Cuestiones contractuales ponen en lista de espera las necesidades de conectividad en Brasil

Procesos, documentos y cautelares obligaron a tachar, borrar y reescribir las fechas probables de ejecución de los proyectos que tienen como objetivo llevar más conectividad a Brasil. Aunque hubo noticias esta semana, las definiciones parecen haberse demorado lo suficiente como para poner en lista de espera a los más necesitados. Los actores a cargo de los proyectos se quejan de sus detractores, que piden velar por procesos transparentes y evitar letras chicas que vayan en contra de las metas que se persiguen desde el discurso.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ha dado buenas noticias a Telebras en los últimos días. Por un lado, derrumbó la cautelar que mantenía suspendido su contrato con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Mctic) para el programa Gesac y, por el otro, dio por válido su acuerdo con Viasat por la que la estadounidense tiene los derechos de explotación de la capacidad civil del Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas (SGDC), aunque en este caso impuso condiciones.

Uno de los objetivos que debe cumplir Telebras con el SDGC es el programa Internet para Todos, que funciona como una suerte de continuidad del Gesac, también con la meta de llevar conectividad a sitios aislados o comunidades en estado de vulnerabilidad social. Fuera de las idas y venidas que hicieron de este tema una cuestión compleja, lo que sí parece estar claro es quiénes son los perjudicados del retraso: sitios aislados y comunidades en estado de vulnerabilidad social.

El contrato entre Telebras y Mctic estaba parado por posibles irregularidades que ahora fueron descartadas. La jueza Ana Arraes había tomado como válida una denuncia de SindiTelebrasil y concluyó que era necesaria una suspensión inmediata por los riesgos inminentes que podría traer el acuerdo a los intereses públicos. En este caso, la defensa de las partes fue suficiente para levantar la cautelar y volver la situación al estado en el que estaba hasta los últimos días de julio.

El acuerdo Telebras-Viasat fue rubricado en marzo y desde entonces generó polémica. Hubo un sinfín de quejas: por qué no se escogió una empresa brasileña, por qué se eligió una compañía sin experiencia previa en el mercado local y por qué el contrato contenía puntos que, a criterio de los detractores, resultaban más beneficiosos para Viasat que para la empresa estatal, lo que suponía perjucio para los intereses de Brasil.

La voz más oída entre los reclamos que llegaron a la justicia fue la de Vía Direta, que añadió a los fundamentos que venía negociando una alianza con la estatal para la explotación del satélite y que fue instruida a comprar equipos pero luego el contrato fue infringido sin motivo. Otro punto fue que “Telebras entregó el 100 por ciento de la capacidad disponible (58 Gbps en banda Ka) a una sola empresa, creando un monopolio nocivo para el mercado local”.

El TCU consideró legal el acuerdo entre Telebras y Viasat pero puso como condiciones la reducción de casi 50 por ciento hasta 107 reales (29 dólares) en el pago que hará la estatal por cada antena VSAT que será instalada por la estadounidense, la renegociación de costos estipulados y de la lucratividad que traerá el proyecto para cada una de las partes. También hay sugerencias en aspectos como que el pago de impuestos sea obligación de Viasat y no de Telebras como se establece hasta ahora, indicó TeleSintese.

Telebras valoró que se hayan considerado sus argumentos para tomar como válido y legítimo el acuerdo con la empresa extranjera, entre los que se encontraba que la decisión se tomó luego de que el llamado público ejecutado con el objetivo de encontrar empresas interesadas resultó desierto. Viasat, en tanto, dijo estar “muy satisfecho” con que se de legalidad al acuerdo aunque se mostró preocupado por el hecho de que el TCU “haya solicitado modificaciones que podrían comprometer la viabilidad del programa del SGDC”, indicó el portal Convergencia Digital.

En junio, la estatal dijo que podrían dejar de instalarse 15.000 accesos a Internet de alta velocidad en colegios, centros de salud y puntos fronterizos si continuaba la cautelar contra su acuerdo con Viasat y añadió que la suspensión generaba pérdidas por 800.000 reales (216.300 dólares) al día. Las novedades recientes, fuera del ámbito judicial, podrían dar continuidad a proyectos clave para la conectividad en Brasil. El avance depende de que no se tome el próximo reclamo que prepara Vía Direta y de que sean suficientes los 90 días que dio el TCU para que Viasat y Telebras negocien un nuevo acuerdo. La conectividad de algunos, mientras tanto, deberá aguardar los tiempos burocráticos.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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