“Es fundamental avanzar con las renovaciones de espectro para procurar certidumbre jurídica e impulsar el desarrollo del sector” de telecomunicaciones de Ecuador, dijo la GSMA en una la misiva publicada este miércoles. Sucede que hace una semana, el país prorrogó el contrato de Claro y estableció que el operador pagará un canon mensual hasta la firma de la nueva concesión.
En ese escenario, la GSMA advirtió que las negociaciones para la renovación espectral están “suspendidas” e instó a la administración ecuatoriana a priorizar tres elementos para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica: difundir los estudios técnicos que expliquen y respalden la ecuación de los precios de las renovaciones, dar a conocer el cronograma previsto en adelante y fijar los valores en función a las mejores prácticas internacionales.
“El sector privado requiere sostenibilidad y certidumbre jurídica para seguir realizando inversiones en beneficio de la conectividad de los ecuatorianos”, sentenció el organismo que reúne a los operadores móviles y advirtió que “las decisiones sobre precios del espectro deben basarse en análisis técnicos y económicos. Socializar esos estudios aporta transparencia al proceso y facilita el intercambio de conocimientos. La certidumbre jurídica y la previsibilidad a mediano y largo plazo son cruciales para una industria de capital intensivo”.
Hace 20 días, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (ASETEL), la Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Servicios de Internet (AEPROVI) y la Asociación de Proveedores de Servicios de Valor Agregado (APROSVA) hicieron un pronunciamiento conjunto por la renovación de los contratos de concesión de Claro y Movistar en el marco de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y valoraron que los plazos allí previstos “deben cumplirse sin estar sujeto a las condiciones políticas del país”.
En aquella oportunidad, las tres asociaciones ecuatorianas sectoriales evaluaron que “este retraso ha generado incertidumbre tanto en la industria como en la ciudadanía en general, quienes desconocen los resultados de las consultorías técnicas contratadas”, en relación a los trabajos que habían solicitado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y a la Corporación Andina de Fomento (CAF), desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
Aquella misiva había concluido con una exhortación al gobierno nacional para que concluyera los actos jurídicos necesarios para prorrogar los Contratos de Concesión, pero también a exhibir un cronograma de trabajo que permita un monitoreo efectivo del avance de los temas pendientes a cargo del Estado y que motivaran esta suspensión. Del mismo modo, esta tarde, la GSMA puso “a disposición del gobierno ecuatoriano su experiencia y mejores prácticas en esta materia”
