La brecha digital es la representación más material de los logros, los desafíos y de las urgencias registrados en materia de despliegues de infraestructuras, de políticas públicas de comunicaciones, de asequibilidad a los dispositivos y a los servicios, y de alfabetización, por ser escuetos. Y, en pandemia, ella no fue más que el reflejo cruel de las desigualdades, dado que las latitudes que mejor habían enfrentado a esta problemática fueron las que mejores herramientas tuvieron para enfrentar los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria que ya lleva casi dos años con altibajos, avances y retrocesos.
En sencillo: la accesibilidad o no a Internet de calidad y a sus dispositivos, pero también a las competencias necesarias para utilizarlos, implicó en pandemia el acceso o no a la educación, al trabajo y a la salud. Y, en días en que la región comienza a ver que 5G empieza a hacerse realidad (porque las subastas se concretan, porque las redes se encienden y porque las pruebas experimentales muestran las potencialidades), la falta de accesibilidad se evidencia como la combinación más exacta entre lo urgente y lo estratégico.
Hace un par de meses, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América latina (CAF), decía que “la región se enfrenta a un riesgo real de exclusión digital que, en el mediano plazo, puede agravar las brechas estructurales en materia de baja productividad y alta vulnerabilidad social”; y reflejaba una problemática que lo trasciende todo y que impone desafíos enormes a las poblaciones dado que, por ejemplo, el análisis de los indicadores de inclusión digital educativa en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay arrojó que el 46 por ciento de los 144 millones de estudiantes de entre cinco y 12 años no pudieron asistir a clases presenciales, pero tampoco a las virtuales. La foto es clara y terrible, al mismo tiempo.
El caso de Perú es vital para entender este escenario dado que un tercio de su población no usa Internet por falta de acceso al servicio o a los dispositivos (por falta de capilaridad o de asequibilidad) y hasta por desconocimiento porque no se puede querer, desear o valorar positivamente aquello que no se conoce. Esa carencia ubicó a Perú entre las poblaciones que menos servicios digitales utiliza, sólo por encima de Ecuador (54 por ciento) y Bolivia (44 por ciento); y muy lejos de Uruguay y Costa Rica, latitudes en las que mayor madurez digital se ostenta.
En Perú, los desafíos también son coyunturales y enfrentan la ambigüedad de culminar un año en el que se incrementaron un 36,3 por ciento las inversiones en materia de telecomunicaciones, al totalizar 262 millones de dólares (1.057 millones de soles); además de la necesidad de garantizar la continuidad del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), que en tres años ya conectó a más de 1,1 millones de habitantes de zonas remotas y rurales, y que por estos días se encuentra en plena búsqueda del operador cuya proyección en el tiempo garantice.
La complejidad no esquiva a la Argentina, donde sus alarmantes indicadores de pobreza (estimada en alrededor de la mitad de la población) y un esperanzador índice de población vacunada contra el covid-19 (estimado en más del 70 por ciento con calendario completo), pincelan un escenario en que la brecha digital sigue siendo un desafío por resolver. A mediados de año, el Gobierno nacional lanzó un programa de asequibilidad de dispositivos con fines educativos y lo llamó Juana Manso, para dar continuidad al viejo Plan Conectar Igualdad.
En esta nueva edición de dispositivos repartidos al personal docente y a los alumnados del sistema público, se sumó la incorporación de una plataforma de diseño abierto para facilitar y potenciar la experiencia pedagógica remota. Se trata de Huayra y se propuso como el reemplazo natural de las apps comerciales (como el Messenger de Facebook o WhatsApp) que sirvieron de plataforma de intercambio para docentes y alumnos en los días más aislados de 2020 y 2021.
Argentina tiene a casi el 70 por ciento de su población conectada a Internet, pero la brecha se extiende hacia el interior del territorio dado que en muchas de sus provincias la capilaridad no supera a la mitad de la población. Cabe destacar, en este rápido racconto, además, que la educación pública, gratuita y de calidad sigue siendo uno de los valores que identifican al país, en la formación integral inicial, primaria, secundaria y universitaria.
Pero el caso argentino, sin dudas, también está atravesado por la discusión y enfrentamiento en territorio judicial entre operadores y funcionarios que propició el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU 690), por el que se estableció a los servicios de telecomunicaciones y el acceso a Internet como un servicio público en competencia. El escenario de conflicto fue tal que no permitió que en algo más de un año se encontrara un punto de equilibrio y de negociación posible y hasta requirió de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y, como es de imaginarse, el ritmo inversor del sector en redes se desaceleró a la mitad de lo comprometido en el ciclo anterior.
Brasil, a su vez, pinceló el período que esta nota repasa con las acaloradas discusiones que propició la incorporación o no de la conectividad escolar entre las obligaciones de inversión comprometidas a los operadores que participaran de la licitación por 5G, y que lo logró. La conectividad escolar consiguió hacerse un lugar en la subasta, mediante la banda de 26 GHz: quizá la menos atractiva de todas por el resultado que arrojó al dejar muchos espacios ociosos.
Los indicadores disponibles señalan que en Brasil hay 138.000 escuelas, de las cuales 35.400 no posee conectividad a Internet; y la realidad refleja que el Grupo de Seguimiento del Costo de Proyectos de Conectividad Escolar (GAPE), que dará forma y continuidad al despliegue de la política activa de conectar escuelas a enlaces de alta velocidad, ya está en marcha y cuenta con 552 millones de dólares (3.100 millones de reales) en recursos efectivos para paliarlo.
Chile, por estas horas, a su vez, celebra el advenimiento de nuevos tiempos. No sólo porque 5G acaba de ser encendido, tras un año de permanentes desarrollos sobre espectro experimental e investigación aplicada en sus 22 Campus 5G; sino por el cambio de rumbo político que la asunción del nuevo gobierno, liderado por Gabriel Boric, implica.
Jamaica, por otra parte, pobló la agenda noticiosa con anuncios de un plan estratégico de conectividad de largo plazo, y que aspira a construir una sociedad verdaderamente digital hacia 2030. “Nuestro objetivo es brindar conectividad de última milla a todos los jamaiquinos para 2025”, dijo semanas atrás Daryl Vaz, ministro de Ciencia, Energía y Tecnología de Jamaica y recordó que la iniciativa se inscribe en el plan nacional de banda ancha anunciado un semestre atrás.
El desafío de la región es enorme y se pueden seguir repasando las iniciativas que, caso por caso, buscan paliar y hasta revertir esos focos de carencias estructurales en materia de consumos y de derechos digitales. En días en que muchos habitantes de la región expresan sus mejores deseos para el año venidero, no está de más incluir entre ellos la necesidad de que las políticas activas y las iniciativas dadas en la materia sean efectivas.
