Costa Rica avanza en el proceso preparatorio de una subasta de espectro de 5G, cuya estrategia comienza a dilucidar algunos lineamientos rectores: no será recaudatoria, prevé que sólo el 10 por ciento del costo del espectro sea afrontado con dinero para que el resto sean asumidos como obligaciones de despliegue de infraestructura. Pero, además, estima que la subasta habilite dos instancias para que, en caso que no se consiga una colocación absoluta en el primer llamado, exista una segunda compulsa orientada al mercado corporativo e industrial que, en una declarada apuesta por la transformación digital, requieran espectro para desplegar redes privadas 5G. Detalles como éstos surgieron de la conversación exclusiva que TeleSemana.com mantuvo con Orlando Vera Quesada, viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
¿Cuál es el estado de situación de la configuración de las condiciones de la subasta de espectro para 5G?
En agosto ya entramos en la última fase de recepción de observaciones al pre-cartel, que cierra ya el próximo jueves 3 de agosto. Esto es parte de los procesos de construcción y de transparencia que se desarrollan de manera conjunta con la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Sutel. Hoy, este pre-cartel, está sujeto a observaciones que siempre son oportunidades de mejora. De cualquier modo, vemos con buenos ojos esta propuesta que fue publicada como pre-cartel, porque posee elementos novedosos: la asignación de espectro no tiene un fin recaudatorio sino que es el establecimiento de una cuota. No es gratuito, tiene un pago pequeño de espectro (N. de R.: en relación al dinero que deberá destinarse de forma directa) y fuertes obligaciones, luego, para la instalación de infraestructura. Este es un elemento que entendemos bueno, porque el desarrollo de redes de 5G implica, en este caso, un despliegue de una inversión, no menor, para cumplir.
Y, adicionalmente, otra novedad es que en Costa Rica se va a establecer que el proceso de concurso se realice en dos fases: la primera, de asignación de espectro a nivel nacional y que, en el caso de existir algún remanente, poder establecer concesiones regionales.
¿A quién estaría destinada esta segunda compulsa?
La idea del Poder Ejecutivo es colocar la mayor cantidad de espectro posible y, para eso, contemplamos la unidad regional de cantones, (N. de R.: o municipios), en la que cada uno tiene su propia unidad de medición, su alcalde y su organización. Y esto obedece a que puedan acceder al espectro empresas que no necesariamente sean de telecomunicaciones, sino de cualquier tipo de industria que quieran desarrollar sus propias redes 5G, con espectro concesionado. Y este es uno de los elementos novedosos que estamos incorporando, pensado para el caso en que no logremos colocar todo el espectro en el primer llamado.
¿Qué otras estrategias prevén incorporar en la subasta, a modo de condiciones de despliegue?
Un elemento adicional está vinculado al establecimiento de las obligaciones de desarrollo de infraestructura, según las bandas. Por ejemplo, para la banda 700 MHz, estamos hablando de un plan muy agresivo entre 12 y 24 meses; para las bandas medias, de entre 24 y 36 meses; y para las bandas altas, de 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de establecer y de entender las diferentes necesidades, pensando en que el usuario final requiere realmente la mejora de estos servicios y en cómo eso está vinculado al despliegue de infraestructura.
Existen ciertas obligaciones para desarrollar estas nuevas infraestructuras, pero en dos sentidos: uno vinculado a las comunidades que se identificaron como prioritarias para la política pública, por la necesidad de mejora del servicio de telecomunicaciones y, adicionalmente, aquellos cantones en los que se tenga niveles de penetración inferiores a la media nacional, es decir, del 80 por ciento; o que, directamente, no exista.
¿Cómo sería ese plan?
Costa Rica tiene un nivel de penetración muy alto en telefonía celular y, de este modo, queremos garantizarnos que el este proceso se desarrolle una estructura robusta de 5G. Y, en aquellos lugares donde el mercado usualmente no debería de tener tanto incentivo para ir, lo haga a través de una concesión y la obligación de desarrollar redes en esos lugares.
¿Por ejemplo, en qué zonas?
Costa Rica es un país con gran actividad turística, y esos lugares en los que no hay tanta población suelen resultar atractivos turísticos. Entonces, si bien no hay mucha población residente permanente, se recibe muchas visitas y ahí vemos un gran valor que está muy vinculado a la competitividad. Justamente, el desarrollo de esas redes de telecomunicaciones se daría en zonas en las que no hay muchos habitantes pero que garantizaría el desarrollo de emprendimientos e infraestructura turística, como tours y hospedajes.
Me gustaría ampliar esta información vinculada al impulso de las redes privadas 5G, con ese espectro que pueda resultar remanente…
Lo estamos orientando a empresas relativamente grandes, que buscan tener sus propias redes privadas para la automatización de procesos. La verdad es que es una posibilidad, dada la gran cantidad de ventajas que tiene. Es importante decir que esta posibilidad surgió como interés de algunos actores claves del país, cuando se realizó el proceso de consulta para la factibilidad. Además, tiene una lógica similar a los permisos experimentales que actualmente ofrece Costa Rica.
¿De espectro experimental?
Sí, desde enero de este año emitimos permisos experimentales que aún tenemos en trámite, por ejemplo, tres pedidos: dos de empresas de telecomunicaciones y uno de un centro de investigación, una universidad, que también resulta interesante, ya no como un proveedor de servicios, sino porque podría sumar eficiencia a sus procesos productivos.
¿Se refiere a la Universidad que está trabajando en pruebas 5G de la mano del Grupo ICE?
No, la Universidad de Costa Rica tiene dos proyectos 5G, uno junto al Grupo ICE, pero también solicitaron permiso para realizar otro de manera independiente, y este es el que está en trámite.
¿En estos casos, qué sucede en términos de competencia, porque las redes privadas 5G es uno de los casos de uso a los que aspirarán los operadores?
Justamente. Como comentaba, la subasta será en dos fases. Si realmente los operadores de telecomunicaciones quisieran tener el desarrollo de todo el espectro disponible, podrían. Esta iniciativa está pensada para el remanente. Por eso, ante un planteo similar, la respuesta sería: “Pudiste tomar todo el pastel pero dejaste una porción”. Nuestro interés es brindar la mayor cantidad de porciones a la gente por eso, no veríamos un inicio un conflicto.
En realidad, son los operadores de telecomunicaciones a nivel nacional los que tendrían la primera entrada y, más bien, tendrían que pensar en la posibilidad que, si queda espectro para la segunda fase, recién ahí entraría en juego el espectro regional. Eso pasa y lo vimos en las experiencias internacionales, que a veces hay espectro para 5G que no se logra concesionar por un montón de factores y, entonces, al tener esta segunda oportunidad, nosotros generamos la posibilidad de colocarlo. No veo un potencial conflicto sino, más bien, una complementariedad excelente.
¿Qué plazos están previendo y, aunque no sea el foco de la subasta, qué niveles de recaudación imaginan?
Aún hay cuestiones confidenciales, pero a la inversión la estamos promoviendo de esta manera: un 10 por ciento del pago de ingreso y un 90 por ciento restante para que lo oferten en infraestructura. O sea, es una oferta bastante interesante. Donde va a haber diferencia de parte nuestra es en aquellos operadores que ofrezcan más desarrollo de infraestructura, porque el pago del 10 por ciento es la base. Más bien, pensamos en la vinculación de la oferta, que es lo que queremos y que tenemos por delante, ahora, que ya entramos en los últimos cinco meses del año. Tendremos el desarrollo del concurso para finales de septiembre o principios de octubre y, de parte de la Superintendencia, una recomendación de posibles concesionarios, y la fase dos la tendríamos antes de finalizar el año. La idea del Poder Ejecutivo es tener el proceso de adjudicación, con todos los procesos legislativos necesarios, a inicios del 2024.
En los últimos meses algunos operadores plantearon que no todos los operadores tendrán las mismas oportunidades al momento de lanzar 5G porque, por ejemplo, no todos tienen la oportunidad de hacer pruebas. ¿Se trabajó sobre esa idea o acercamiento al tema?
Buscamos garantizar ese equilibrio. Justamente, se establecieron cuotas en asignación de espectro de entrada y de salida, máximas. Nadie puede llevarse la totalidad del espectro disponible porque hay cuotas para que quede distribuido. Y también tenemos cuotas de entradas porque ya hay espectro asignado.
Por ejemplo, el operador estatal, en este momento y por las condiciones que tiene, no puede ingresar a pujar por bandas bajas ni medias, porque ya tienen espectro asignados allí. Esa es una forma para poder ajustarlo, en términos generales, y también nos permite que, si un operador tiene espectro asignado en banca media pero que no llega al tope, pueda ir solo, por una parte. Inclusive, tomamos el cuidado de que nadie pueda ir por el 100 por ciento disponible en cualquiera de las bandas. Fue una de las lecturas que hizo la Superintendencia, acorde a las recomendaciones que nos han dado y que vemos como buen aliciente.
Dado que la convocatoria será internacional, ¿prevén que quiere ingresar algún operador nuevo?
Tenemos previsto el escenario: si entra un operador nuevo, esos plazos de infraestructura serán un poquito un poco más extensos, de 24 meses en vez de 12, por ejemplo. Lógicamente, entrar en una estructura nueva implica otro desafío, pero no lo sabemos aún. Inclusive, tenemos algunos operadores que dan servicios de telecomunicaciones, pero que acá no dan servicios celulares, y esta podría ser una posibilidad. Y, si llegara a ingresar un operador nuevo, que aún no se ha desarrollado, contará con un poquito más de flexibilidad para el cumplimiento de las obligaciones.
Aún no lo podemos asegurar, ni descartar, es una posibilidad y tal como lo señalas, al ser internacional, nosotros sabemos que Costa Rica podría resultar un mercado muy atractivo por el nivel de consumo de datos, que es prácticamente superior al que tiene toda la red centroamericana.
Ya por fuera de la subasta en particular, ¿qué acciones de gobierno estarían asociadas al desarrollo de la innovación alrededor de 5G?
Estamos trabajando en la promoción de laboratorios de innovación, que son espacios que se están abriendo en comunidades que están en un vínculo cercano con los gobiernos locales o con las universidades y que ofrecen capacitaciones. Ahí, además de tener acceso a la conectividad, se les está dando equipamiento, impresoras 3D, cortadoras láser y otros dispositivos para crear espacios que fomenten la innovación y la co-creación. Esto está muy vinculado al proceso de la alfabetización pero también con una vinculación con las necesidades regionales, sobre todo por estar por fuera de las áreas metropolitanas.
Por ejemplo, la semana pasada visitamos un laboratorio que se creó en una comunidad vecina a un volcán y nos mostraron silbatos de altísima calidad que desarrollaron con impresoras 3D, porque para ellos era muy caro adquirirlos y de esta manera resolvieron una necesidad concreta. Otros, están especializados en el agro o en la producción de café, y los impulsamos para que sean sostenibles en el tiempo.
Otra acción está vinculada al subsidio de la demanda, al subsidio de Internet en la vivienda, porque vemos todas las acciones de manera complementaria. Está destinado a las familias que no puedan pagar el servicio y les ofrecemos un subsidio del 80 por ciento, con cargo al Fondo de Telecomunicaciones y nos ha funcionado muy bien. En los últimos dos meses, por ejemplo, establecimos casi 4.000 conexiones mensuales para un país con cinco millones, y ese es un dato no menor.
Nosotros vemos a todas las intervenciones de manera integral o complementarias; porque hablamos de 5G y de crear laboratorios de innovación al mismo tiempo.
