El avance legislativo de la iniciativa presentada como Súper RIGI busca posicionar a la Argentina como un polo para infraestructuras tecnológicas y centros de datos mediante agresivos incentivos fiscales y cambiarios por 30 años. Sin embargo, el proyecto genera un profundo debate por las dudas de su efectividad real y su fuerte impacto ambiental, energético y social. Expertos y críticos advierten que el régimen exige pocas contrapartidas locales, que arriesga la soberanía y que relega al país “al eslabón más subordinado de la economía digital”. A diferencia de los modelos de Chile y Brasil, que también ofrecen beneficios fiscales, el caso argentino carece de exigencias claras sobre transferencia tecnológica o contratación de proveedores nacionales.
En la narrativa del futuro digital y automatizado, los data centers serán parte de la infraestructura que lo soportará; sin embargo, las definiciones que lo van delineando generan contradicciones y debates muy profundos, vinculados con los negocios pero también con la necesaria convivencia democrática.
Contexto y anuncios
Un informe de la OCDE ubica a la Argentina última en el ránking regional del desembarco de inversiones directas extranjeras (IDE), a la vez que otro, de la CBRE, señala a la región latinoamericana como la destinataria de los próximos y más grandes emplazamientos de centros de datos que agreguen capacidad de procesamiento a la innovación global.
En ese terreno, por especulación o por certeza, la actual administración argentina abrevó esfuerzos. Hace dos años, presentó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), valorada por entidades como la JP Morgan y cuestionado por otras, como el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) por “promover enclaves extractivistas de cara a la exportación, reprimarizando la economía argentina y dejando en un segundo plano a la industria nacional”, pero también por no haber generado las apuestas esperadas (aquí).
A esto se sumó el anuncio de una carta de intención firmada entre OpenAI y Sur Energy, tendiente a encaminar el proyecto Stargate Argentina para construir un centro de datos en la Patagonia y desembolsar 25.000 millones de dólares. Sin embargo, un semestre después, no hay ningún avance al respecto. La prensa local obtuvo de primera mano del Ministerio de Economía argentino que “no existe ninguna resolución que haya efectivizado esa declaración de intenciones”.
Darío Clemente, investigador del Conicet y miembro del Observatorio del RIGI de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), precisó que en el marco del RIGI se aprobaron 17 proyectos y que otros 23 están en evaluación, pero que ninguno de ellos es Stargate, tal como publicó el diario Perfil (aquí). “No hay información actualizada fidedigna sobre Stargate, más allá de ese anuncio en periodo electoral”, aunque “claramente podría reactivarse si avanza el Súper RIGI”, advirtió el científico al medio argentino.
Pero no sólo eso. Tras meses de avanzada sobre la regulación, se lograron las mayorías legislativas necesarias para sancionar la llamada Ley Hojarasca, medida que permitió derogar más de 60 normativas que fueron valoradas estratégicamente obsoletas, aún cuando esto supone quitar instrumentos de protección a empresas emblemáticas de la industria nacional, como es el caso de la satelital Arsat (empresa que ya demostró ser superavitaria pero cuyo plan privatizador se repite desde hace años).
No obstante, el gobierno redobló la apuesta a través de la presentación del Super RIGI, que acaba de lograr la media sanción en la Cámara de Diputados, con 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones. Su camino legislativo continúa: el proyecto será enviado al Senado de la Nación con el afán de lograr la sanción definitiva. Se trata de otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años, exigir un piso inversor de 1.000 millones de dólares por proyecto y la obligatoriedad de desembolsar el 20 por ciento en los primeros dos años.
En materia impositiva, esta súper propuesta alivia la carga prevista en el Impuesto a las Ganancias del 35 por ciento al 15 por ciento (algo que en el RIGI inicial estaba previsto en el 25 por ciento), anula la vinculada a los derechos de exportación, e impone un tope máximo del 0,5 por ciento al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las provincias que adhieran. Los beneficios tributarios son aún mayores, y se suman a los cambiarios porque elimina la obligación de liquidar divisas de forma progresiva (20 por ciento, 40 por ciento y 100 por ciento entre el primero, el segundo y el tercer año en adelante, respectivamente).
Super RIGI
La presentación oficial (aquí) plantea el objetivo de “otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas”, y todo apunta a la instalación de centros de datos, el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y los autos eléctricos, pero también a la industria del litio y del uranio.
Sin embargo, todo el plan genera mucho debate en Argentina. Por ejemplo, porque la industria de data center tiene un fuerte impacto medioambiental (vinculado al gran consumo de agua y energía, pero también a la generación de calor), además de no crear empleo directo y tampoco prever transferencia de conocimientos y/o desarrollo de capacidades.
En esta oportunidad, la valoración positiva de la JP Morgan tiene reservas. Al respecto, el portal Infobae “advirtió que la entidad planteó dudas sobre su eficacia para atraer nuevos capitales genuinos”, aunque celebró los lineamientos generales y reconoció el desafío político de llevarla adelante. Del otro lado de la mirada, el CEPA cuestionó la “ampliación de la discrecionalidad para definir qué actividades pueden acceder a los beneficios”.
¿Por qué estos instrumentos no se advierten como una oportunidad?
En diálogo con TeleSemana.com, Mercedes D´Alessandro, asesora de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, planteó que al Súper RIGI “no se lo puede leer como una política aislada de atracción de inversiones. Hay que mirarlo dentro de una estrategia más amplia: Argentina está ofreciendo territorio, agua, energía, beneficios fiscales y estabilidad normativa por 30 años para insertarse en la nueva economía de la inteligencia artificial, pero en el eslabón más subordinado de la cadena”.
“Necesitamos un régimen de incentivos, pero dar garantías no es lo mismo que dar concesiones ilimitadas”, dice en su título un reciente análisis del centro de innovación en políticas de desarrollo Fundar (aquí) y plantea dificultades concretas, por ejemplo, la brecha que existe entre los anuncios y las inversiones que realmente desembarcan, que hay opacidad en la administración del caso y porque, “combinados, estos beneficios implican que la inversión puede operar en territorio argentino -usando suelo, energía y agua- sin volcar prácticamente ningún dólar en la economía”.
“El costo es también institucional: El régimen crea, por 30 años, dos argentinas regulatorias: una para quienes entran al Súper RIGI y otra para el resto del tejido productivo”, dice y suma que “presenta un retroceso en materia de proveedores respecto del propio RIGI” dado que no plantea la utilización de recursos locales en la cadena de valor, ni de servicios ni de proveedores. Y advierte que se trata de un “paquete de beneficios se entrega sin contrapartidas productivas de ningún tipo”.
En diálogo con Telesemana.com Daniel Yankelevich, Principal Researcher de Fundar, valoró que “El super RIGI parte de una premisa cierta: necesitamos inversiones, necesitamos dinamizar la economía, y apostar por sectores nuevos y dinámicos es una buena opción. Pero la herramienta que eligieron para implementar esas ideas hace agua por todos lados. Lo más relevante es que no garantiza que las inversiones que se hagan en ese marco realmente contribuyan a la economía en forma relevante y cede mucho más de lo que hubiera sido necesario con un esquema mejor pensado”
Y ejemplificó. “Si llega una inversión para construir un data center que va a vender toda su capacidad de cómputo a una empresa del exterior, que luego- a su vez- nos va a vender los servicios de valor agregado (que tal vez se ejecuten en ese mismo data center) cobrándonos desde el exterior, casi sin pagar impuestos y casi sin requerimientos de contrataciones locales, va a haber un impacto positivo al inicio (la construcción del data center), pero la cuenta total no va a resultar muy positiva. Ni hablar si se trata de inversiones que iban a llegar de cualquier manera”.
“La discusión no es si queremos o no inversiones tecnológicas. La pregunta es mucho más concreta: qué tipo de inversiones, bajo qué condiciones, quién captura las ganancias y quién paga los costos. Porque los data centers no son fábricas llenas de trabajadores. Son infraestructuras intensivas en capital, energía, agua y tierra, con muy bajo empleo directo una vez terminada la construcción. Además, esto ocurre en un contexto donde los grandes empresarios tecnológicos —los Musk, Thiel, Altman, Zuckerberg— no son simplemente innovadores: son actores económicos y políticos con una capacidad inédita de condicionar gobiernos, regular mercados, controlar infraestructura crítica y moldear debates públicos. Entonces el Súper RIGI no es solo una ley económica. Es una decisión sobre soberanía”, valoró D´Alessandro.
En su mirada, “el problema central es que el proyecto garantiza mucho a los inversores y exige muy poco a cambio. Garantiza beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y estabilidad normativa por 30 años, pero no garantiza empleo, transferencia tecnológica, proveedores locales, inversión en ciencia, cuidado ambiental ni soberanía energética”, dijo la asesora y doctora en Economía.
Para Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), “la primera mirada es que todo lo que ayude a que haya inversiones en infraestructura en nuestro país es bueno. La segunda definición es que en el área de data centers venimos muy atrasados y que la promoción de leyes a nivel nacional tiene que ser acompañada también de leyes a nivel provincial y de resoluciones y de dictámenes a nivel municipal. Eso es muy importante”.
“Entendemos que el Super RIGI, por lo que leí hasta ahora y hasta donde entendemos nosotros, está hablando para valores de 1.000 millones de dólares, y a excepción de los mega data centers propietarios, el negocio de centros de datos no llega nunca a ese valor sin el equipamiento de los clientes adentro (porque el valor de los equipos de los clientes para hacer IA y la nube son muy superiores al valor de esa infraestructura que van a poner. Y si eso no se aclara, va a quedar solamente para muy pocos proyectos”.
Pero en la mirada de Graizer también es necesario crear instrumentos, “hace falta que le garanticemos una seguridad jurídica a todo lo que hace este negocio. Tanto los de acá, como los de afuera” dijo y planteó que en esa necesidad anida la carencia en infraestructura disponible y en dificultades de asequibilidad.
“Fíjate que en el informe que hizo CABASE sobre data centers -dijo Graizer a TeleSemana.com en relación a un trabajo presentado hace dos meses, en el Internet Day 2026– entre los 13 data centers que hay en el área múltiple de Buenos Aires, no llegan a sumar la potencia que tiene un solo de los data centers que está alrededor de San Pablo. Y esto es porque en el gobierno de Dilma, en Brasil, hicieron un proyecto de ley y les dieron garantías, que nosotros no le dimos. Si vos querés que la gente venga, invierta y tenga garantías, tiene que conseguir que las cosas funcionen bien”.
Y esto supone no sólo un desafío técnico sino regulatorio y de la infraestructura que tiene el país, sobre todo de cara al área más densamente poblada de la Argentina, el AMBA, con una gran tradición productiva. “Los data centers que van a venir, van a generar un servicio con una latencia menor a la que nos da San Pablo; ciudad que, para todo este negocio, es la capital de Latinoamérica por cantidad de gente, por condiciones, por regulación, por incentivos, por todo”
“Si van a venir los data centers será para atender los 15 millones de personas que estamos en el AMBA. Después van a poner pequeños, data centers más chiquitos para atender los regionales que haya alrededor de Córdoba y las demás provincias. Para las grandes cosas, la latencia no cambia. Van a estar donde más les convenga”, dijo Graizer y valoró que “es una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Este es el momento, la Argentina va a tener energía que no tenía hasta ahora. Es el momento de hacer las cosas bien para que esto pase. Si no, vamos a ser clientes de data centers que estén en otro lugar, siempre”.
“No todos los data centers son iguales, no todas las inversiones son iguales, y muchas veces las diferencias están en la letra chica o lo que se negocie a nivel de detalle: contrataciones locales, provisión de tecnología, etc. Con lo cual, uno puede opinar sobre el instrumento pero lo más relevante es después cómo se aplique ese instrumento. Eso lo vamos a ver más adelante”, admitió Yankelevich y propuso trabajar en el diseño de un instrumento de promoción que “resulte atractivo, pero negociando ventajas que sirvan a la economía del país. Hay ejemplos”.
¿Hay ejemplos cercanos? Hay ejemplos
“Chile lanzó a fines del año 2024 su Plan Nacional de Data Centers que propone una estrategia de desarrollo público-privada principalmente a través de la cooperación en la formación de perfiles técnicos, y disponibiliza capacidad de cómputo para el desarrollo local, e incluye normas regulatorias y ambientales”, dijo el analista de Fundar y agregó que “Brasil ofrece beneficios tributarios para las inversiones en data centers a cambio de ciertas prestaciones (compromisos de provisión de energía renovable, cumplimiento de normas de eficiencia energética, entre otras)”, precisó Yankelevich.
A ambas experiencias, Telesemana.com las fue relevando en tiempo real. Inclusive, a sus debates.
Uruguay cuenta con una zona franca consolidada que atrae inversiones y que sirvió para plataformas para que infraestructuras como la de Google desembarcaran allí. Esto, también supuso debates que aún hoy están vivos. Por ejemplo, porque hubo informes que identificaron el incremento del calor urbano generado por el funcionamiento del data center de Antel o por la imposición realizada al de Google para que minimizara el consumo de agua, tal como lo explicó a TeleSemana.com el propio Pablo Siris, director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
En el caso de Chile y de Brasil, a su vez, hay planes estratégicos además de debates sobre el modelo de promoción.
En Chile, el desembarco de estas iniciativas incluyen una Guía de Inversión promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), enmarcadas en una Estrategia Nacional de Data Centers y un Plan Nacional de Data Centers (PDATA). En ella, se establecieron siete medidas estratégicas: la creación de una herramienta digital para la planificación sostenible, un comité multiactor para el monitoreo, criterios de evaluación ambiental estandarizados, una guía de permisos críticos, de Acuerdos de Producción Limpia (APL), y del emplazamiento de campus regionales para la IA e Infraestructura avanzada para la investigación en IA. Pero no sólo eso, el país posee un plan estratégico de IA, diseñado a una década, cuyo desarrollo ya lo pondera por sobre la media regional.
En el caso de Brasil, la discusión aún está viva. Con un Régimen Tributario Especial para los Servicios de Centros de Datos (Redata) en una apuesta estratégica del país, para erigirse en un hub digital de procesamiento de datos y en el marco de una Política Nacional de Centros de Datos y centrado en una estrategia tendiente a dejar de importar ciertos servicios digitales para comenzar a exportarlos. La apuesta es grande porque está acompañada por una visión de neoindustrialización y conectividad significativa.
Para D´Alessandro, “son muchas las cosas que deberían cambiarse, pero una central es en torno a las condiciones ambientales: uso de agua, huella de carbono, demanda energética, impacto sobre comunidades locales y garantía de que no se afecte el abastecimiento de la población” y repasa esos ejemplos regionales en los que se recurren a mecanismos institucionales que se definan las condiciones de la política pública.
Continuará…
El Súper RIGI coloca a la Argentina ante una encrucijada histórica, signada por la necesidad de formar parte de la cadena de valor del desarrollo tecnológico global pero en la que parecen ponerse en juego recursos estratégicos irremplazables, como el agua y la energía. La contradicción se profundiza porque hay experiencias en países vecinos que logran regulaciones que exigen soberanía, transferencia de conocimiento y sustentabilidad, aún en la misma apuesta de erigirse como hub digital. En esa delgada línea se juega la oportunidad de negocio inmediato, pero también mucho, mucho del futuro.
