Este martes nadie en el sector esperaba que hubiera alguna novedad en torno a la licitación 5G en la Argentina. Rondaba, desde hacía varios días, la versión de que alguna compañía presentaría una cautelar que la suspendiera. Pero no era posible confirmarlo. Hasta la mañana de este martes 26 de septiembre no había novedades. Casi que se había descartado que ocurriera algo, ya se estaba muy sobre la hora. Pero, como sucede con los temblores, el piso se mueve sin avisar a nadie, sin que nadie lo espere, sorprende. Desde Mendoza, el Juzgado Federal Número 2 ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), mediante una cautelar interina suspender el proceso anunciado el pasado 28 de agosto, tal como lo adelantó TeleSemana.com.
No se trata de una medida definitiva. Esta cautelar interina, o precautelar, como también la llaman en los ámbitos legales, le dio un plazo de cinco días al Enacom para que se expida sobre las razones que lo motivaron a encarar el proceso.
En otras palabras, la medida establecida por el Juzgado Federal Número 2 de Mendoza no es definitiva y espera la respuesta del Enacom. Si el organismo responde, la Justicia volverá a evaluar la situación, y a partir de allí comenzarán a correr otros tiempos.
¿Se llega a tiempo? Era la pregunta de este martes a la tarde. En caso que el Enacom haga las consultas pertinentes y dé traslado a la contraparte al menos 24 horas, podría llegar al jueves, un día antes del vencimiento del plazo para presentarse a la precalificación. ¿Es posible asegurar con certeza que esto ocurrirá o no ocurrirá? Imposible afirmarlo. Así como los temblores no avisan, en la Argentina todo puede suceder, también en telecomunicaciones.
¿Por qué la medida proviene desde la Justicia Federal de Mendoza? Porque allí está asentada legalmente Infraestructura Digital Argentina (IDA), la cámara que decidió recurrir a la Justicia en busca de la cautelar que frene la licitación 5G. Fue una decisión que se masticó durante largos meses, prácticamente desde el momento en que el Enacom anunció que avanzaría con este proceso. IDA es una asociación que se presentó oficialmente hace menos de un año, pero que tiene tres de conformación, con sede en Mendoza como se dijo, una provincia del centro-oeste argentino, conocida por sus vinos y por sus malos índices de conectividad.
IDA fue la única cámara que impugnó la convocatoria a la licitación. Según pudo saber TeleSemana.com, desde finales de 2022 preguntó al Enacom por las vías formales por qué se habían definidos las frecuencias que se eligieron para la licitación, qué se haría con las bandas milimétricas, si estaban limpias o estaban sucias, una pregunta que sobrevoló al sector y que estuvo presente en cada encuentro de la industria desde entonces. La respuesta fue siempre que sí, aunque la duda nunca se disipó del todo. En la acción judicial se planteó que esa experiencia ya se había tenido en 2014 y que avanzar con un proceso en una situación similar generaría un doble perjuicio: para las operadoras que invierten y para el Estado, que debe resolver algo sobre la marcha en vez de hacerlo previamente.
También se efectuaron consultas respecto al tope de espectro. En la Argentina las operadoras pueden acumular hasta 140 Mhz por la normativa vigente. No quedaba claro hasta el momento, tal como se desprende de la presentación efectuada en la justicia mendocina, cómo jugarían esos 100 MHz que podrían sumar las operadoras que se presentaban a la subasta. También se cuestionó, en términos duros, cómo era posible que Arsat, a la que se le habían otorgado 100 MHz de manera directa, podría hacerse de otros 100 MHz en caso de que alguno de los bloques quedara desierto. En otras palabras, IDA advirtió sobre la posibilidad que la compañía estatal accediera a 200 MHz en una situación totalmente asimétrica en términos de competencia. Además de superar el tope vigente.
En la precautelar se señaló que el llamado a licitación está fundado en las resoluciones 1285/2023 y 1289/2023 del Enacom, como también en otras determinaciones del regulador –tal el caso de la resolución 2199/2022 donde se definieron las frecuencias para desplegar servicios de comunicaciones móviles-. “Dicho régimen jurídico integral ha sido cuestionado en sede administrativa habiendo peticionado insistentemente la suspensión de los efectos de los actos administrativos y el avance del proceso licitatorio, sobre lo cual el Estado -a través de su autoridad de aplicación en la materia, el Enacom- no se ha pronunciado, continuando persistentemente hasta el llamado a licitación que actualmente se encuentra en curso”, agregó el texto.
Y que, por esta razón, “IDA viene a pedir tutela judicial ya que el Enacom y sus funcionarios a cargo han desoído sistemáticamente a lo largo de este último tiempo las objeciones de la industria y en particular de esa Asociación, a la licitación sobre las bandas de frecuencias del espectro atribuidas al servicio STeFI o ´Servicio de 5G´”, en los términos que se hubieran dispuesto finalmente”. Subrayó que no se dio respuesta oportuna a las impugnaciones y peticiones, y que todo eso llevó a “un torpe proceso de adjudicación”, de las bandas para dar 5G.
Más adelante se alude al ecosistema de pymes y cooperativas de telecomunicaciones que, en la visión de IDA, fueron excluidas de este proceso por las condiciones exigidas cuando su rol en las pequeñas comunidades resulta fundamental para expandir la conectividad. Y agregó, en este sentido, que la resolución 1285 “violenta flagrantemente la normativa constitucional que hace a los principios de igualdad, ejercicio de industria lícita, debido proceso”. Como se advierte, la presentación de esta asociación fue expresada en duros términos hacia la determinación del regulador.
El juez Quirós hizo lugar a la petición de tutela y dio el plazo expresado anteriormente. Ahora los tiempos corren para el Enacom que no respondió la solitud de TeleSemana.com sobre si ya habían sido notificados de la medida, y si contestarían la exigencia del juzgado de Mendoza.
Pero sí fue posible saber que el lunes 25 de septiembre el Enacom emitió la resolución 1329/2023 en respuesta a las impugnaciones presentadas por IDA desde el año pasado- a las que calificó de “impropias”- y a la que tuvo acceso este medio. En ella, el regulador dio “lugar parcialmente al reclamo impropio interpuesto (…) por la Asociación Nacional Cámara de Infraestructura Digital Argentina contra las Resoluciones Enacom Nº 1.285/2023 y Nº 1.289/2023, por los motivos expuestos en los considerandos”. También se dio curso en ese documento a promover la compartición de infraestructura para servicios 5G donde operen pymes y cooperativas, además de promover una convocatoria a este sector para mantener un espacio de diálogo permanente.
Lo cierto es que este proceso ya está judicializado. Y ocurre en un contexto electoral de alta incertidumbre.
De todos modos, la cosa no termina acá. Las réplicas de la movida realizada por IDA tienen una onda expansiva de mayor alcance. Esta historia también continuará…
