La Ley de Fomento para un Perú Conectado, aprobada hace casi una semana, fue bien recibida por el sector privado que cree que con esta medida se facilitarán los despliegues de infraestructura que necesita este país para reducir la brecha digital. Pero esta mirada optimista no deja de lado otras cuestiones que las operadoras consideran que necesitan reformularse para que el máximo objetivo del país se concrete, especialmente desde el lado regulatorio.
La norma, que lleva el número 31.809 y puede leerse completa desde aquí, tiene como objetivo “implementar progresivamente la renovación tecnológica de redes de nueva generación en el servicio público de Internet de banda ancha fija y móvil que faciliten una mejor conectividad en las zonas rurales y de prioritario interés social”, dice su primer artículo.
Contempla facilidades para los despliegues de redes, con especial énfasis en las zonas rurales que requieran de conectividad. Implementa, además, una ventanilla única para agilizar los trámites que supone cualquier tipo de construcción de red.
También corrige aspectos técnicos vinculados con la ley de velocidad mínima garantizada (N° 31.207), y dispone que el Organismo de Supervisión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), revise las regulaciones actuales para que, en un plazo de seis meses, se realicen las modificaciones que se consideren pertinentes para responder a los tiempos actuales del sector.
Estos cambios fueron bien recibidos por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), entidad que nuclea a las operadoras de telecomunicaciones, como un sector clave en el desarrollo de Perú. “Es una buena ley que se enfoca en lo que el Perú necesita: llevar servicios de telecomunicaciones, especialmente Internet en donde no hay servicio, con infraestructura. Le da carácter permanente a la ley de expansión de infraestructura (N° 29.022), y es una buena cosa, porque en toda la región tenemos problemas con los despliegues, con las municipalidades, y a partir de esta ley se da la aprobación automática”, dijo a TeleSemana.com, Juan Pacheco, gerente general de AFIN.
Con esta norma ya efectivamente en marcha, ¿es posible pensar en una aceleración de las inversión en telecomunicaciones?, preguntó TeleSemana.com. Pacheco recordó que el sector ya es intensivo en término de inversiones, con cuatro grandes operadores (Claro, Movistar, Bitel y Entel) y en un contexto en donde acaba de finalizarse una nueva licitación para otorgar bandas para 4G. “Estamos migrando hacia un modo de inversión más a la medida del mercado, en fibra óptica, si va a ser más intensivo o no, no lo sé, pero sí que se van a seguir produciendo movimientos. Hay que mirar con atención la situación del país porque hay cierta incertidumbre política de largo plazo”, señaló, en una mirada que se repite en cada país de América latina en la actualidad.
Por eso subrayó que para motivar nuevos desembolsos “también se deben generar condiciones, tanto a nivel político como regulatorio para que la inversión se dirija a la expansión del servicio. El objetivo es mejorar el acceso a conectividad de los 3,5 millones de peruanos que no acceden a Internet en este momento. Porque es un tema de resiliencia y de acceso al conocimiento”.
Aseguró, sin embargo, que el mercado está pidiendo más conectividad, mejorar la calidad, razón por la que “inversiones van a haber, no las grandes de 5G, pero sí para robustecer las redes, modernizar el respaldo, mejorar el tema de acceso. Es una dinámica que el sector no se puede perder. Y la gran tarea es que todos sintonicemos en lo que necesite el país: cerrar las brechas de conectividad. No llegamos a entender aún que para que haya transformación digital tiene que haber infraestructura de telecomunicaciones. Y este es un país complejo, con diversidad demográfica, cultural, geográfica. Perú no es planito como Uruguay. Aquí tenemos selva amazónica, montañas, y esto supone un reto para el despliegue”, insistió.
Destacó, por esta razón, que esta ley haya extendido el plazo indefinidamente para que los municipios no obstaculicen los despliegues de red. La norma anterior había considerado esta situación para un plazo de 10 años, pero a partir de la nueva ley esto es indefinido “como debía haber sido desde el principio”, aseveró Pacheco.
Más allá de la mirada optimista de la AFIN sobre la aprobación de la Ley de Fomento para el Perú conectado, el directivo también puso el acento en algunas regulaciones que deben cambiar en este país para un mayor y mejor desempeño del sector de las telecomunicaciones.
Por un lado, consideró que la Red Nacional Dorsal de Fibra Optica (RNDFO) que hoy está siendo gestionada por el Estado “debe tener reglas de juego claras y que tenga el mismo tratamiento que se le hace al privado (en términos de obligaciones). Para los privados es necesario que haya igualdad de condiciones en cuanto a competencia. El hecho que no esté regulada por Osiptel ya es una primera preocupación”, sostuvo. Y agregó que la primera decisión que debería tomarse en relación a su futuro -que hoy está en consulta pública- es “que respete las reglas de juego del mercado telco peruano, que compita en igualdad de condiciones. No queremos una empresa pública manejando la Red Dorsal”, sentenció.
También consideró que, de cara a las próximas renovaciones de contratos de concesión, será necesario trabajar en relación a las multas, un tema sobre el que la AFIN se pronunció también hace unos días. Los contratos de concesión “se basan en las multas. Queremos que (la renovación) sea un régimen promocional, tal como sucedió con la reciente licitación 4G, en donde se promovió la inversión en despliegue. Ese es el camino para renovar”, indicó.
Destacó que “cada operador tiene uno o varios contratos que renegociar, con diferentes períodos de vencimiento, por lo que para promover despliegue una de las herramientas son las renovaciones. Pero el régimen está basado en las multas que pone el regulador”, advirtió. Diferenció que las sanciones no hacen hincapié en llegar a las zonas no conectadas o mal conectadas, y que es necesario revisar ese aspecto para continuar favoreciendo los despliegues.
A tono con las nuevas demandas que se escuchan en distintos países, Pacheco también consideró necesario implementar un sandbox regulatorio que “permita diferenciar obligaciones regulatorias en zonas rurales por determinado tiempo. En esas zonas hay cortes de energía eléctrica que no dependen del operador, o ante un problema no es posible llegar con la misma velocidad que cuando hay un inconveniente técnico en Lima”, comparó. Sostuvo, por ello, la necesidad de revisar esos aspectos para conseguir nuevas inversiones.
“El país tiene que seguir creciendo”, afirmó el gerente general de AFIN. Se mostró satisfecho con la apertura existente desde el lado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), situación que no se da con el Osiptel, a donde tienen “más dificultades para llegar con nuestro mensaje”.
“No sólo lo pedimos nosotros sino también la OCDE – continuó Pacheco- Lo que se necesita es priorizar. Pero el regulador fue al Congreso a pedir que se aumente la multa 1,5 veces, de 400 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) a 1000 UIT. Es el regulador que más multas aplica en Perú. Y lo que el país necesita es seguir las recomendaciones de la OCDE para buscar el cumplimiento de las normas, no la sanción. Aumentar las multas no redunda en beneficio de nadie. Porque por más que vaya a Pronatel, lo que se terminará cuestionando será la competitividad del país”.
¿Y sobre 5G? ¿Hay apuro? Pacheco fue tan directo como sintético. “Hay que trabajar en generar las condiciones para que esto se produzca. 5G no es sólo un estándar, es un cambio de cultura. Hay que trabajar muchos temas”, como los mencionados, concluyó. Hoy 5G está en consulta pública y sin fecha, pero sin dudas, hay un camino ya retomado para favorecer inversiones en despliegue, y muchos más que todavía faltan recorrer en Perú.
