La industria de las telecomunicaciones en la Argentina muestra una contradicción enorme. Por un lado, presenta uno de los mejores indicadores de penetración de servicios de telecomunicaciones de la región. Por el otro, muestra retrasos en la adopción de tecnologías como la fibra óptica y, aunque se avanza, no lo hace al ritmo que se necesita en un contexto en el que debe mejorar los indicadores de calidad de servicio. El contexto macroeconómico y las regulaciones, entre otros aspectos, actúan como inhibidores. Hay oportunidad -y es enorme- pero hay que hacer las cosas distintas a como se han venido haciendo si se pretenden resultados diferentes, si se acepta parafrasear a Einstein.
Esto quedó evidenciado en el segundo encuentro de la Mesa de la Industria TIC, iniciativa conformada hace tres años por tres de las principales operadoras de telecomunicaciones de la Argentina y tres de las principales entidades que nuclean a empresas, cooperativas y pymes del país, con el objetivo de definir el norte hacia el que se dirigirá el sector, más allá de las cuestiones coyunturales.
Desde Costa del Este, hasta donde llegó TeleSemana.com, los fundadores de esta entidad, Telefónica, Telecom, Vrío, la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur) y la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pyme (CACPY) dieron las bienvenida a las entidades que, ahora, se sumaron en calidad de adherentes: la Cámara Argentina de Telecomunicaciones (CATEL), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), Red Intercable, la Asociación Argentina TIC Video y Conectividad (ATVC), la Cámara de Telefonía IP (CATIP), Infraestructura Digital Argentina (IDA) y la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI). Entre todos brindan servicios al 95 por ciento de la población argentina. Y todos tienen diferentes intereses, más allá de que hoy están atravesados por las mismas dificultades macroeconómicas de la Argentina.
En esta oportunidad, el objetivo fue profundizar el camino de colaboración entre los distintos actores telcos iniciado hace tres años y que vio plasmado su primer trabajo en conjunto a finales de 2022, cuando presentaron un diagnóstico de situación de mercado además de 11 propuestas orientadas a impulsar al sector que, más allá de los buenos números que presenta, viene en contracción.
En la Argentina hay 10,5 millones de hogares conectados a Internet, que acceden a una velocidad promedio de 52,34 Mbps, donde la fibra óptica representó un 20 por ciento del total de accesos, según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a diciembre de 2021. Cifra que totalizaría un 25 por ciento al cierre de 2022.
Estos datos colocan a la Argentina en una posición privilegiada en penetración de servicios TIC si se la compara con la región. La penetración de los servicios móviles alcanza el 126 por ciento, la de TV paga el 69 por ciento, y la banda ancha fija, un 76 por ciento, a 2021. Contrasta con el 119 por ciento en servicios móviles y el 58 por ciento de banda ancha fija de Brasil, y con el 100 por ciento y el 70 por ciento de México de manera respectiva. En relación a Chile, que en 2022 logró tener la banda ancha fija más veloz del mundo, sus indicadores de penetración se ubican en 136 por ciento para móviles, y 66 por ciento para la Internet fija, siempre siguiendo datos de los organismos reguladores.
Las propuestas de la Mesa de la Industria TIC apuntan a modificar problemas “estructurales” que tiene esta industria en la Argentina, más allá lo estrictamente coyuntural que, por estos meses, es altamente complejo.
Las tres primeras iniciativas apuntan a retomar el status regulatorio previo al DNU 690, utilizar el Fondo de Servicios Universal (FSU) dentro de un plan integrar con discusión de los actores del sector público y privado, e incrementar esos fondos con el aporte de las empresas extranjeras que brindan servicios de streaming. Luego hay temas vinculados con el aprovechamiento de infraestructura desplegada y no utilizada, con la reducción impositiva, la eliminación de burocracia, la implementación de un plan de espectro móvil de mediano y largo plazo, entre otras, que en general buscan una mejor articulación desde y con el sector público.
Estas propuestas son las que apuntan a modificar aspectos estructurales que impactan en el funcionamiento de la industria de manera negativa. La necesidad de articular nuevas medidas tiene que ver con pensar el sector hacia adelante, porque la realidad actual con las regulaciones vigentes facilita poco.
Las inversiones del sector, que entre 2013 y 2018 rondaban los 2.000 millones de dólares anuales, se contrajeron a la mitad en 2020, producto del DNU 690 y, aunque en 2021 hubo una recuperación, ese valor se ubicó en los 1.280 millones de dólares, muy alejado de la situación anterior.
El ARPU del sector siguió el mismo comportamiento. En 2013, el fijo se ubicaba en 22,9 dólares, mientras el móvil lo hacía en los 11,6 dólares. Sin embargo, esa curva fue decreciendo de manera constante, con una excepción en 2017, cuando se recuperó en ambos segmentos -hasta los 24,8 dólares en el fijo y 8,9 dólares en el móvil- pero que luego siguió cayendo hasta los 15,6 dólares en fijo, y los 5,1 dólares en móvil, según un estudio que, en el marco de este encuentro, dio a conocer el economista Marcos Orteu.
Estos valores difieren de los ARPUs que muestra otros mercados, como Brasil, que ostenta 17,3 dólares para los fijos y 5,5 para los móviles; o Chile, con 28,4 dólares para los primeros, y 10,6 dólares para los segundos; o México, con 20,8 dólares para el fijo y 6,5 dólares para el móvil.
Si bien el ARPU está fuertemente impactado por la coyuntura y la falta de crecimiento que este país arrastra desde hace una década, la discusión que pretende esta mesa pasa por definir la nueva estructura que necesita el sector para tener un funcionamiento acorde al contexto que la industria experimenta a nivel global.
Por eso, Ariel Graizer, presidente de CABASE, sostuvo que “es objetivo de esta mesa Incluir al resto, a los que faltan. Faltan asociaciones y representantes para tener la discusión interna. Y también estamos discutiendo qué tipo de país queremos para adelante. Tenemos que discutirlo y ponernos de acuerdo”. Fue quien destacó que la de las TIC “es una industria de industrias. Queremos ser tomados en cuenta por la política y por los actores que vienen, y que esto se tome en serio porque no puede haber políticas públicas sin que estemos sentados a la mesa”, agregó, además de señalar que de esta iniciativa también deberían formar parte las empresas de software y servicios.
Marcelo Tulisi, presidente de CACPY, subrayó que es necesario establecer “alianzas entre empresas pequeñas, medianas y grandes porque solos no se puede. La Argentina es muy grande y es necesario nuevas alianzas para llegar a ese fin y achicar la brecha digital”.
Antonio Roncoroni subió la apuesta cuando apuntó que “los precios por debajo de los costos no pueden existir. Hay que mejorar la macroeconomía y no poner trabas. La inflación subió 400 por ciento y el precio del dólar subió más de 200 por ciento en los últimos cuatro años. En términos de dólares y salariales nos hemos quedado atrás, y aún teniendo libertad de precios -porque con las cautelares podríamos aumentar lo que quisiéramos- el mercado no da para más”. Aseveró que están invirtiendo en un negocio que no tiene rentabilidad pero que si las condiciones macroeconómicas mejoran “lo primero que buscaremos será llegar al piso que teníamos” en términos de inversiones. En otras palabras, llegar a esos 2.000 millones de dólares que quedaron atrás.
Pero eso no se trata de magia, tampoco de buena voluntad sin más. Las perspectivas no parecen tan halagüeñas para el próximo año. En el encuentro en Costa del Este, el economista Salvador di Stéfano, también dio sus proyecciones sobre la Argentina para el corto plazo. Sostuvo que la inflación alcanzará el 160 por ciento a marzo de 2024, contra un 119,4 por ciento que prevé el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En paralelo, estima una devaluación anual del 221,1 por ciento en su perspectiva propia, contra 123 por ciento del REM. Esto impacta tanto a esta industria como a los 47 millones de habitantes que tiene la Argentina.
Derogar el DNU 690, entonces, no es el único factor a modificar para que el sector se maneje en un nuevo contexto. Si bien los integrantes fundadores de la mesa aseguraron que volver al status previo permitiría retomar las inversiones, la inmediatez estará sujeta también al cambio de expectativa.
“La unificación de miradas de un sector que invierte, que genera empleo de calidad, tiene que estar incluido para las reglas que queremos para los próximos 10 años. Queremos ser parte de la mesa argentina que discute estos temas”, sostuvo Alejandro Lastra, director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica. Esto sucede en un momento en donde la principal discusión que hoy el sector tiene con el gobierno gira en torno a la licitación 5G donde, además de no haber acuerdos básicos sobre precio, tampoco hay certeza sobre el negocio, tal como lo describió Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom: “Las empresas grandes estamos discutiendo el tema de 5G, con las dificultades de la macro”.
Mientras la Mesa de la Industria TIC busca ponerse de acuerdo para llegar al ámbito de discusión y decisión de la agenda pública, el gobierno actual quiere poner en marcha una licitación 5G que presenta muchos escollos y sobre la que TeleSemana.com ha venido desarrollando en profundidad.
Más allá de esto, y en función de lo manifestado en el encuentro de Costa del Este -que no se terminó allí ni tampoco finaliza en este artículo-, el próximo gobierno de la Argentina debería recibir propuestas sólidas de parte de la industria TIC si quiere formar parte de la agenda pública. Tener un norte claro, con intereses en común, en el que los distintos actores estén encolumnados seguramente sea una forma de abordar la problemática de una manera distinta con resultados nuevos, como lo planteaba Einstein, y como lo pretende esta mesa.
