El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) confirmó que el acto de la licitación del espectro radioeléctrico para asignar espectro 5G en el país se realizará el martes 24 de octubre en el centro porteño y se inscribe entre los anuncios que el Gobierno realiza para defender su estrategia de gestión presente y futura, en días y horas complejas, y en la recta final hacia la primera vuelta electoral, que se realizará el 22 de octubre. Entre las tensiones actuales se destaca que el dólar no oficial superó niveles de paridad cambiaria históricos al perforar la barrera de los 1.000 pesos argentinos. En el medio, la GSMA hizo públicas sus recomendaciones a los candidatos.
El acto formal de licitación se realizará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el 24 de octubre, y será una jornada de todo el día a la que sólo podrán asistir las partes comprometidas, y en la que el Estado nacional aspira a recaudar 1.050 millones de dólares a cambio de la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria, tal como se anunció hace un mes.
Inclusive, hace una semana, el Ente confirmó que Personal (Telecom), Movistar (Telefónica) y Claro (América Móvil) habían presentado sus propuestas y garantías para acceder a los 100 MHz disponibles para cada uno (dado que la compulsa establecía 300 MHz en total, con topes), y que habían resultado precalificadas como oferentes.
En ese sentido, hace instantes, fue el Enacom que informó que “el mecanismo de asignación está muy avanzado”, y precisó que “este procedimiento y el valor base se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico”.
Hace una semana, el propio presidente del Ente, Claudio Ambrosini, había confirmado que los tres operadores habían logrado precalificar como oferentes en el marco de un evento sectorial, en el que también adelantó que los equipos técnicos trabajan para flexibilizar las condiciones que impuso el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU 690). Fue una declaración de buena voluntad para dar respuesta al viejo reclamo de la industria por haber introducido el control de precios en un sector que se rige por la competencia, pero también por establecer la obligatoriedad de contar con propuestas diferenciadas para los sectores más postergados, cuando la emergencia sanitaria de la pandemia de covid-19 expuso la brecha de conectividad existente. Sin embargo, fue una medida altamente judicializada, que hoy no tiene más que valor testimonial, y sobre la que -hasta ahora- no hubo mayores precisiones.
En el marco de aquel evento Rodolfo Bianchi, representante de La Libertad Avanza (LLA), el partido político que obtuvo el mayor caudal de votos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto, también disparó contra el DNU 690. Y es justamente el líder de su espacio y candidato a presidente, Javier Milei quien por estas horas es fuertemenete cuestionado por instar a la población a no renovar sus plazos fijos y desmerecer el rol de la moneda nacional. Tal como lo expresa la prensa local, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires sorteará la denuncia que presentó la abogada Valeria Carreras para que se investigue si sus dichos pueden ser tipificados como “incitación a la vida económica o delito financiero”. Sí, el escenario es tan complejo en la Argentina que hasta las entidades bancarias salieron a pedir cautela.
En las próximas horas y como estrategia para atenuar el impacto de estas jornadas con fuerte tensión cambiaria, Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por Todos, anunciará un nuevo acuerdo con China que, según supo la prensa local, será por 5.000 millones de dólares como consecuencia de activar el segundo tramo de un swap con el país asiático. El destino de ese dinero será “consolidar el sistema de reservas”; una medida que está en sintonía con la confirmación de la fecha de la subasta de espectro para 5G dado que también confirma el ingreso de dólares.
“El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, sostuvo en organismo en su misiva.
El domingo 22 de octubre, en la Argentina se realizará un nuevo proceso electoral donde se dirimirá quién será el próximo presidente del país, y fue la GSMA la entidad que acaba de hacer públicas sus recomendaciones para los candiatos.
“La Argentina está en las puertas del 5G. En un momento de crisis económica, el próximo gobierno tendrá en sus manos el futuro de una tecnología que puede generar al país una contribución económica de 8.000 millones de dólares (1,1 por ciento del PBI) para 2030”, valoró Lucas Gallitto, director para América latina de la GSMA al momento de exponer las recomendaciones reunidas en el reporte titulado “El camino hacia una Argentina digital y conectada”. El ejecutivo apostó que “capitalizar ese potencial depende de las decisiones de políticas públicas y regulación de los próximos cuatro años”.
En el documento, la asociación subrayó “la importancia de garantizar la certidumbre jurídica y de apuntalar la sostenibilidad financiera de la industria que debe construir las redes 5G en un contexto de caída de ingresos sostenida y crisis macroeconómica”. Tambíen consideró “esencial” derogar el decreto 690 y definir “una política de Estado de largo plazo a partir del diálogo público-privado y el consenso”.
El planteo propuesto estableció cuatro lineamientos estratégicos, caracterizados porque la política de espectro se enfoque en maximizar la conectividad, garantizar la infraestructura digital, una política fiscal consistente con el acceso universal y el establecimiento de un marco normativo a prueba de futuro.
“Potenciar el 4G y hacer realidad el 5G implica reducir los costos de las licencias de espectro para adecuarlos a la coyuntura macroeconómica. Se precisa una hoja de ruta con visión de medio plazo y transparencia y previsibilidad en los procesos de licitación y renovación. Es clave revisar la decisión sobre el destino de los 1200 MHz en la banda de 6 GHz. Utilizar 700MHz de ese espectro para servicios móviles licenciados es vital para cubrir los requisitos de expansión del 5G”, agregó la GSMA en su misiva.
Y continuó:: “El 5G requerirá entre cinco y 10 veces más antenas que 4G. El país necesita un plan federal que simplifique y agilice los permisos para instalación a nivel municipal, provincial y nacional. Evaluar la falta de resultados del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) y repensar sus proyectos y base de contribución es esencial para llevar la digitalización a zonas remotas y carenciadas. Por otra parte, se debe velar por un proceso de licencias automáticas para la importación de insumos tecnológicos esenciales para el desarrollo de 5G y la capilaridad de las redes de fibra óptica”.
En torno a la política fiscal, la GSMA subrayó que el 23 por ciento de la población argentina vive en zonas con cobertura donde hay Internet móvil, pero que no se conecta, entre otros motivos, porque no puede pagar un dispositivo o porque no puede afrontar el valor de las tarifas del servicio. Y, en ese sentido, propuso eliminar el impuesto interno a los teléfonos celulares pero también “las tasas específicas que recaen sobre el sector” como estrategia para eliminar esa barrera de asequibilidad.
“Un tratamiento fiscal diferenciado para la inversión en redes 5G puede propiciar un despliegue más rápido de la nueva tecnología”, agregó la misiva.
La propuesta de la GSMA también mencionó al DNU 690 y elevó una propuesta de diálogo: “En los últimos años, intervenciones repentinas como el Decreto 690/20 y la regulación de los acuerdos entre operadores y operadores móviles virtuales han debilitado la certidumbre jurídica en el sector. Para incentivar el desarrollo tecnológico, se necesita un diálogo público-privado abierto, previsibilidad y un plan de modernización regulatoria”, concluyó.
