El Ministerio de Educación (Minedu) de Perú anunció esta semana que “cerrará al 100 por ciento la brecha digital de las escuelas públicas” del país y mencionó que esto involucra llegar con servicios de Internet, por primera vez, a 55.000 instituciones educativas que están ubicadas en zonas de frontera, alto andinas y de difícil acceso.
Sin embargo, el tema está sujeto a debate porque no fue licitado, porque no se convocó a la industria y porque se tienen dudas sobre la sostenibilidad financiera de largo plazo; además del temor de que se superpongan recursos ya garantizados para tal fin en la última susbasta de espectro para la quinta generación móvil. Y aunque TeleSemana.com solicitó información oficial al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no logró acceder a algo más, que la publicada oficialmente.
La mirada ofrecida por especialistas que conversaron en exclusiva con este medio recuerdan a las objeciones que recibieron los acuerdos tendidos entre esta misma empresa de conectividad satelital en órbita baja (LEO, por sus siglas en inglés) y los gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay.
La voz oficial
El plan consiste en que la empresa satelital llegue con sus servicios de conectividad a 55 000 escuelas públicas para cerrar la brecha digital en un plazo de cinco años. “No importa dónde esté el colegio, nuestro reto es que no haya una escuela en el Perú que no esté conectada a Internet, por lo que incluso se utilizará energía solar”, afirmó el titular del Minedu José Antonio Chang Escobedo, en relación a que muchas no poseen siquiera energía eléctrica. Precisó, además, que el gobierno avanzará también en otras acciones de mejora: “acelerará construcciones, mantenimiento y saneamiento de terrenos”.
La ecuación oficial involucra saber que, de las 55.000 instituciones educativas públicas que posee el país, alrededor del 70 por ciento tiene algún tipo de algún nivel de deterioro edilicio y que la brecha en infraestructura fue estimada en 170.000 millones de soles (unos 50,67 millones de dólares).
Escuela en Nauta, Perú. Imagen: Ericsson
Por eso, el anuncio del Minedu involucra desde la mejora hasta la construcción de nuevos edificios, otorgamiento de becas y entregas de kits escolares, incluidos la conectividad y los contenidos.
La meta es avanzar hacia un sistema educativo que recupere la inversión en infraestructura, garantice el mantenimiento de las escuelas, conecte a los estudiantes con el mundo digital y vuelva a colocar el mérito, la evaluación y la calidad educativa en el centro de la Política Nacional de Educación.
En ese marco, el plan supone llevar Internet satelital al 73 por ciento de las instituciones, unas 40.054 escuelas que actualmente no cuentan con ningún tipo de cobertura y cuya inversión fue estimada en 242 millones de soles (unos 72.02 millones de dólares). En este cálculo, cada escuela conectada a Internet satelital le costará al Estado 6.041 soles (unos 1.798 dólares) “significativamente menor al costo promedio de la conectividad actualmente disponible, estimado en 18.184 soles por institución educativa”, dijo la cartera en relación a los 5.411,90 dólares que supone llegar con otras tecnologías.
El plan supone que para fin de 2027 se logre llegar al 65 por ciento de las instituciones educativas y que se totalice hacia 2028.
Y aquí es donde aparece el rol del MTC. “Cabe precisar que la cobertura actual incluye también la atención mediante concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, administradas por el Minedu y Programa Nacional de Telecomunicaciones, que permiten brindar el servicio sin costo en aproximadamente 8.463 instituciones educativas”.
Hace tres años Starlink desembarcó en Perú, mismo año en que inició acciones en conjunto con Internet para todos; más tarde llegaría su acuerdo con Entel para servicios directos al móvil.
Los desafíos de brecha digital en el país son de larga data y, aunque mejoraron en los últimos años, la última subasta de espectro 5G, realizada hace justo un año, supuso avanzar con garantizar el acceso a Internet de escuelas, universidades y hospitales, a través de ambiciosos compromisos de inversión (COI).
¿Y la sostenibilidad y la transparencia?
Que la noticia es positiva pero que no tiene sostenibilidad financiera de largo plazo; que el alcance de la iluminación satelital es limitado; que aunque se sabe que sólo el 32 por ciento de las escuelas posee los servicios básicos; que no se hizo un relevamiento profundo de cada una para saber si, por ejemplo, tienen computadoras; que quién será el supervisor de los avances y concesión del acuerdo con Starlink; o si se están replicando esfuerzos ya invertidos en canon por expansión o de la Red Dorsal, son algunos de los planteos que diversas voces en on y en off the record hicieron a TeleSemana.com a lo largo de la semana, a la vez que reconocieron la urgencia de avanzar en el cierre de la brecha.
Dicen que la medida carece de planificación estratégica y transparencia, cuestionan la decisión de avanzar con una adjudicación directa (probablemente mediante un memorando de entendimiento) sin convocar a un concurso público que evalúe alternativas tecnológicas más eficientes, inclusivas o sostenibles en el mercado, y se ignoran los detalles de su financiamiento.
“Mi reflexión es que, primero, no hay nada gratis, nada es gratis. Y, segundo, hay que hacer un diagnóstico para entender por qué no llega el Internet y cuál es la mejor solución en cada caso porque si en ese centro poblado donde está el colegio o está una posta médica hay una antena móvil que probablemente tiene 2G o 3G. Probablemente sea más fácil migrarla a 4G que ir hacia una solución satelital que solamente alumbre el colegio y no al profesor que tiene que preparar sus clases y que también necesita Internet, ni alumbra al alumno”, dijo Ana Claudia Quintanilla, partner de ONTIER Perú, y planteó que “si es que no hay una mirada integral de la conectividad, como Estado, algún ministerio pueda estar contratando Internet satelital e incurriendo en gastos de recursos del Estado en lugares en los que, probablemente, estuviera listado para recibir 5G en los próximos meses”.
“Necesitamos que la conectividad llegue, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible considerando obtener el mayor bienestar hacia la ciudadanía”, subrayó y destacó que el modelo de canon por expansión facilitó que los operadores móviles paguen obligaciones económicas que tienen con el Estado a través de compromisos de inversión.
También valoró la transparencia de ese proceso, en el que el Estado determinó el valor de cada estación base, hecho que “está permitiendo llegar a un número importante de centros poblados que, sin esta medida, no llegarían. Por ejemplo en 2026 las localidades rurales beneficiadas sean 412; en 2025 fue un número similar, 441; en 2024 también, 425. Entonces este mecanismo está permitiendo llegar a esas zonas muy rurales que, de por sí, un operador móvil no llegaría. Y cuando se llega con la conectividad móvil se alumbra la bodega, se alumbra el colegio, se alumbra la posta y se alumbra el hogar”.
“Creo que todavía hay un margen importante para que el móvil sea la herramienta o la solución tecnológica para brindar conectividad en áreas rurales. Se está avanzando en ese sentido”, destacó y planteó otras medida como la figura del Operador de Infraestructura Móvil Rural, “que también soluciona en gran parte la problemática de cómo hacer sostenible el cierre de la brecha rural porque permite que haya un operador mayorista que implemente la infraestructura móvil y llegue a acuerdos con operadores móviles. Es como una red neutra en donde los distintos operadores móviles pueden soportarse para brindar servicios a los usuarios. Hace mucho más eficiente la inversión, porque los costos se comparten entre los distintos operadores”.
Foto creada con ChatGPT
También puso la lupa sobre la transparencia. “Entendería que lo que hay es un memorándum de entendimiento, pero no hay algo concreto. Creo que todavía está la oportunidad de que se junten los distintos ministerios para tener una vista integral de qué es lo mejor en cada lugar para poder conectar a los no conectados”.
El balance que hizo del caso Juan Pacheco, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) fue similar.
“En Perú, solo el 27 por ciento de escuelas tiene acceso a Internet y un anuncio de este tipo es bastante sustancial, pero debe servir para replantear el fondo del tema”, dijo e invitó a analizar por qué no se llega con servicios a estas escuelas, centros médicos, y más.
“Tenemos que atacar esta y otras brechas haciendo que llegar con conectividad sea sostenible, sobre todo financieramente, que es la parte que no se entiende, porque se sobrecarga con regulaciones, requisitos y exigencias, como si estuviéramos en la capital cuando es más importante, en este momento, el llegar con conectividad a esa zona”, agregó el responsable de AFIN y puso el foco también en la operación y mantenimiento del acuerdo.
“No sabemos qué va a pasar después de un año, después de dos años, quién va a pagar esa tarifa, cómo se va a operar y mantener, eso también es importante y tampoco es preciso eso”, concluyó.
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