El gobierno de Mauricio Macri lleva tres años y las promesas de un país conectado y con servicios convergentes todavía no se ha materializado. En estos tres años, el sector pasó de tener un ministerio propio a pertenecer al ámbito del ministerio de Modernización y, tras una necesidad de ajustar cuentas, a ser solo una secretaría dentro de la jefatura de Gabinete de Ministros. Además, la prometida Ley Convergente nunca vio la luz y el grupo que tenía a cargo su elaboración siguió estirando los plazos.
El mercado, entonces, se fue emparchando a través de decretos, resoluciones y una ley corta enviada al Congreso que, de acuerdo a lo aprobado en el Senado, extiende todavía un año más el inicio de la esperada competencia y convergencia por todos los servicios.
La devaluación del peso, que perdió la mitad de su valor en los últimos meses, terminó de golpear a una industria que, a pesar de todo, ponía sus fichas en el despliegue de fibra óptica —aunque de forma acotada— con la esperanza de que eso le permita estar preparada para el inicio de la convergencia y, especialmente, para competir con Telecom, recientemente fusionada con Cablevisión. Los operadores grandes, con presupuestos ya aprobados, mantienen las inversiones aunque no aseguran cumplir con los plazos previstos. En tanto, los más pequeños, pusieron en stand by cualquier proyecto que le demande inversiones en dólares.
En este contexto, el gobierno argentino relanzó su Plan de Conectividad con un paquete de medidas que intentan darle algo de dinamismo al sector. Y también, se sentó a negociar con los tres operadores más grandes, con el objetivo de cubrir el 93 por ciento de la población con 4G.
El anuncio realizado por Andrés Ibarra se compone de un acuerdo para llegar a 2.800 localidades con 4G y alrededor de 10.000 kilómetros de rutas de los corredores nacionales para 2019. La decisión se conoce tras una reunión que mantuvo el presidente Macri con el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y los CEOs de los tres operadores móviles del país. El compromiso es que al menos un operador llegue a cada una de esas 2.800 localidades que todavía no están conectadas al 4G y que se produzcan acuerdos de roaming para garantizar la competencia. El roaming nacional será una solución transitoria hasta que a fines del período 2020-2021 todos los operadores puedan tener desplegadas sus redes, confirmó Andrés Ibarra a la prensa.
En realidad, la conectividad de la población al 4G se trata de una obligación que los operadores ya habían asumido con la licitación de 700 MHz pero que tuvo que ser demorada por la falta de limpieza de la banda.
El acuerdo por el 4G, no obstante, no significa el fin de la batalla entre los operadores y el Gobierno. Fuentes de Telefónica aseguraron que “el hecho de que encontremos acuerdos como industria y en conjunto con el Gobierno, no implica que Telefónica Movistar haya desistido de todos los reclamos que viene realizando ante las autoridades competentes”.
Los operadores consideran que las últimas decisiones del Gobierno, entre las que se encuentra, fundamentalmente, la aprobación de la fusión entre Telecom y Cablevisión, “no han propiciado las condiciones necesarias para lograr una competencia genuina en el sector”. Es que las condiciones que se le han puesto a Telecom para su fusión no conformaron a sus competidores. Según Telefónica, sólo “se ha logrado fortalecer a un solo actor y con características monopólicas en ciudades sensibles (por ejemplo, Córdoba)”. Otra de las quejas es la acumulación de espectro por parte de Telecom, cuyo plan de devolución todavía no ha sido aprobado —Ibarra espera tener pronto un detalle próximamente para analizar, localidad por localidad, cómo Telecom irá devolviendo los 80 MHz de espectro que determinó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)—.
Otra parte del paquete de medidas anunciado por el gobierno es la puesta a disposición de 2.400 millones de pesos para favorecer el despliegue de redes. Se trata de dos líneas de crédito, una de parte del Banco Nación y otra del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), a tasas subsidiadas. Esto, junto a los fondos no reembolsables que otorga Enacom, esperan fomentar el desarrollo de redes en sitios no conectados y localidades del interior del país.
Uno de los focos, según explicó Raúl Martínez, presidente de la estatal Arsat, es empujar a los pequeños operadores a que se conecten a la infraestructura de Arsat. “Vamos a pasar de iluminar a conectar casas y escuelas”, indicó Martínez, que, posteriormente, en diálogo con la prensa, aseguró que la intención de Arsat no es entrar en el mercado minorista, sino que sean los operadores que ya están presentes los que desplieguen la capilaridad que hoy hace falta en el interior del país.
De la batería de anuncios, que también incluyó una ventanilla única para iniciar trámites municipales para la instalación de infraestructura —que aún no se conoce cómo se instrumentará—, la promesa de una Agenda Digital y un Plan de Espectro, el único aplaudido fue la decisión de reducir la tarifa plana de Arsat una vez más. Un auditorio lleno de representantes de todo tipo de operadores aplaudió cuando Ibarra anunció que se reduciría de 14 dólares a 10 dólares por mega la tarifa mayorista del operador en una decisión que esperan permita darle algo más de aire a una industria cuyos costos son el dólares pero sus ingresos en pesos.
Las expectativas del gobierno con estos anuncios son ambiciosas. El acto, que cerró el Presidente Macri, recordó a los inicios de esta administración, cuando la necesidad de llevar conectividad a todo rincón del país estaba en el centro de la escena. El gobierno apuesta a la financiación a través del Fondo del Servicio Universal (FSU), los créditos y la disponibilidad de la banda de 450 MHZ para reactivar la inversión y mejorar los servicios de telecomunicaciones. Durante toda la reunión, se llamó a los operadores a invertir y se insistió en la colaboración entre el sector público y privado para alcanzar las metas propuestas.
Sin embargo, habrá que ver si los operadores son capaces de tomar los créditos subsidiados que ofrecerán desde el BICE y el Banco Nación, si los 2.400 millones de pesos alcanzan para potenciar la inversión —especialmente cuando no existen equipos para 450 MHz asequibles ni ecosistema de dispositivos para servicios móviles— y si, además, la actual administración logra terminar de acomodar el ecosistema para que los operadores grandes aumenten las inversiones en el país.
