Este martes 14 de julio, Kathy Hochul, la 57ª y primera mujer gobernadora del Nueva York, generó una moratoria temporal para propiciar el debate legislativo que cree lineamientos específicos para el montaje de centros de datos de gran escala y, con ello, atender de forma sostenible -energética y ambientalmente- a una innovación que, considera, dueña de un “crecimiento acelerado” en su demanda. Sucede que la apuesta estadounidense de desarrollo de inteligencia artificial (IA), computación en la nube y los servicios de transmisión, genera una demanda tal de recursos para el procesamiento a hiperescala, que también suponen un desafío normativo.
Un informe global publicado recienteme por CBRE reveló que la presencia de data centers se multiplica en América Latina, con un crecimiento del 41,3 por ciento interanual en el primer trimestre de 2026. El porcentaje la ubica, a la latinoamericana, como la región que más capacidad instalada sumó en todo el mundo, en el último año, para garantizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos, en detrimento de otras locaciones más establecidas, como Norteamérica. ¿Casualidad? No.
El Data Center Map arroja la existencia de 133 centros montados en los 62 condados que conforman Nueva York y 53 sólo en su distrito financiero y Manhattan; pero que en todo el país superan los 4.500. Esta multiplicidad de infraestructuras no sólo generó una economía digital de escala, sino también debate social.
Un reciente sondeo HeatMap –aquí– detectó que siete de cada 10 estadounidenses se manifestaron en contra de la construcción de un centro de datos en las inmediaciones de su vivienda, por el impacto que generan en materia de consumo energético, de estrés hídrico y de contaminación sonora, además del incremento en los costos asociados a los servicios básicos, entre otros impactos en la calidad de vida. Esta temperatura social, a su vez, genera profundos debates regulatorios en diferentes estados, como es el caso de Nueva York, que hoy se erige primero en establecer una moratoria de un año para habilitar nuevos emplazamientos.
Moratoria histórica
La orden ejecutiva neoyorquina N°62 –disponible aquí– da cuenta del inicio de un debate regulatorio en tiempo real. En sus considerandos se admite que “la creciente demanda de capacidades de almacenamiento y procesamiento, especialmente para tareas computacionales intensivas, ha dado lugar a múltiples propuestas para la construcción y operación de centros de datos que requieren grandes cantidades de energía y agua para el funcionamiento y la refrigeración de miles de servidores informáticos”.
También, que a mayo de 2026 se registraron casi 12 gigavatios (12.000 megavatios) de solicitudes de carga de datacenters en la cola de interconexión del Operador del Sistema Independiente de Nueva York (NYISO por sus siglas en inglés), corporación sin fines de lucro que gestiona la red eléctrica de alto voltaje de todo ese Estado y que administra su mercado mayorista de electricidad. Pero también que hay más de ocho gigavatios que ingresarán a la cola de ingresar, que encendieron las alertas.
“El aumento de la carga eléctrica estatal causado por estos centros supone un desafío para los objetivos de energía limpia del Estado y requerirá la adquisición de un suministro de energía adicional para atender esta carga eléctrica incremental” y admite que “los marcos regulatorios vigentes del Estado aún no están preparados para abordar el uso y tratamiento de agua a gran escala proveniente de los centros de datos, lo cual podría ejercer presión sobre los acuíferos, las aguas superficiales y la infraestructura pública”.
En este marco, se creó una moratoria en la concesión de permisos para estas instalaciones y Declaración Genérica de Impacto Ambiental (GEIS, por sus siglas en inglés), para estudiar los impactos asociados con la interconexión de los emplazamientos con la red de distribución eléctrica; desarrollar una consulta pública en 60 días y audiencias afines para debatir sobre los lineamientos que permitirán crear una Declaración Genérica de Impacto Ambiental y un reporte ad hoc.
En adelante, el Departamento de Servicio Público (DPS) tiene 60 dias para crear un Grupo de Trabajo de Interconexión de Centros de Datos para identificar y resolver los problemas relacionados con la interconexión y otras cargas de gran tamaño, con el fin de dar un respaldo eficiente a los nuevos clientes importantes y el cumplimiento fiel de los principios de “quien se beneficia paga” en lo que respecta a los costos de actualización de la red y la suficiencia de recursos. Y 90 días para presentar un informe completo para que la Comisión discuta los lineamientos posibles.
Se plantea, por ejemplo, la posible creación de un Fondo de Aceleración de la Red de Nueva York, que podría requerir que los centros de datos realicen aportes de capital para financiar mejoras en la red y en la adquisición de nuevo sistema para el suministro de energía limpia, pero también un seguro, entre otras medidas.
Regular para habilitar y para proteger
La iniciativa neoyorkina ofrece un hito en lo que al debate sobre el desarrollo de la industria de data centers refiere, sobre todo porque propone pausar para establecer los lineamientos que garanticen la sostenibilidad integral, del negocio pero también de la vida de la sociedad que la circunda.
En la región latioamericana, donde se está advirtiendo el desembarco de inversiones (en muchos casos, de anuncios de las intenciones inversoras) hay varias iniciativas que no necesariamente ponderan normativas que contengan posibles impactos negativos. El caso de Argentina, por ejemplo, con una propuesta en debate parlamentario sobre posibles impulsos impositivos aunque sin exigencias claras sobre la transferencia tecnológica o la intermediación de proveedores locales, genera alertas.
También destacan los de Chile y de Brasil, ambos en el camino a erigirse hub digital. El primero donde las inversiones involucran el cumplimiento de una Guía oficial mentada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) en el marco de una Estrategia Nacional y un Plan Nacional (PDATA), más amplios y con aspectos detallados sobre el monitoreo de la actividad, la evaluación ambiental, entre otros. Es decir, un plan estratégico de IA, diseñado a una década, cuyo desarrollo ya lo pondera por sobre la media regional.
En el caso de Brasil, el plan involucra la sanción de un régimen tributario beneficioso, conocido como Redata, pero en el marco de una Política Nacional que, estrategia mediante, aspira a dejar de importar ciertos servicios digitales para comenzar a exportarlos, con objetivos claros de neoindustrialización y conectividad significativa.
Los nuevos tiempos, las nuevas industrias y los nuevos desafíos, imponen también la necesidad de dar nuevas discusiones y crear nuevas normativas.
