A la ya conocida donación con cargo a la que Starlink accedió en Argentina – donde la empresa de Elon Musk conectará sin licitación 6.000 escuelas por tres años en una iniciativa valuada en 21,8 millones de dólares que serán cubiertos entre por un esquema mixto entre la empresa y el Fondo del Servicio Universal (FSU) – se suman convenios similares como los alcanzadas en Paraguay y Bolivia; dos países mediterráneos que comparten también las complejidades que esa condición supone para, por ejemplo, lograr buenos indicadores de conectividad.
Paraguay, despliegue inicial y acuerdos institucionales
En Paraguay hay alrededor de 8.000 escuelas a las que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la empresa pública Copaco buscan conectar a través del despliegue de diversas estrategias de cobertura. De ellas, unas 2.000 ya posean enlaces dedicados de fibra óptica, a la vez que hay iniciativas para que otras 2.000 reciban servicios satelitales de forma progresiva porque no llega ninguna otra forma de enlace.
Con esa meta, se estableció un acuerdo (que no fue licitado) a mediados de julio para que Starlink proveyera su tecnología a través de la entrega de 1.600 kits, cuyo primer paso se dio en julio en la escuela Sagrado Corazón de Jesús, de la comunidad Cordillerita, en el distrito de Ybycuí, departamento de Paraguarí. La expectativa involucra que, completada esta fase, se alcance al menos a la mitad de los centros educativos del país.
La medida, ejecutada por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), en coordinación con el Mitic, el MEC y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), también permitió que 95 instituciones emplazadas en el Chaco Paraguayo accediera a conectividad. Son escuelas cuya propuesta pedagógica “abarca en gran porcentaje a la Educación Indígena, centrada en la preservación de la identidad cultural de los pueblos originarios, su lengua, tradiciones y conocimientos”, según trascendió en las notas oficiales y que dio el punto de partida.
Starlink recibió su licencia para operar en octubre de 2023 pero ya a mediados de 2025 se anunciaba el avance en una estrategia para garantizar la conectividad escolar, junto con la de otros centros de salud, alcaidías y oficinas de la administración pública, que no tuvieran otro tipo de enlace en un radio de 50 kilómetros.
Telecentro en Ñemby. Imagen: Tigo Paraguay
“Queremos que las 8.000 escuelas del país estén conectadas”, dijo Gilles DeMars, gerente comercial de Copaco, a la prensa local –aquí– y ofreció detalles de la apuesta por la reducción de la brecha que involucra garantizar enlaces de 1 Gbps, para usos pedagógicos que beneficiarán a 50.000 alumnos, como también para garantizar servicios de salud y de seguridad, y hasta generar redes comunitarias. En palabras de DeMars, es la alternativa satelital la que ofrece el esquema de “inversión más baja”.
Hasta ahí, lo que circuló. Y aunque resulta muy difícil acceder a mayores detalles, en estricto off the record TeleSemana.com pudo saber que Copaco y el Mitic celebraron un convenio específico de 24 meses para conectar instituciones educativas y de salud en el marco del plan de reducción de la brecha digital, con la priorización del servicio LEO de Starlink.
Excluido de contrataciones públicas por ser un acuerdo interinstitucional, el convenio supuso un plazo de 24 meses con una capacidad de hasta 2 TB, la erogación de 4.500.000 guaraníes (hasta 752,42 dólares) por unidad, por hasta 500 kits iniciales; y un abono mensual por servicio por establecimiento de 889.000 guaraníes (unos 148,64 dólares) por establecimiento.
El caso de Bolivia y las críticas de Fundetic
Bolivia, junto con Venezuela, fueron los últimos dos países de la región en los que la empresa de Elon Musk desembarcó con su servicio; en ambos casos, concretado tras el cambio de administración pública.
En este caso, fue el Decreto Supremo N° 5509 del 22 de diciembre de 2025 el que habilitó la operación de los servicios satelitales de órbita baja (LEO, por siglas en inglés) en el país andino -disponible aquí-; pero no sólo alcanza a la empresa de Elon Musk sino también a otros actores como OneWeb, (de Eutelsat) y la ex Kuiper, de Amazon.
Imagen: Adam Jones/Flickr
En una comunicación oficial, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que se contrató la existencia de 40.000 conexiones satelitales entre febrero y mayo de 2026, como resultado de la alianza de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) con Starlink.
“Starlink ya tiene 40 mil conexiones en el país, ha crecido muy rápidamente; tienen una licencia experimental de seis meses, se está trabajando para aprobar el reglamento definitivo que permita que ellos y cualquier otro operador ya puedan entrar al país en condiciones de plena regularidad y competencia plena”, había explicado en aquella oportunidad el titular de la ATT, Carlos Agreda.
Inclusive, se había precisado que ante la extensión geográfica y dispersión poblacional del país, Entel ostentaba unos 7.000 sitios rurales de radiobases en ciudades, caminos y centros poblados, pero que el desembarco de los servicios satelitales robustecería aquella capacidad.
A Bolivia también llegó una “donación” de 4.500 antenas de esta operadora que conecta desde la órbita baja del espacio para garantizar la conectividad escolar. El plan se presentó en agosto bajo el nombre de “Programa Aula Conectada”, dependiente del Ministerio de Educación boliviano con la intermediación de la operadora pública, Entel, responsable de la instalación.
Se trata de un plan en etapas y entre cuyos primeros beneficiarios destacan 20 municipios de La Paz (incluido El Alto y también Santa Cruz de la Sierra), adonde se instalarán 1.000 antenas. Y la promesa oficial involucra que “en la dotación de los siguientes lotes se ampliará la cobertura a municipios de otros departamentos”.
Al respecto, TeleSemana.com conversó con Luis Valle, presidente de la ONG Fundetic, que desde hace años brega por el desarrollo del ecosistema digital local y a quien les resulta que la iniciativa “es positiva en su objetivo, pero incompleta en su diseño” porque se podría haber avanzado “de manera más estratégica, transparente y multisectorial”.
“Se valora el esfuerzo de cerrar brechas digitales en el país, pero podrían haberlo hecho de una mejor manera. La conectividad es un habilitador crítico para el aprendizaje, la inclusión y la competitividad nacional; inclusive, la decisión de incorporar soluciones satelitales de alta capacidad como las de Starlink tiene elementos positivos”, valoró y cuestionó su modelo de gobernanza y sostenibilidad.
“No existe evidencia pública de una licitación, ni tampoco de costos”, dijo Valle quien subrayó además que “todo apunta a convenios intergubernamentales y a una ejecución operativa a través de Entel, sin detalles contractuales”.
Valoró que haya una aceleración del acceso y una mejora de la calidad, a la vez que se “visibiliza un problema y pone en la agenda pública la urgencia de conectar escuelas rurales, que es algo que está realmente muy atrasado y que, desde la Fundación, hace más de 10 años que estamos promoviendo, socializándolo y solicitando que se haga un trabajo orientado a este tema”.
“Los aspectos que se podría haber mejorado son, primero, que deberían haberse firmado un memorándum de entendimiento entre el Estado de Bolivia con Starlink. Digo esto porque yo los he afirmado hace algunos años, en 2008, con Microsoft, con Google, con Cisco, con Intel, y garantizábamos tarifa plana, precios preferenciales, soporte técnico, capacitación y recursos frescos para proyectos en el país, que no veo que ese modelo haya sido reaplicado acá”.
“También ha faltado un proceso público y transparente: no se conocen licitaciones, ni proveedores, ni análisis de costo-beneficio, ni documentos contractuales sobre el tema de Starlink. No sé si se han evaluado otras alternativas tecnológicas de otros operadores satelitales como LEO y GEO, que podrían haber sido también interesantes en visibilizarlas”, cuestionó.
Y continuó: “No se ha integrado un enfoque de sostenibilidad, porque no se sabe si los municipios van a asumir los costos del segundo año porque no hay claridad, no hay montos, no hay tarifas, no hay soporte, no hay escalabilidad, o sea, no se sabe nada”.
Valle tiene conocimiento en la materia y ofreció como ejemplo el seguimiento que hizo del programa de Telesalud, motorizado por el Ministerio de Salud que fracasó porque los municipios no quiseron asumir el costo de la conexión satelital. “No entiendo cómo ahora los municipios van a pagar Starlink, si ahorita hay crisis y los municipios no tienen recursos”.
También critica que no se haya articulado una política nacional de transformación digital, para que la conectividad escolar estuviera alineada con estándares tecnológicos, de interoperabilidad, de seguridad y de continuidad, “que no está ahorita definido”; del mismo modo que añora la apertura del tema a la academia, organizaciones de la sociedad civil e, inclusive, a otros actores locales, como las operadoras telcos, que podrían sumar esfuerzos.
Agregó que “no se ha visto el trabajo colaborativo con universidades y centros de investigación para tener impacto o ver el uso pedagógico de la solución. Los gobiernos municipales y departamentales, no sé si esto está dentro de su planificación territorial. No se ha invitado a organizaciones de la sociedad civil o sector privado para ver modelos de sostenibilidad o cofinanciamiento”.
“Creo que se puede avanzar de manera más estratégica, más transparente y multisectorial, teniendo en cuenta que hay un ecosistema digital” consideró Valle, aunque dijo no perder la esperanza porque surjan recursos que le den escalabilidad para que “no sea un tema más lírico que otra cosa”.
Perspectiva y debate
El debate de fondo no involucra determinar si deben conectarse o no las escuelas públicas de la región con enlaces satelitales (u otras tecnologías). La evolución de la técnica hace innegable que los beneficios redunden. Lo que invita al intercambio es la forma. El modelo masificado de donaciones que suponen acuerdos directos que impidan (o no reflejen de forma transparente) la posible evaluación de otras alternativas de mercado implica, de mínima, un desafío en términos de transparencia y hasta de competencia.
E, inclusive, plantea el riesgo de la sostenibilidad de largo plazo, dado que todo parece indicar que una vez finalizadas estas etapas iniciales, las gobernaciones municipales deberán enfrentar los costos que garanticen la continuidad del servicio para llegar con Internet para fines pedagógicos.
Lejos queda el modelo de conectividad escolar propuesto por Brasil, como también su horizonte de largo plazo y de resolución de problemaáticas estructurales como, por ejemplo, la vinculada al abastecimiento de infraestructucturas vitales como la energética.
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