La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que desde hace cinco días impone la certificación estadounidense SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA) para infraestructuras críticas de la Argentina, desencadenó un rechazo unánime en la industria, que alega desde la falta de consulta previa, la afectación económica a los pequeños operadores hasta el alineamiento geopolítico que supone una dependencia digital inaceptable.
Publicada en el Boletín Oficial del viernes, la resolución estableció los “Requisitos técnicos de seguridad de la cadena de suministro para equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones”, en la que se incluye al SCS 9001/TIA como certificación obligada. Y, tal como se anunció en Costa Rica y en Paraguay, en dos contextos diferentes, se trata de la adhesión a la estrategia estadounidense de prohibir el uso de equipamiento de red de origen chino.
Entre los testimonios y miradas que TeleSemana.com buscó en el sector para poner en contexto la noticia, estuvo Huawei por ser, al igual que ZTE, Hikvision o Fiberhome, empresas directamente alcanzadas por la prohibición oficial.
Y aunque desde la empresa se asegurara que los voceros no están realizando entrevistas sobre el tema, si dejaron claro que recibieron la novedad con “sorpresa y preocupación” y adelantaron que evaluará con sus equipos legales “todas las alternativas a su alcance” dado que las reglas de contratación deben garantizar “igualdad de condiciones y competencia”.
Un rechazo con consenso
La industria coincide en que la ciberseguridad, la protección de las infraestructuras críticas y la resiliencia de las redes son objetivos correctos, necesarios y compartidos, pero con el mismo ahínco se manifiestan preocupados porque la medida anunciada se tomara sin consulta pública previa. Y rechazan la adopción exclusiva de un estándar privado de origen estadounidense pensado para evaluar procesos administrativos de la cadena de suministro, pero que no certifica la seguridad técnica real de los equipos.
A través de Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) que reúne a los grandes operadores del país -Telecom y Claro- se erigió un pedido corporativo para revisar estos nuevos requisitos de ciberseguridad para las redes y abrir una instancia de diálogo.
“La industria comparte plenamente el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes, infraestructuras estratégicas para el desarrollo del país” dijeron y plantearon la “preocupación” que les significa quedar atadas “a un único esquema privado de certificación (…) que evalúa procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro, pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos. La protección efectiva de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y la posibilidad de acreditar el cumplimiento mediante estándares internacionales reconocidos”.
En el mismo tono se refirió Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase) en diálogo con TeleSemana.com. “Nadie en la industria discute la importancia estratégica de la ciberseguridad ni de la resiliencia de las redes; al contrario, es un objetivo que desde Cabase compartimos y sobre el que trabajamos todos los días volcando inversión y recursos”, sostuvo y planteó la preocupación de que la medida fuera “inconsulta” y de su posible extensión a todos los actores de la industria (además del público ya alcanzado).
Desde el viernes, esta normativa se vuelve obligatoria para la contratación y construcción de infraestructuras que el Estado argentino valore críticas, y para sus empresas públicas; algo que impacta directamente en la satelital local Arsat, declarada superavitaria hace un año pero siempre incluida entre los posibles activos nacionales plausibles de ser privatizados. Sin embargo, hay un detalle en su articulado que abre el juego para que también alcance a los privados.
“Su propio artículo 9 instruye al Enacom a evaluar su extensión a la homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios. Es decir, abre la puerta a trasladarle a todo el ecosistema de telecomunicaciones un estándar excluyente que consideramos perjudicial para el desarrollo de la infraestructura digital del país”, sostuvo Graizer y recordó que la neutralidad tecnológica es un “principio rector central, que además está en línea con lo que establece el marco de la ley Argentina Digital #27.078.
El consenso también estuvo dado en la necesidad de que se garantice neutralidad tecnológica, que se posibiliten esquemas de certificación equivalentes y marcos internacionales ampliamente reconocidos. En ese sentido, la industria plantea dos posibles ejemplos para el caso: el Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS), creado entre la GSMA y el 3GPP para evaluar y asegurar la infraestructura de redes móviles; y el ISO/IEC 27036, que ofrece criterios para valorar y enfrentar los riesgos de seguridad de la información en la relación con proveedores y la cadena de suministro. Sin embargo, ambos casos irían en camino inverso a una normativa que parece exhibir intereses geopolíticos e imponer barreras de mercado.
Pero no sólo eso, el planteo de la industria hace referencia al impacto que esta medida tiene en los licenciatarios privados porque, aunque la medida sólo tenga vigencia al sector público nacional, existe gran preocupación de que su eventual aplicación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sea para todo el ecosistema de telecomunicaciones, operadores, cooperativas y PyMEs, y que esto genere sobrecostos artificiales, merme la competencia, encarezca la tecnología y afecte el despliegue de conectividad.
“Que el Estado se ocupe de la seguridad de la cadena de suministro de la infraestructura crítica de telecomunicaciones es correcto y sumamente necesario. Es un riesgo real por el riesgo a componentes falsificados, firmware manipulado, falta de soporte”, valoró Luis Papagni, consultor y asesor estratégico en Infraestructuras Públicas Digitales (DPI) y miembro del Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (LITAT), y mencionó elementos ténicamente sólidos en la disposición, como el enfoque por niveles de criticidad, los períodos mínimos de soporte y que se apoye en las normas existentes, como la Decisión Administrativa 641/21.
Pixabay – Elchinator
“El problema es cómo se podría llegar a implementar. Se toma como referencia única un estándar de origen estadounidense, el TIA SCS 9001, cuando existen marcos internacionales reconocidos para evaluar la seguridad de los equipos”, dijo en relación al NESAS o ISO/IEC 27036 y agregó que, “en la práctica, eso puede excluir proveedores sin evaluar técnicamente ningún equipo”.
Inclusive, hay quienes también trabajan en planes digitales soberanos, que adopten los criterios propuestos y que ofrezcan horizontes de largo plazo porque, como dice el refranero popular, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.
¿Cómo afecta esta medida a los operadores y a los ISP?
Para Graizer, se trata de una medida que “introduce una distorsión y una nueva capa burocrática que condiciona la libre elección, sometiendo a la infraestructura a un único sello o certificación privada internacional —como la SCS 9001 de la TIA—, que responde a procesos corporativos y no a una evaluación técnica real de los equipos”
“Si la exigencia de esta norma se traslada a los licenciatarios, el impacto operativo y económico sobre los ISPs, cooperativas y PyMEs del interior sería dramático. Nuestras redes no se armaron ayer, sino que son el fruto de décadas de inversión de capital propio en equipamiento probado, homologado, que funciona y que está pago”, dijo Graizer y subrayó que “atar la homologación a un esquema de certificación que excluye a determinados fabricantes de forma indirecta no sólo dejaría fuera del mercado a gran parte de los proveedores con los que hoy operamos, sino que impactaría en las opción de compatibilidad de equipamiento”.
También apuntó al impacto que esto supondría en los costos operativos de los pequeños prestadores de internet del país, cuya capacidad financiera dista mucho de poder reemplazar equipamiento que aún funciona o el asumir sobrecostos artificiales “por una certificación que encarece la tecnología sin aportar una mejora tangible en la seguridad de los dispositivos”, agregó Graizer y valoró que “no se puede regular sobre la infraestructura desconociendo la realidad técnica y económica sobre la que está montada la conectividad de la Argentina”.
Y al igual que Graizer, que sostuvo que la “ciberseguridad debe abordarse con criterio técnico, neutralidad y estándares internacionales abiertos y transparentes”, Papagni agregó que “tiene que basarse en evaluación de riesgos verificable y en neutralidad tecnológica, no en alineamientos geopolíticos”.
Pero el consenso pasó también por valorar que una medida de este calibre deba ser puesta a consulta pública, por ejemplo, en el marco de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y en diálogo entre el Estado, la industria y la academia; algo que no sucedió.
Trabajar en soberanía, como una estrategia superadora
El debate de la ciberseguridad, en la Argentina, vuelve el tema también hacia el debate por la soberanía digital, algo que desde LITAT se busca generar debate para construir lineamientos interinstitucionales con objetivos de largo plazo.
Por eso, para Papagni, “la ciberseguridad es una cuestión de soberanía. Y la soberanía no se construye eligiendo de qué lado de la disputa entre potencias nos paramos, sino desarrollando capacidades propias para no depender de ninguna. Es lo que hoy se plantea en la región: tecnología pensada y construida desde acá, con criterios propios y al servicio de nuestras necesidades”.
“Por eso cabe preguntarse por qué un lineamiento pensado para el sector público nacional debería trasladarse, vía Enacom, a las empresas privadas y cooperativas, -continuó Papagni- y por qué deberían adoptar como única referencia un estándar definido afuera y para otros intereses. El riesgo es que, en nombre de la seguridad, terminemos con menos autonomía, menos competencia y menos conectividad para los argentinos y argentinas que más la necesitan”.
En la misma línea, se expresó Emmanuel Jaffrot, docente universitario de instituciones de Francia y Argentina, ex secretario Técnico y Académico de la Comisión por el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada (2006-2015), quien hoy trabaja en los lineamientos para crear un Plan Nacional de Infraestructura Digital que, impulsado junto al sindicato FOETRA y diversos sectores estratégicos, se propone como una alternativa de política pública de largo plazo.
Su mirada sobre el escenario actual es critico.Jaffrot alerta sobre la adopción de estándares técnicos privados estadounidenses y el reemplazo de equipamiento -sobre todo, de origen chino por otro, norteamericano- en la red de Arsat, especificamente, porque representa un avance hacia la dependencia y la pérdida de soberanía sobre la infraestructura y los datos del país. También porque expone el riesgo que supone monopolizar la tecnología con un único proveedor extranjero facilita el control remoto de las redes y otorgue ventajas comerciales que pondera injustificadas.
Respecto de la disposición oficial del SCS 9001/TIA, Jaffrot cuestionó la letra y su sentido. Por ejemplo, que “el anexo técnico, de técnico tiene nada más que el título; es la adopción de un estándar que no existe y que es la especificación técnica de un instituto privado que no tiene ninguna autoridad, salvo que lo quieras adaptar y que propone la compatibilidad con determinados estándares y protocolos que son 100 por ciento norteamericanos”.
Lo valoró, además, como una forma de ”entregar toda la infraestructura a empresas norteamericanas”. “¿Qué significaría a nivel de la operación de red o de cualquier equipo que se instala en una red, que el propio vendor de la tecnología te puede atender de forma remota para ayudarte a configurar los equipos? Que te pueden atender de Estados Unidos, de China o de Israel, y que si pueden entrar para ayudarte, también pueden hacerlo para no ayudarte … o para controlar la red”, especuló Jaffrot.
“Esto es mucho más difícil si hay diversidad de tecnologías y de vendedores distintos sobre tu red. Si planificas tu red con varios proveedores de tecnología, que buscas estratégicamente, se le vuelve mucho más complicado manejar de forma remota”, comparó, trajo al tema las estrategias vinculadas como Open RAN, y sentenció que “si reemplazan el equipamiento de la red de Arsat, ya ni hace falta que compren la empresa para manejarla. Pero hay otros elementos, como el Centro de Datos, que puede ser de Interés o la iniciativa de Gemelo digital social (anunciada hace un año en el país) pero que al final no se está haciendo porque no hay infraestructura que la posibilite”.
En ese sentido, se inscriben los lineamientos sectoriales en los que bregan para construir un nuevo plan de infraestructura digital. En ese camino, están reuniéndose con actores del sector de ciencia y tecnología, de las universidades y de actores de las verticales de salud, de seguridad y de justicia; con economistas, especialistas geopolíticos y otros perfiles para “definir las misiones sectoriales que deriven de la creación de una nueva regulación de la infraestructura digital y del uso de los datos”.
¿Hay tono en el sistema?
En las antiguas redes telefónicas de cobre, la presencia del “tono” era la confirmación de que el sistema estaba operativo y listo para comunicar. Este rechazo unificado del sector de las telecomunicaciones argentino funciona de la misma manera: es un llamado de alerta claro a las autoridades para evitar distorsiones económicas en la cadena de valor y proteger la soberanía digital del país antes de que la normativa se aplique de manera irreversible.
Debe estar conectado para enviar un comentario.