Chile avanza en su proceso de convertirse en un hub digital de la región. Fue una meta que se impuso (y por la que apostó medidas e inversiones) la gestión de gobierno anterior y que hoy, (todo indica) tiene continuidad y cuyo enfoque amplía. En ese escenario, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado local, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Chile Telcos) y la Cámara Chilena de Infraestructura Digital acaban de elaborar una propuesta de Estrategia de transformación digital para Chile con un horizonte de largo plazo y sobre la base del aporte de los diversos integrantes del ecosistema local.
A lo largo de las más de 50 páginas, el documento al que TeleSemana.com pudo acceder de forma exclusiva, comienza por advertir que los programas y las estrategias anteriores “carecieron de un marco estratégico de largo plazo que trascienda los ciclos presidenciales y que esté adecuadamente integrado con planes de desarrollo más amplios” y, por ello, plantea la necesidad de comenzar a cambiar ese hábito para cimentar uno nuevo, sobre dos pilares: Chile conectado sin brechas y Chile digitalizado.
Se sabe, el de la eliminación de la brecha digital es una política anunciada hace tres semanas y alcanza a todas las iniciativas tendientes a resolver esta inequidad; mientras que el segundo, el de Chile digitalizado, aborda la adopción generalizada y sostenible de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para los procesos productivos del país y también constituye una iniciativa que tiene mucho desarrollo en el país, sobre todo, a partir de la licitación de 5G.
El refranero popular de la región recuerda de las virtudes de no borrar con el codo aquello que se escribió con la mano y, por ello, esta etapa y esta propuesta proponen tomar lo virtuoso de aquello ya desarrollado. Así, la iniciativa, se monta sobre una serie de componentes que sus autores identificaron como la infraestructura digital habilitante, el desarrollo de habilidades digitales, los derechos digitales, la digitalización de la economía, la ciberseguridad y la gobernanza.
En su afán por desmarcarse de la región pero también identificar potencialidades, advierte: “La penetración de banda ancha fija, medida por el porcentaje de hogares que han adquirido el servicio, es del 75 por ciento, lo que representa más de 20 puntos porcentuales en relación con la adopción promedio de América Latina y el Caribe. Sin embargo, si se compara con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 92 por ciento, Chile tiene todavía un camino por recorrer” advierte y asume, además, el “crecimiento acelerado” que el país registró en las últimas dos décadas.
A lo largo del informe, se repasan los indicadores locales y se analiza cada uno de los pilares señalados y se propone objetivos como “que todos los habitantes de Chile tengan la posibilidad de conectarse a Internet en cualquier momento y en cualquier lugar del país con una calidad adecuada que les permita llevar adelante todas sus actividades”, e insta a la promoción de legislaciones que lo acompañen, como la que implica reconocer Internet como un servicio público, “y con ello asegurar el financiamiento para las políticas de acceso universal”, o “adoptar una ley de subsidio a la demanda para servicios de telecomunicaciones”.
Entre las líneas propuestas, por ejemplo, se busca promover el despliegue de nuevas tecnologías, y señala al Wi-Fi 6 y al acceso satelital como dos ejemplos, al tiempo que propone “incentivar la innovación, particularmente con el uso del espectro, y los beneficios de la convergencia” y “promover la autonomía política, técnica y financiera que permita garantizar una función de supervisión adecuada” del regulador.
A la hora de establecer metas, por ejemplo, determina que la tecnología de quinta generación deberá alcanzar al 90 por ciento de la población en 2025, al 98 por ciento en 2030 y a la totalidad en 2035. También, especifica que los hogares pasados por FTTH deberán llegar al 65 por ciento en 2025, al 70 por ciento en 2030 y al 85 por ciento en 2035.
En ese afán de establecer metas y objetivos, también se hace referencia a la expectativa de las calidades de los servicios de banda ancha: la velocidad promedio de las redes fijas deberá ubicarse en los 160 Mbps para 2025, los 400 Mbps para 2030 y los 900 Mbps para 2035; la velocidad promedio de las redes móviles deberá llegar a los 60 Mbps para 2025, los 180 Mbps para 2030 y los 500 Mbps para 2035. A su vez, las redes de ultra alta velocidad en el Estado (velocidades superiores a 400 Mbps) deberán cubrir a todas las dependencias en 2030 y a 1 Gbps al 2035.
En lo que a penetración respecta, el norte está puesto en que el 80 por ciento de la población (usuarios únicos) sea usuario móvil en 2025, el 90 por ciento en 2030 y el 98 por ciento en 2035; mientras que deberán estar conectados el 85 por ciento de los hogares hacia 2025, el 90 por ciento hacia 2030 y el 95 por ciento para 2035.
Otro objetivo, por ejemplo, implica el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad que, en 2035 sea un modelo que contemple el resguardo a largo plazo, una docena de años; mediano (cuatro años) y corto (un año) plazo: “Esto permitirá generar el diseño de un sistema de planificación de capacidades por niveles. Se propone controlar el avance de la estrategia en el largo plazo, mediante el monitoreo de las tareas que se disponen cada año en la Ley de Presupuesto”.
Las iniciativas en materia de ciberseguridad no huelgan, sobre todo, en un contexto como el signado por la vulnerabilidad que experimentó semanas atrás Costa Rica y que encendió las alarmas de la región, y que el último fin de semana volvió a estar en el centro de la escena por haberse registrados nuevos ataques. Inspirado o no, en ello, este documento advierte la necesidad de tener como objetivos el desarrollo de una estrategia de ciberseguridad en defensa, de protección de la infraestructura crítica, y contar con lineamientos para la gestión de crisis de este tipo, entre otros; al tiempo que propone avanzar con la madurez de la certificación CMM, desarrollada por la Universidad de Oxford, que hoy está en un nivel dos y tres, que aspira a elevar al cuarto en 2030 y al quinto en 2035.
Con claridad, el documento reúne las intenciones no sólo del sector público o privado, sino de múltiples sectores y actores, como la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), el Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad Católica, el Ministerio de Economía, el Colegio de Ingenieros, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec), la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), American Tower, Dentons, Fundación País Digital, Red Universitaria Nacional (REUNA), la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), el Centro de Economía Digital, el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, la Fundación Kodea, la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y el Centro de Derecho Informático, entre muchos otros.
