La Comisión Europea (CE) avanza en su iniciativa estratégica de lograr soberanía digital y, con ello, triplicar la capacidad de procesamiento de datos en los próximos cinco a siete años. Pero en ese afán, en el que se reconoce la importancia del emplazamiento de data centers, también encienden las alertas sobre el incremento del consumo de recursos naturales, como agua y energía, que el desafío supone. Al calor de este debate, la Dirección General de Energía de la Comisión propuso exigir estándares de sustentabilidad medioambiental a los data centers para que la inteligencia artificial (IA) promueva el desarrollo económico y el posicionamiento simbólico del continente, sin hacerlo en detrimento de la calidad de vida.
Con ese objetivo, se acaba de publicar un relevamiento de datos y consulta pública destinado a crear estándares de sostenibilidad ambiental a partir de 2027, destinado a los emplazamientos cuyo nivel de procesamiento supere los 500 kW. La noticia, además, bien sirve de excusa para repasar el estado de situación americano.
Detalles del llamado
El plan que tiene Europa en materia digital para reforzar su soberanía y lograr posicionamiento internacional en la carrera geopolítica y tecnológica global, supone también el incremento en el consumo de sus recursos naturales, producto de la multiplicación de plantas de procesamiento de datos a gran escala. Por ejemplo, en lo que a la demanda de electricidad respecta, la estimación involucra aumentar de los 68 TWh en 2024 a los 114 TWh en 2030 debido al desarrollo de la IA.
Data center HIVE
Por ello, la CE publicó una consulta pública que apuntala la idea de crear un sistema común de calificación para los centros de datos, destinado a aumentar la transparencia sobre su uso de la energía y apoyar su integración sostenible en el sistema energético continental, ante el desafío que supone triplicar su dimensión.
Publicada por la Dirección General de Energía de la CE, apusta a fijar normas mínimas de rendimiento en los centros de datos, reducir su consumo energético y huella ambiental, además de mejorar la competitividad al reducir costos operativos, optimizar la integración de las instalaciones en los sistemas eléctricos y térmicos locales, y armonizar las normativas para evitar la fragmentación nacional.
“Este crecimiento trae desafíos que deben abordarse. Además de utilizar más energía, un aumento de los centros de datos podría ejercer una presión adicional sobre las redes eléctricas y el uso de recursos naturales, como el agua, y contribuir a aumentar las emisiones de carbono. Para limitar estos impactos, es esencial que los centros de datos sean altamente eficientes desde el punto de vista energético e hídrico y estén integrados de forma sostenible en el sistema energético”, dice el anuncio en el que busca alcanzar a los centros de datos individuales con una capacidad superior a 500 kW.
También plantea una posible contribución de los centros de datos a la red como, por ejemplo, al proponer la reutilización del calor residual, la adición de capacidades de generación de energía limpia y la flexibilidad. En ese camino de encontrar casos de reutilización, por ejemplo, se plantea que la mitad de todo el calor residual de los centros de datos europeos equivale a la demanda total de calefacción de cuatro millones de hogares europeos.
Así, la convocatoria de datos y consulta pública- disponibles aquí- estará disponible hasta el 14 de diciembre de 2026, a la par que se promueve la generación de espacios de intercambio con la industria y la sociedad civil.
A modo de estrategia, esta consulta busca recopilar datos y observaciones técnicas de todas las partes interesadas, como operadores de centros de datos, proveedores cloud/TI, gestores de red, agencias medioambientales, académicos y sector público, a lo largo del primer y cuarto trimestre de 2026 para terminar de definir el alcance de la norma, los indicadores y los umbrales mínimos.
Porque, a la vez que se propone generar este desarrollo, la CE sancionó un reglamento para crear un sistema común de calificación, que está en instancia de control en el Parlamento Europeo y del Consejo, instancia previa a su entrada en vigor para que los legisladores opositores puedan cuestionarlo.
Las primeras etiquetas de sostenibilidad para centros de datos individuales estarían activas en 2027, a la vez que el régimen enfrentaría su primera etapa de revisión en 2028.
El plan europeo es grande
En junio de este año, la CE lanzó su paquete de medidas para robustecer su soberanía tecnológica que tiene el objetivo de “robustecer” la capacidad de Europa en materia de semiconductores, inteligencia artificial (IA), nube y código abierto, en una coyuntura de tensiones geopolíticas globales y donde el viejo continente no quiere quedar ni fuera de competencia, ni atrapado en la dependencia que supone no estar en carrera.
En ese marco, se lanzaron propuestas legislativas vinculadas a contar con un reglamento de chips 2.0 y una normativa para el desarrollo de la computación en la nube y la inteligencia artificial, además de una estrategia de código abierto y una hoja de ruta para la digitalización y la IA en el sector de la energía; todo con el objetivo de tener autonomía digital con sostenibilidad ambiental.
Imagen creada con ChatGPT
En aquel momento, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había dicho que “no podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que garantizan el funcionamiento de nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios”, al tiempo que precisó que “se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones. Europa posee talento, excelencia en la investigación, una base industrial y el mercado único. Juntos debemos convertir estos puntos fuertes en soberanía tecnológica”.
En lo que al desarrollo de centros de datos refiere, se anunció un Plan de Acción Continente de IA, con el objetivo de “transformar las grandes industrias tradicionales europeas y sus excepcionales activos de talento en poderosos motores de innovación y aceleración de la IA”.
Inclusive, prevé la construcción de una infraestructura informática y de datos de IA a gran escala, una red que estará compuesta por 13 factorías que se implementarán en torno a superordenadores desplegados en diferentes latitudes europeas para lograr triplicar la capacidad de procesamiento en los próximos cinco a siete años (donde se priorizarán los data centers altamente sostenibles).
A estas infraestructuras se suman las “gigafactorías de IA”, instalaciones de gran magnitud equipadas con aproximadamente 100.000 chips de IA de última generación, cuatro veces más que las actuales. Cinco de ellas demandarán de una inversión privada de 20.000 millones de euros (21.600 millones de dólares), según los datos oficiale. .
Conviene recordar, además, que el 1 de agosto de 2024 entró en vigor la regulación europea de IA, que un año más tarde incorporó directrices sobre prácticas de IA prohibidas y el Reglamento modificado de la Empresa Común EuroHPC, para promover la creación de fábricas de IA (que ya reúnen a 13 consorcios), sobre lo que Von der Leyen anunció este año que movilizará inversiones por 200.000 millones de euros en IA en toda Europa.
¿Y en el continente americano?
Aunque en el continente americano no exista una iniciativa similar a la que se discute en Europa, el desarrollo de la industria de data centers tiene cada vez más presencia en la ecuación económica de los países y sus debates internos. A modo general, la falta de una regulación integral con alcance regional hace que el desafío sea abordado, en el mejor de los casos, mediante iniciativas nacionales y guías de sostenibilidad.
En lo que a regulación respecta, Brasil y Chile destacan por haber desarrollado normativa. En el caso de Chile, por ejemplo, destaca su Plan Nacional de Data Centers con guías socioambientales para asegurar eficiencia energética, limitar el impacto hídrico y articular la inversión privada con estándares sustentables.
En Brasil, por su parte, concentra la mayor cantidad de centros de datos de la región y exige licencias ambientales locales rigurosas, aunque carece de una norma legal única nacional que prohíba tecnología ineficiente a nivel federal; algo que busca resolver -en parte y en el marco de una estrategia de promoción fiscal- el recién aprobado ReData.
Otros ejemplos son los de países como Costa Rica, Uruguay, Colombia y México, que comercializan su infraestructura destacando matrices energéticas de alta participación renovable (hidroeléctrica, geotérmica, solar), aunque se trata de propuestas generales o debates puntuales, pero no lineamientos generales. En el caso de México, por ejemplo, hace pocas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que impulsará el desarrollo de esta industria pero que no centrará en ella el desarrollo del país, dado su alto consumo de agua, energía y baja generación de empleo.
Otro caso paradigmático del continente americano fue el de una ciudad estadounidense: hace dos meses en Nueva York se planteó la creación de una moratoria en la concesión de permisos para estas instalaciones y Declaración Genérica de Impacto Ambiental (GEIS, por sus siglas en inglés), tendiente a debatir el efecto asociado con la interconexión de los emplazamientos de nube con la red de distribución eléctrica.
El debate crece en la región, y el mundo.
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