Europa tiene el foco puesto en su soberanía tecnológica-digital, ya sea para imponer criterios y ajustes a las plataformas como también para hacer foco en la importancia de robustecer sus infraestructuras. Las novedades de estas horas involucran saber que la Ley de Servicios Digitales de Europa (DSA) -que aún enfrenta debates y desafíos- sumó un mecanismo para “facilitar” el cumplimiento de entrega de datos de las grandes plataformas y buscadores para la investigación de especialistas. A esto se suma la creación de un consorcio de Infraestructuras Digitales Comunes (DC-EDIC) tendiente a dotar a la industria de la posibilidad de desplegar y operar conjuntamente infraestructuras digitales transfronterizas, con gobernanza y personalidad jurídica propias.
Las plataformas deberán abrir sus datos para la investigación
A pesar de datar de 2023 y de tener plena vigencia de aplicación desde febrero de 2024, la DSA es una normativa muy discutida y resistida por las plataformas (tal como se observó en marzo de 2025 en el MWC de Barcelona). Su objetivo fue garantizar la seguridad a los usuarios y, para ello, se establecieron obligaciones especiales para sus actores, las plataformas muy grandes (VLOP, por sus siglas en inglés) y los motores de búsqueda muy grandes (VLOSE,por sus siglas en inglés), quienes ahora deberán entregar sus datos a especialistas que puedan investigarlos.
Imagen: Googke
Sí, el proceso de implementación de esta regulación se enfocó en controlar y supervisar el funcionamiento de las plataformas y los motores de búsqueda, con su colaboración, pero también con la supervisión de coordinadores de los Estados miembros de la Comisión Europea (CE), un rol que demoró por la lenta o nula designación de autoridades designadas, como es el caso de España, que ya involucró reclamos oficiales.
Sucede que la DSA establece ciertos parámetros, entre los que se destacan los límites a la publicidad dirigida, la prohibición a las interfaces engañosas o la promoción o comercialización de productos y servicios ilegales. También obliga a que la recomendación de contenido no se base en la creación de perfiles y obliga a analizar los riesgos sistémicos del contenido ofrecido (en términos de salud democrática y poblacional), por citar algunos de los lineamientos previstos.
La novedad que se conoció por estas horas está acompañada por la publicación de nuevas medidas que prometen facilitar el acceso a datos de las plataformas y buscadores para lograr esa investigación. El anuncio fue realizado este miércoles y dice que aspira a permitir que los investigadores puedan obtener un acceso “sin precedentes” a los datos de las VLOP y los VLOSE para estudiar el impacto social derivado de sus sistemas y usos.
En el anuncio oficial, la CE explicó que se trata de medidas tendientes a que los investigadores de nicho puedan solicitar acceso a datos de las grandes plataformas en línea y motores de búsqueda que, hasta ahora, eran inaccesibles, y sobre los que es necesario avanzar por considerarlos “fundamentales para comprender los posibles riesgos sistémicos derivados, por ejemplo, de los sistemas de recomendación”.
La apuesta busca también poder enfrentar los desafíos que supone la propagación de contenido ilegal y las estafas financieras, con el afán de multiplicar la seguridad para los usuarios, sobre todo, menores; pero también combatir la desinformación, la violencia digital y penar su incumplimiento. Un espíritu claro desde hace cuatro años, cuando se logró su sanción.
Como es de esperarse, no se trata de un acceso irrestricto y la DSA propuso “salvaguardias” que protejan también los intereses de las empresas. Por ejemplo, quienes quieran acceder deberán someterse a una evaluación de los Coordinadores de Servicios Digitales y presentar proyectos de investigación relevantes (por estar vinculados al estudio de riesgos sistémicos, como la difusión de contenido ilegal o los efectos negativos en la salud mental), y lograr la aprobación. En ese caso, las plataformas estarán obligadas a acceder a las solicitudes de datos.
“La creación de un entorno en línea más seguro comienza con el estudio de los riesgos”, dijo Para Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la CE, y apostó a que “con las normas de la Ley de Servicios Digitales, los investigadores independientes podrán ahora estudiar nuevos datos de las plataformas en línea. Comprender los riesgos potenciales que las plataformas en línea pueden suponer para sus usuarios es otro paso para garantizar la responsabilidad de las plataformas”.
Las infraestructuras también son parte de la apuesta
La ecuación digital que propone la CE, vinculada a la soberanía tecnológico-digital, también alcanza a las infraestructuras y, por ello, acaba de anunciar el lanzamiento del Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales Comunes (DC-EDIC), un nuevo instrumento que tendrá una sede estatutaria en París y con el que busca posibilitar a sus Estados miembros a que desarrollen, desplieguen y operen conjuntamente infraestructuras digitales transfronterizas, con gobernanza y personalidad jurídica propias.
“La dependencia de Europa de infraestructuras y tecnologías digitales importadas genera vulnerabilidades para su economía y democracia. Por lo tanto, una prioridad estratégica para Europa es fortalecer alternativas abiertas, interoperables y soberanas”, dijo la CE en su anuncio y apostó a que este DC-EDIC ofrezca un mecanismo multinacional para bienes comunes digitales en los ámbitos de la infraestructura y los servicios de datos comunes europeos y la administración pública conectada;, donde se coordinen los esfuerzos de los Estados miembros.
Infraestructuras críticas – Imagen realizada con IA
Según fue presentada, esta iniciativa funcionará mediante una Asamblea de Miembros que contará con apoyo de un Comité Especial de Estrategia de Implementación; que podría ser inaugurada formalmente en diciembre próximo.
Entre las claves de esta apuesta, se busca facilitar el acceso a la financiación, incluso a través de una ventanilla única física y en línea -que está prevista para 2027- y un centro de expertos; dar soporte legal y técnico para el mantenimiento y la ampliación de escalas; brindar asesoramiento político y sensibilización; y coordinar y participar en proyectos concretos multinacionales basados en los bienes comunes digitales.
El camino de Europa hacia la soberanía está claro desde hace tiempo, porque no sólo plantea la necesidad sino que abreva las inversiones necesarias para su desarrollo. Sin embargo, todo avance inaugura nuevos interrogantes. Por ejemplo, cómo se garantiza que las plataformas entreguen la totalidad de los datos a los investigadores y/o cuáles son los parámetros para validar que un proyecto de investigación sea relevante o independiente, carente de sesgos; o quiénes tienen la capacidad de trabajar con el gran volumen de datos que sustente a una plataforma como TikTok o Google, por mencionar algunas.
También se imponen las preguntas vinculadas a la geopolítica, dado que muchas de las plataformas señaladas no son nativas europeas y cómo esto podría impactar en las relaciones comerciales e internacionales con socios como China o Estados Unidos, donde las tensiones están presentes. Del mismo modo, cabe preguntarse cómo puede impactar en la carrera tecnológica en la que está decidida Europa. E, inclusive, cómo se articula la coordinación del DC-EDIC con la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) de modo tal que estas infraestructuras soberanas faciliten el desarrollo de una IA europea responsable, tal como se lo propone el continente con una normativa referente para el mundo por estar basada en el uso ético y la gobernanza.
Mucho de táctica y mucho de estrategia, y siempre el Teg sobre la mesa.
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