Argentina tiene una gran tradición industrial y, aunque las complicaciones de la macro y la micro subsisten, se necesitan herramientas que posibiliten la innovación. En ese sentido, 5G se posiciona como un catalizador de posibilidades y las redes privadas, su habilitador. Por estas horas, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció que asignará espectro radioeléctrico para uso privado (en interiores y exteriores), destinado para que las industrias verticales se impulsen “a partir del uso de las TIC, el crecimiento de sectores estratégicos de la industria nacional y (con ello) fortalecer actividades clave para el desarrollo económico y social del país”. En ese camino, presentó el SPIBA, sigla del Sistema Privado Inalámbrico de Banda Ancha.
El anuncio oficial señala la oportunidad que este recurso genera para sectores como “minería, petróleo, agroindustria, automotriz, construcción, infraestructura vial y ferroviaria, puertos y aeropuertos entre otros”, al explicar que éstos podrán instalar sus propias redes privadas 4G/5G y, con ello, contar con servicios de banda ancha, acceso a Internet e Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), con seguridad, automatismos e innovación operativa, para uso interno en un lugar específico (una planta productiva, una excavación, u otro), o en exteriores (con limitaciones, por ejemplo, para una terminal portuaria).
El SPIBA
El regulador aseguró que, para habilitar el despliegue de redes privadas 5G instrumentó el SPIBA, al que describe como “un sistema radioeléctrico de acceso inalámbrico de tecnología digital y reúso celular de frecuencias para la transmisión de datos y/o acceso a Internet de banda ancha, utilizado en forma privada por su titular como complemento de su actividad específica, no existiendo terceros abonados, que soporta baja y alta movilidad del usuario o de dispositivos conectados, altas tasas de transferencia de datos, y orientada a la conmutación de paquetes, que permite la utilización de una amplia gama de aplicaciones, incluyendo las basadas en contenido multimedia”.
Además, aclara que este sistema operará en la banda de 2.300 a 2.400 MHz y se dividirá en 10 canales radioeléctricos de 10 MHz cada uno, por 10 años a cambio de un canon (que dependerá de la modalidad adoptada), y que podría soportar aplicaciones de banda ancha móvil mejorada, comunicaciones de alta fidelidad y baja latencia, y comunicaciones masivas de tipo máquina, entre otras. La propuesta involucra dos posibles modalidades de implementación: Interior; y General, por el que se autoriza el uso en exteriores con un alcance de hasta 400 kilómetros cuadrados.
En cuanto al proceso de reparto del espectro, se distribuirán cuatro canales para uso en sistemas SPIBA Interior, asignados a demanda; cuatro canales para sistemas SPIBA General, adjudicados mediante licitación, subasta o concurso público; y dos canales con asignación flexible, según necesidades y condiciones particulares.
Luego, en cada área de operación, el Enacom podrá asignar a cada solicitante de un SPIBA Interior hasta un máximo de seis canales para el despliegue y operación del sistema, cuando la disponibilidad de espectro así lo permita. Por su parte, la cantidad máxima de canales a asignar por solicitante para el despliegue y operación de un SPIBA General será determinada una vez transcurrido el plazo de inscripción de interesados, conforme a la disponibilidad espectral y a la cantidad de interesados inscriptos.
¿Y la industria?
La industria argentina no atraviesa el momento más próspero. Según datos oficiales –aquí-, la capacidad instalada de junio de 2025 se ubicó en el 58,8 por ciento y aunque esto supuso un incremento de los 54,5 por ciento registrados un año atrás, el nivel de utilización está por debajo del considerado óptimo. De ese total, los sectores que mejores porcentajes exhibieron fueron los de refinación de petróleo (80,8 por ciento), productos químicos (66,3 por ciento), papel y cartón (60,4 por ciento), alimentos y bebidas (59,4 por ciento) y metales básicos (56,6 por ciento); como contrapartida de lo que sucede en la industria automotriz (52,6 por ciento), edición e impresión (49,9 por ciento), metalmecánica (44,5 por ciento), productos minerales no metálicos (42,7 por ciento), productos de caucho y plástico (42,4 por ciento) y productos textiles (37,7 por ciento), que fueron los que menos capacidad productiva utilizaron.
La coyuntura se expresa, también en los resultados publicados por el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) -disponible aquí-, que entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, cuantificó que se perdieron 28.554 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales (-2,35 por ciento) y calificó el escenario como de “deterioro tremendo”.
“La industria argentina enfrenta un deterioro severo, evidenciado por una caída interanual del 20,4 por ciento en junio de 2024, la peor del año según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). La Utilización de la Capacidad Instalada se redujo al 54,5 por ciento, niveles comparables a los de junio de 2020, durante la pandemia. Este escenario es transversal a todos los sectores industriales. La producción industrial de las pymes se contrajo 17,8 por ciento en julio interanualmente según CAME, acumulando seis meses consecutivos de retroceso, lo que confirma que el sector industrial no encuentra un piso y aleja cualquier expectativa de recuperación a corto plazo”, dice el reporte.
Entre las estrategias oficiales, hace un año se aprobó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), muy discutido por diversas razones como el fomentar el extractivismo, reprimarizar la economía, consolidar beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios, además de desfinanciar al país a través de la quita de retenciones. En este primer aniversario, fueron las actividades mineras (donde el litio se erige como uno de los protagonistas), las de oil & gas, de energías renovables y la industria, las actividades que vieron en este instrumento una oportunidad y en torno a los que se aprobaron siete proyectos (de una veintena presentados).
El Observatorio del RIGI, órgano conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Transnational Institute (TNI), presentó un primer informe que puede observarse aquí, en el que se precisa que los resultados distan de los esperados, entre otros motivos porque no capturó las inversiones esperadas.
El Observatorio también precisó que hubo 19 solicitudes de adhesión, de los cuales siete fueron aprobadas y una rechazada. De las empresas que buscaron adherirse, 10 se correspondieron con el sector minero (cinco del litio, tres del cobre y dos del oro), tres a energías renovables (dos de parques eólicos y uno fotovoltaico); tres a infraestructura hidrocarburífera, uno a la siderurgia, uno a biocombustibles y uno a infraestructura portuaria.
Los siete proyectos aprobados representan una inversión total de 13.067 millones de dólares, donde el sector hidrocarburífero concentra los montos de inversión más elevados, con tres proyectos por 9.790 millones de dólares. El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan.
Así, a dos años de que el país subastara espectro para 5G, para uso masivo; y un cambio en buena parte de la matriz local; el espectro radioeléctrico para uso privado puede ser un primer paso para apuntalar el desarrollo. Otro podría pasar por los casos de uso y la monetización. Sin embargo, hay lago que no puede ignorarse: no hay desarrollo tecnológico sin desarrollo industrial.
