Primero fue Costa Rica. Luego, le siguió Paraguay. Ahora le toca a la Argentina. La injerencia de Estados Unidos en materia de telecomunicaciones en América Latina es cada vez más fuerte. Este viernes se publicó en este país la disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que estableció los Requisitos Técnicos de Seguridad de la Cadena de Suministro para Equipamiento Destinado a Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones. En criollo, limitar la integración de equipamiento de origen chino en las redes de telecomunicaciones, como el de Huawei, el de ZTE o el de Fiberhome, por mencionar a los más conocidos de esta industria.
La publicación de esta disposición terminó de confirmar las sospechas que se venían barajando en la industria desde hace meses. Los operadores de telecomunicaciones de la Argentina, tanto fijos como móviles, utilizan equipamiento de origen chino en sus redes. Su participación de mercado en las redes ronda el 40 por ciento. Lo que antes los mantenía en alerta ahora comenzó a ser una preocupación.
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En los considerandos de la resolución, el CNC señala que “la Telecommunications Industry Association (TIA) desarrolló la norma SCS 9001, un sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro orientado a las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyo esquema de certificación por terceros permite verificar las prácticas de fabricantes y proveedores, sin sustituir la evaluación técnica del equipamiento”. Y que el enfoque a adoptar debe estar enfocado en el riesgo, para luego asegurar que la referencia a la norma TIA SCS 9001 consiste en un esquema específico de gestión de seguridad de la cadena de suministro de las TICs.
Dispone, en sus resoluciones, que estos requisitos son “el estándar técnico de referencia, obligatorio para el sector público nacional”, y de carácter orientativo y adhesión voluntaria para otros sujetos cuando se trate de la cadena de suministro del equipamiento para infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
Si bien para los operadores y proveedores privados no generan obligaciones directas por sí mismos, sí podrán volverse exigibles mediante normas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Justamente, la disposición solicita al regulador que evalúe la incorporación de esos requisitos técnicos a los “procedimientos de homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Requisitos a cumplir
En el anexo que acompaña a esta disposición se determina, ya directamente, que entre los requisitos que deben cumplir equipamiento y proveedor, este último “deberá acreditar que el fabricante cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro certificado conforme a la norma TIA SCS 9001”.
La normativa aplica los considerandos que surgen de esta norma, creada en 2021 por Estados Unidos en un contexto marcado por la guerra comercial con China. Allí se establecieron plazos, procedimientos, y demás actividades para someterse al cumplimiento de esa regla. En 2023 se lanzó una segunda versión que amplió el alcance a cualquier tipo de red de comunicaciones.
Costa Rica incorporó la norma TIA en el marco de su licitación 5G, situación que demoró ese proceso, generó controversias a nivel judicial y terminó excluyendo a los proveedores de origen chino de los despliegues de red. En 2025, se repitió la historia en Paraguay. La política de alineamiento del gobierno argentino de Javier Milei con los Estados Unidos parece explicar gran parte de las razones que motivaron esta disposición del CNC.
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La intervención de los Estados Unidos sobre las decisiones de los gobiernos de América Latina y el Caribe y de las decisiones de los operadores privados de telecomunicaciones no se limitan a estos tres países. En República Dominicana y en otros países del Caribe se están evaluando medidas en un sentido similar. A tres ex funcionarios chilenos del gobierno de Gabriel Boric, le fueron quitadas sus visas para ingresar a los Estados Unidos por impulsar el cable submarino directo entre este país y China, aunque el ex ministro de Transporte la recuperó meses atrás. La misma amenaza se aplicó a directivos de una cooperativa de una provincia argentina aunque hasta ahora sin consecuencias.
Parte de lo que está sucediendo es admitido por el propio Departamento de Estado que, en un reporte al Congreso de Estados Unidos en 2025, informó de las acciones encaradas en distintos países -incluidos también Taiwán, Japón y las islas Tuvalu- como parte de su política de influencia. A esto se suma que el alcance sobre Europa tampoco estuvo totalmente al márgen.
Del Departamento de Estado a la región
Bajo el nombre Report to Congress on Securing Digital Infrastructure in Developing Countries, ese informe parte de la premisa que sostiene que el desarrollo de la infraestructura digital es un factor determinante para el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad de los países. Identifica, en ese contexto, a tres grandes segmentos de la industria de las telecomunicaciones como fundamentales: cables submarinos, centros de datos, y redes inalámbricas avanzadas.
Allí advierte que los países de ingresos bajos y medios incluyeron equipamiento de origen chino en sus redes porque las compañías de ese país ofrecen precios inferiores y condiciones de financiamiento atractivas. Por ese motivo, Estados Unidos debe promover un ecosistema digital abierto y seguro como modo de ampliar la presencia de proveedores confiables a los ojos de ese país. El argumento de fondo es estimular inversiones en infraestructura con objetivos de política exterior y seguridad nacional, tal como puede leerse aquí. El Departamento de Estado se propone como líder de esa estrategia.
En el caso de la Argentina, la disposición establece cuatro niveles de criticidad para el equipamiento: crítico, elevado, moderado y reducido. En los dos primeros casos es donde se debe aplicar la certificación TIA.
Lo que hasta hace un tiempo mantenía en cierta alerta al sector de las telecomunicaciones en la Argentina, comenzó a generar más preocupación luego que se conociera, el 22 de octubre pasado, la decisión de Estados Unidos de financiar con 15 millones de dólares un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad en la Argentina.
“Esta inversión permitirá financiar el diseño, la creación y la puesta en funcionamiento de un SOC centralizado, de conducción civil, administrado por el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El SOC estará ubicado en la sede de la empresa satelital argentina, Arsat en Benavídez. El programa también financiará una evaluación de seguridad de la red troncal nacional de Internet de Arsat, con el objetivo de identificar vulnerabilidades, incluidos los riesgos asociados con equipos de proveedores no confiables”, dice el comunicado que puede leerse desde aquí.
“La ciberseguridad es un pilar fundamental de la seguridad nacional y la prosperidad económica. El anuncio de hoy representa un avance significativo en la alianza entre Estados Unidos y Argentina, mientras trabajamos juntos para fortalecer nuestras defensas frente a las crecientes amenazas que enfrenta nuestro mundo interconectado. Esta inversión ayudará a Argentina a proteger su infraestructura crítica, resguardar su ecosistema digital y desarrollar la resiliencia necesaria para sostener la prosperidad compartida a largo plazo”, dijo el subsecretario Landau.
Ese anuncio se inscribe en otra propuesta más amplia como es la del corredor Andes-Atlántico que, como también se señaló en el comunicado, apunta a que Estados Unidos se garantice los minerales críticos y los productos energéticos mediante una “mayor resiliencia de la infraestructura digital, de transporte y energética”.
TeleSemana.com pidió conocer la palabra del Enacom en relación a la solicitud de evaluación del Centro Nacional de Ciberseguridad, pero se limitaron a responder que por ahora no hay nada para informar.
Donde sí crece la preocupación es entre las empresas de telecomunicaciones, fijas y móviles, grandes y pequeñas. Hay antecedentes en la región. Pasar de tres o cuatro los proveedores de equipamiento a uno o dos reduce la competencia y no se condice con el precepto de aquellos países que fundamentan su accionar en la libertad, tal como siempre lo afirman las fuentes consultadas.
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