Sin inversión privada no habrá Internet en los hogares. Si hay una preocupación de este gobierno es ampliar la conectividad. Las dos frases pueden resumir, de manera breve, la inauguración del Internet Day en la Argentina, el encuentro anual que, esta vez, se realizó en forma virtual para celebrar el día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, tal como lo estableció la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y que contó con la presencia de la primera plana del Gobierno argentino en telecomunicaciones y los actores del sector privado. Ambos intercambiaron sus pareceres y la crítica sube, pero de no mediar modificaciones la cuestión de la conectividad comenzará a transitar un camino cada vez más pedregoso en este país.
Como suele suceder en estos encuentros, hubo coincidencia entre ambos sectores en la necesidad de impulsar la conectividad, especialmente en un contexto de pandemia. Pero mientras la Cámara Argentina de Internet (CABASE), organizadora del encuentro, aprovechó su condición de anfitriona para subir el tono del reclamo en pos de tener certidumbre respecto al futuro para poder invertir y ampliar infraestructura, los funcionarios de Gobierno Claudio Ambrossini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Martín Olmos, subsecretario de tecnologías de la información y las comunicaciones, y Pablo Tognetti, presidente de Arsat, como buenos invitados, tomaron el guante, escucharon la crítica, pero también defendieron su gestión.
“Sin inversión privada no habrá internet en los hogares”, sentenció Ariel Graizer, presidente de CABASE en su discurso. “Las pymes operan en contexto de incertidumbre, dan servicio en donde otros no lo hacen pero no podemos trabajar a pérdida, no podemos trabajar sin saber si vamos a recuperar los costos”, agregó en otro tramo. “Es urgente y prioritario tener una mirada de largo plazo, un mecanismo que dé certidumbre y nos permita saber cómo operaremos hacia adelante”, continuó más adelante, para luego recordar que las pymes no son formadoras de precios, que no pueden fijarlos por encima de los competidores y que el flujo de inversión se cortó en agosto del año pasado, cuando se emitió el DNU 690 que estableció la obligatoriedad de obtener autorización ante cada aumento.
Luego vinieron las cifras que, en un primer vistazo, dejan bastante bien parada a la Argentina. La penetración de la banda ancha fija alcanzó el 68 por ciento al cierre de 2020, lo que ubica al país en una posición privilegiada en la región. Sin embargo, cuando se pone la lupa sobre el territorio las desigualdades en términos de cobertura, velocidad y calidad de servicio son muy dispares. De ahí, que se insista en la necesidad de ampliar infraestructura ya no sólo para conectar al 32 por ciento que no lo está sino para incrementar las velocidades pues, en ese métier, la Argentina está a mitad de camino del promedio de velocidad que hoy se registra a nivel mundial.
Quien primero tomó el guante de lo expuesto fue Ambrossini, quien defendió su gestión con los datos de inversión que se vienen realizando desde ese espacio por la vía de Aportes No Reembolsables (ARN) y demás recursos que provienen del Fondo de Servicio Universal (FSU), que comenzaron a implementarse a partir de 2020.
Tras enumerar cada una de las acciones, afirmó: “Coincidimos en que falta, estamos en el camino correcto porque el Estado tiene que estar donde se lo necesita, con disidencias y coincidencias con las cámaras y las pymes pero siempre con diálogo, y tratando de encaminar la conectividad en este país”.
Luego fue el turno de Olmos que también recordó otras definiciones que se tomaron en este tiempo como la compartición de infraestructura, la portabilidad fija y la regulación del reglamento audiovisual.
Si bien reconoció el rol del sector privado en materia de universalización de la banda ancha, al que calificó de “fundamental” también respondió al planteo expuesto por Graizer y sostuvo que “el pedido de certeza y certidumbre es un requisito para que el sector privado se pueda desarrollar, lo entendemos. Pero estamos en medio de una pandemia donde muchas de las certidumbres que teníamos se han disuelto. La pandemia se agregó a un nivel de descalabro económico con una inflación heredada y un default que nos llevó a apelar a herramientas distintas”, en alusión a la regulación de precios, que es la piedra en el zapato del sector.
Olmos, que se caracteriza por su tono componedor, esta vez también aprovechó el espacio para recordar que la regulación asimétrica, uno de los pedidos de las pyme de telecomunicaciones, se tuvo en cuenta a la hora de definir cómo se autorizan los aumentos a los distintos actores del mercado, aunque también admitió la existencia de diferencias en el modo en que se implementó.
A su turno, Pablo Tognetti describió las acciones que se están realizando desde Arsat, como la actualización de la capacidad de la Red Federal de Fibra Optica, la decisión de avanzar con la construcción de un tercer satélite y el uso de este tipo de conectividad para llegar a las poblaciones remotas en 2023, sin olvidar las acciones en relación al Centro Nacional de Datos y la Televisión Digital Abierta (TDA). El final de esta apertura estuvo a cargo del senador Alfredo Luenzo quien prefirió poner el foco en los contenidos y en la garantía de la libertad de expresión y otros derechos más que en mirar a internet sólo como infraestructura.
Las pymes de telecomunicaciones en la Argentina son las responsables de casi el 30 por ciento del total de los accesos y de los mayores despliegues de fibra óptica en los últimos años, aún cuando la participación de esta tecnología es baja en el total de al representar sólo el 13 por ciento. De ahí que este reclamo empiece a sonar cada vez más fuerte por la necesidad de encontrar un esquema que permita actualizar los precios de los servicios, situación que a su vez se ve impactada por un contexto inflacionario donde los distintos actores piden cada vez más contar con variables que permitan alcanzar sustentabilidad.
Es la única vía para alentar inversiones que se traduzcan en nuevos despliegues. De lo contrario, y tal como lo señalan desde la misma CABASE, si se sigue el ritmo actual a la Argentina le llevará 12 años conectar a los no conectados. Razón más que suficiente para que se busque de manera urgente destrabar aquellas regulaciones que están impidiendo avanzar. Empresas y gobierno han dado sobradas muestras de dialogar, y de hecho lo hacen. Pero hay que pasar a la etapa siguiente. Y en este punto le cabe a la política buscar el modo de salir de la judicialización que ella misma provocó porque ese es un cepo mucho más inhabilitador que el existente con el dólar.
