Las acciones de las autoridades con incidencia en el mercado de telecomunicaciones de Paraguay han sido foco de debate en los poco más de 14 meses que pasaron desde que Mario Abdo Benítez tomó de manera definitiva el cargo de presidente del país. Aunque varios de los problemas son heredaron de administraciones anteriores, los movimientos de la actual han servido para alimentar los argumentos de sus detractores o, al menos, no funcionaron para saldar las dudas iniciales.
En el tiempo que pasó entre que Benítez ganó las elecciones y el momento en que asumió el cargo, funcionarios afines hicieron su parte para avanzar en la creación de un ministerio sectorial, proyecto que tomó forma con el cambio de autoridades. En octubre de 2018 la iniciativa ya tenía luz verde a pesar de fuertes quejas de la oposición, que centraban sus reclamos en que la nueva cartera tendría funciones que la convertirían en un “Superministerio” y que serviría al oficialismo para objetivos ajenos al bien común.
Con las dudas sobrevolando el asunto, el cuestionado Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Paraguay (Micit) abrió sus puertas, como resultado de una fusión de la Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Senatics) y la Secretaria de Comunicación para el Desarrollo (Sicom) y con la premisa, entre otras, de ser nexo entre el Estado y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la estatal Copaco, firma que desde hace tiempo está inmersa en una compleja situación económica.
La Conatel quedó a cargo de Andrés Manuel Gubetich, que a poco de asumir dijo que lo suyo no eran las telecomunicaciones y que uno de sus principales objetivos de su gestión sería ir contra las radios ilegales. Quizás por la fuerza de sus palabras o por los desafíos que mantiene Paraguay en la materia el funcionario fue cuestionado primero y reemplazado después por un experimentado del sector, Juan Carlos Duarte Duré.
En octubre de 2018, en tanto, Alejandro Peralta Vierci juramentó para ejercer como ministro del Micit. “El control de los intereses estará en manos de un fortísimo jugador del negocio de las comunicaciones en el sector privado”, reflexionó por entonces el ex Sicom Augusto Dos Santos y abrió una nueva polémica. En el medio siguieron los debates en torno al futuro de la Agenda Digital del país y las dudas sobre cuándo Paraguay tendría una nueva licitación de espectro.
El Micit tuvo oportunidad de cambiar su rostro con la puesta en marcha de la Red Nacional de Fibra Óptica, un proyecto robusto con el que busca unificar los despliegues ya realizados y completar nuevos tramos para alcanzar con servicios a más de 1.300 oficinas de gobierno, 937 comisarias, más de 1.500 centros de salud y unas 10.300 instituciones educativas, entre otros. Pero la adjudicación del proyecto a la firma Celexx por 12 millones de dólares reavivó la polémica.
La licitación por la que se eligió a la compañía fue cuestionada por la firma Bulles, que denunció que el pliego de condiciones incluía requerimientos no indispensables que terminaron por limitar la competencia. La acción en contra del proceso no prosperó por decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo que dio luz verde al Estado para completar la operación. En enero de este año, de hecho, se hizo el primer desembolso a favor de Celexx por 2,4 millones de dólares.
A un año de firmado el contrato no hubo los avances esperados en la Red Nacional de Fibra Óptica. A la fecha las obras registran más de cinco meses de retrasos, denunció el portal local Hoy tomando como base una investigación de Caja Negra y una serie de cartas que funcionan como pruebas del caso. La empresa, agregó, responsabiliza del retraso a que el Micit no garantizó las condiciones técnicas y administrativas necesarias y dice que la situación genera costos adicionales que a futuro podrán ser trasladados al Estado.
Las redes troncales de fibra óptica en Latinoamérica persiguen distintos objetivos pero los despliegues podrían dividirse en aquellos iniciados en países que buscan reducir los costos de banda ancha y en los que pretenden mejorar con ellos la penetración del servicio. Paraguay, como país mediterráneo, podría incluirse en el primer grupo. El retraso en grandes proyectos de infraestructura es una constante en la región pero, en este caso, se mezcla con necesidades locales urgentes y dudas en la administración para un combo que promete nuevos capítulos repletos de polémica.
