A tres años de realizadas las licitaciones de espectro radioeléctrico en Guatemala -donde Claro y Tigo se adjudicaron frecuencias en las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz tras una inversión de 177 millones de dólares- la industria de telecomunicaciones enfrenta un debate inesperado por la intención oficial de revisar el proceso y la posibilidad de declarar “lesiva” la adjudicación.
Mientras se desarrollan sendas investigaciones y controversias sobre la continuidad, la industria da cuenta de su aporte significativo en el cierre de la brecha digital, inversión y la defensa de un concurso que valora “transparente, competitivo y ajustado a estándares internacionales”. La preocupación del sector radica en una posible modificación de las condiciones de asignación a futuro, cuando advierte que la prioridad debería centrarse en cerrar la brecha de uso que alcanza a la mitad de la población.
Cronología de la controversia
En 2023, Guatemala realizó dos licitaciones de espectro: la vinculada a la banda de 700 MHz en septiembre, en la que Claro (40 MHz en los bloques B y C) y Tigo (20 MHz en el bloque A) se hicieron de recursos, a cambio de invertir 127 millones de dólares; y a la banda de 2.5 GHz, en la que Tigo se quedó con siete de los ocho bloques ofrecidos y que significó una recaudación de 49 millones de dólares.
Tres años más tarde surgió una controversia, luego que el Congreso local le pidiera al Poder Ejecutivo que declarara “lesiva” a la adjudicación de la frecuencia 5G (de la banda de 700 MHz), y se iniciara un proceso de revisión y apelación. Para la industria, una eventual revisión de las condiciones licitatorias, tras tres años de asignado el recurso, podría afectar desde la continuidad de los servicios hasta el despliegue de 5G, sin contar con la afectación a la certeza jurídica que toda inversión requiere.
Medios locales, como La Hora (aquí) y Prensa Libre (aquí), dieron cuenta del proceso y de la polémica surgida, del mismo modo que en una reciente sesión en la que funcionarios de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) aportaron detalles de las investigaciones que realizan.
El Día D de este proceso es el 12 de septiembre próximo, por ser la fecha final para que el gobierno determine si la adjudicación fue “lesiva” y si esto supuso (o no) perjuicio para las finanzas públicas.
La postura de la industria: GSMA y ASIET
Ante la incertidumbre, TeleSemana.com recurrió a conocer la voz de dos organismos de la industria, que recientemente analizaron el impacto del proceso y el escenario, como la GSMA y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).
Asiet puso la lupa en el proceso y elaboró un documento de análisis sobre la licitación de la banda de 700 MHz, que elevó a diversas entidades del gobierno local, y en donde valora que el proceso licitatorio fue “competitivo, público y transparente”, “que los beneficios derivados de la asignación son verificables” y “que el precio obtenido resulta consistente con referencias internacionales y con la evolución de los mercados de espectro”.
En diálogo con TeleSemana.com, Maryleana Méndez, secretaria general en Asiet, explicó que participaron motivados por aportar “evidencia técnica al debate que se abrió hace unos meses desde el poder legislativo alrededor de la licitación, particularmente respecto del precio de adjudicación”.
También aclaró que “no parte de una defensa abstracta del proceso, sino de una pregunta concreta: ¿cómo debe valorarse el espectro radioeléctrico y cuáles son sus beneficios para el desarrollo digital?” para lo que recurrió a referencias de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y la OCDE, consultoras especializadas y experiencias de otros reguladores de la región.
Foto creada con ChatGPT
En ese mismo sentido, la GSMA valora que las subastas de 2023, “generaron una recaudación estimada en 177 millones de dólares para el Estado, de los cuales 75 por ciento deberían orientarse a la expansión de la conectividad digital (Plan Nacional de Conectividad Digital), de acuerdo con el marco legal vigente. Estas medidas, sumadas a las inversiones sostenidas de los operadores en el despliegue y modernización de infraestructura, incluyendo redes 4G y el desarrollo inicial de 5G, han permitido un avance importante en conectividad y reducción de la brecha digital”.
Para la especialista de la Asiet, “el proceso fue público, competitivo y transparente; que se adjudicó la totalidad del espectro disponible; que las ofertas estuvieron por encima del precio base establecido; que el precio obtenido es consistente con referencias internacionales y con la evolución de los mercados de espectro; y que la utilización de la banda genera beneficios concretos en cobertura, acceso a Internet y conectividad rural”, dijo y concluyó que “el análisis del espectro no debería reducirse a cuánto recauda el Estado en una subasta, sino incorporar el impacto que tiene sobre la cobertura, la inversión y el cierre de la brecha digital”.
Debe y haber de ¿un litigio de tres años?
“Más que ´tres años de litigio´, son tres años desde la realización de la subasta en la que la adjudicación de espectro en la banda de 700Mhz se ha traducido en mejoras a la conectividad y calidad de vida de los guatemaltecos”, caracterizó Méndez y subrayó que la adjudicación de 60 MHz en la banda de 700 MHz se produjo en 2023 y que los cuestionamientos sobe si el precio adjudicado reflejaba adecuadamente el valor económico del espectro surgieron recién en 2026.
Pero todo tipo de controversia y revisión ofrece enseñanzas que, en el caso de la mirada de Méndez, pasan porque “la política de espectro debe ofrecer previsibilidad y considerar el valor que genera el recurso para la sociedad, no solamente su precio de adjudicación”.
“Hay además una enseñanza institucional muy importante: las reglas deben ser estables una vez que un proceso competitivo terminó y los derechos fueron adjudicados, una revisión posterior pone en riesgo la seguridad jurídica que es un elemento básico para las decisiones de inversión”.
Hoy, la industria teme que el escenario de debate lleve a alterar las condiciones establecidas en el proceso licitatorio y, con ello, afectar la continuidad de servicios, frenar la expansión de 5G y deteriorar la certidumbre jurídica.
Para Méndez, “si se revirtiera una asignación ya realizada, el perjuicio podría trasladarse directamente a los usuarios y al desarrollo digital, además de generar incertidumbre para futuras inversiones”.
El desafío de la brecha de uso
Datos de la GSMA precisan que el país posee unos 11,4 millones de suscriptores móviles únicos y un 95 por ciento de cobertura poblacional móvil. De ella, el alcance de 5G ronda al 40 por ciento de la población e involucra a más de cuatro millones de personas usuarias activas de esta tecnología. Inclusive, a fines de 2025 se registraron alrededor de 20,6 millones de conexiones móviles, equivalentes al 110 por ciento de la población, como consecuencia de que existan múltiples líneas por persona.
Un reciente informe publicado por la GSMA, titulado Guatemala 2030: Políticas para la (r)evolución digital y disponible aquí, detalla que, en la última década, la industria móvil local invirtió unos 3.000 millones de dólares “en el desarrollo de infraestructura de red, lo que permitió ampliar la cobertura de las redes móviles y acercar las oportunidades de crecimiento socioeconómico que brinda la economía digital a millones de ciudadanos”.
Entre los logros, la GSMA plantea que Guatemala fue el primer país de Centroamérica en lanzar servicios comerciales 5G en 2022 y que el 89 por ciento de las conexiones móviles ya se realizan a través de smartphones, mientras que la cobertura de Internet móvil alcanza al 95 por ciento de la población.
“Los datos más recientes muestran un mercado con alto nivel de cobertura móvil, fuerte adopción de servicios digitales y todavía una brecha importante de uso” dijo Méndez, de Asiet, y planteó que el desafío “ya no es solamente ´llevar red´” sino “transformar esa cobertura en uso efectivo y productivo de la conectividad, especialmente en áreas rurales y entre población de menores ingresos”. Y vuelve a los datos de la GSMA en donde se advierte que casi la mitad de la población vive en zonas en las que hay cobertura de Internet móvil pero que no utiliza.
Méndez resumió que los principales desafíos del sector consisten en garantizar reglas previsibles que incentiven la inversión, cerrar la brecha de uso más allá de la simple cobertura, sostener el despliegue de 4G, 5G y fibra en zonas rurales, y promover la asequibilidad y las competencias digitales para convertir la infraestructura actual en un motor de adopción productiva, y sintetizó algo que, seguramente, sea aplicable a Guatemala pero también a tantos otros países de la región. Pero, en lo que al debate por la asignación de recursos realizados en 2023, sigue abierto y en horas decisivas.
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