intereses cruzados.
Pero el run run no termina allí, la prensa local El Observador difundió también que el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay (MIEM) habría llegado a un acuerdo con Dedicado para que éste participara de la contienda, aunque luego se cambiaron las condiciones adrede.
Por el momento, voces como la de Quiroga Lopez apuestan a ver cómo se desarrollará este proceso: “Veremos cómo evoluciona. Creo que hay una gran insatisfacción con las condiciones fijadas porque no son sustentables, y no generan valor, lo destruye; y no hacía falta hacer esto”.
