Los representantes de Movistar, Claro y Dedicado declararon ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado de Uruguay el miércoles 3 de mayo, 15 días después que lo hicieran el ministro de Industria, Energía y Minería y las autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). El objetivo de esta sesión fue precisar los cuestionamientos y planteos que los privados hacen a las decisiones tomadas en torno al espectro radioeléctrico del país. Cada una de las presentaciones fueron registradas en una versión taquigráfica oficial, a la que TeleSemana.com tuvo acceso y que esta crónica busca reflejar, 24 horas antes de que se inicie la subasta de 5G.
El relato de este encuentro, protagonizado por los operadores y los legisladores locales, exhibe buena parte de los planteos que TeleSemana.com ya había adelantado días atrás pero que redobla su valor por tratarse, justamente, de una sesión oficial en el Senado nacional.
Cada caso es un mundo.
Las presentaciones, en orden de formulación, fueron las de Telefónica, Dedicado y Claro. Así, Telefónica aclaró conceptos vinculados a la renovación del espectro asociado a la prestación del servicio 4G, pero también -y al igual que Claro, formuló cuestionamientos a conceptuales y metodológicos de la que será la subasta de 5G, como las condiciones de competencia con el operador público, la dinámica de los ingresos, las potenciales del mercado local, y la valoración del espectro, entre otros. Dedicado, a su turno, no ahorró en detalles para precisar por qué se siente discriminado, reiteró su pedido a acceder a una autorización que le permita prestar servicios IMT en los 200 MHz que ya posee en la banda de 3.5 GHz (aunque destinados a otro uso), y redobló la apuesta al proponer que ellos, pero también quienes adquieran espectro para operar 5G, asuman la imposición legal de revender acciones por 10 años.
La jornada comenzó con el detalle ofrecido por Leticia Lago, responsable de Asuntos Públicos, Regulación y Legales de Telefónica Móviles de Uruguay, quien repasó el posicionamiento de la empresa, a la que caracterizó como “una empresa que desde hace más de 30 años viene demostrando su compromiso con acciones concretas en el país” además de precisar que desde 2005 ya invirtió más de 650 millones de dólares en el país, que genera empleo directo a más de 600 colaboradores y a otros 700 en forma indirecta, además de contar con más de 5.000 proveedores y socios estratégicos; y dar servicio al 30 por ciento de la población local.
Por parte de Dedicado (Enalur SA), fue el abogado Arturo Vargas Lerena quien se expresó ante la comisión parlamentaria y quien recordó que acredita 22 años de operaciones, cuando en 1999 el país liberó el mercado de datos y se propició un procedimiento competitivo del que fue el único operador nacional privado en participar; que desde aquel momento invirtieron más de 60 millones de dólares, y recordó el plan de inversión presentado en la Comap en 2020 por 70 millones de dólares adicionales, que está en ejecución y sobre el que “ya hemos cumplido más del 30 por ciento”. Que presta servicios con cobertura nacional, que posee más de 160 sitios desplegados y 300 radiobases.
Alejandro Quiroga Lopez, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, a su turno, recordó que el operador tiene presencia en el país desde hace más de 18 años y que lleva invertidos más de 400 millones de dólares, “Asimismo, trabajamos con múltiples actores locales del ecosistema de telecomunicaciones de Uruguay, buscando alianzas, oportunidades de conectividad y negocios para ellos y para nosotros”, aseguró.
¿Y sobre 5G qué se dijo?
“Con respecto a la tecnología 5G, creemos que este debate o esta convocatoria son muy oportunos, dado que se trata de una de las decisiones más complejas que están tomando los países debido a que hay muchos factores involucrados”, dijo el ejecutivo de Claro y repasó aspectos vinculados a la geopolítica y la implementación de herramientas como la internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada (RA); además de los desafíos vinculados a la ciberseguridad y la privacidad de los ciudadanos; pero también el achicamiento de la brecha digital. Y, como es de esperarse, dejó en claro también su postura en relación al espectro radioeléctrico: “La mayoría de los países han iniciado la prestación del servicio con la banda de 3.5 GHz, que es una banda mediana dentro de las altas –como Uruguay también lo quiere hacer–, pero se requiere del resto de las bandas”.
El ejecutivo de Claro también subrayó que ya se habían expresado sus pareceres y cuestionamientos formales ante las diversas ventanas que el proceso de subasta para 5G había facilitado para tal fin, pero que no tuvieron suerte. “Registramos más de 20 observaciones al pliego y hubo más de 10 informes o estudios de consultoras internacionales de primerísimo nivel que consideraban o abordaban los distintos aspectos para una toma de decisión sobre la estructura de subasta y sus condiciones. Cabe decir que, salvo algunas aclaraciones o correcciones de redacción que tenía el pliego, en términos generales la mayoría de los elementos que aportamos no han sido considerados. Incluso, con la velocidad que se le ha dado al proceso de estos períodos de consulta, creemos que difícilmente hayan sido analizados a fondo”.
Además, y en relación a la cuestión del precio de base de la subasta, Quiroga López se refirió de forma detallada y concluyó que es “realmente caro o muy elevado para el tamaño de la realidad del mercado potencial de Uruguay” y lo comparó con las coyunturas y la experiencia desarrollada en otros territorios.
“Cabe mencionar que el precio base fijado no surge de la comparativa de precios internacionales, sino que es un precio distinto, más elevado, que ha sido fijado por una recomendación de la Dinatel”, dijo el ejecutivo de Claro y aclaró que “esto ha sido observado por parte del servicio jurídico del MIEM (…), que no hay fundamento en el precio incremental, que es superior al de mercado”.
A su turno, Lago, de Telefónica Móviles de Uruguay, recordó la impugnación realizada al decreto que aprobó el pliego de condiciones de la subasta de 5G y argumentó su postura. Para ella, “el desafío para Uruguay es lograr un despliegue que sea competitivo, no se trata simplemente de subastar frecuencias radioeléctricas”.
“Nosotros advertimos que las condiciones actuales no facilitan dicho despliegue a los operadores privados” dijo y precisó “que no se les habilita a contratar fibra óptica del operador estatal, pero tampoco se generan condiciones que posibiliten a los restantes operadores desplegar sus propias redes, porque no se les dan las licencias para que brinden todos los servicios que, técnicamente, posibilitaría dicha red, como los servicios de acceso a Internet fijo alámbrico, y que puedan rentabilizar las inversiones”.
La ejecutiva recordó que el despliegue de 5G requerirá multiplicar por 10 las radiobases necesarias para tecnologías anteriores y valoró que “es imposible atender esos requerimientos de capacidad sin el uso de la fibra óptica como medio de trasmisión”.
“En un contexto de monopolio de Antel en el uso de fibra para servicios de Internet al hogar, el operador del Estado ya ha desplegado una vasta red de fibra, lo que representa una verdadera fortaleza para este país, pero a la vez se convierte en una barrera de entrada para otros operadores”, sentenció Lago y profundizó el planteo: “Si lo que se busca es tener un 5G competitivo, o bien los operadores privados pagan por el uso de la infraestructura al operador que ya fue desarrollada, o bien se les facilita a los operadores privados que puedan prestar todos los servicios que esas redes soportan, en caso de que las vayan a desplegar. El problema es que, hasta ahora, no se ha resuelto este dilema y no se les ha permitido ninguna de ambas alternativas”.
A su turno, el responsable de expresarse por Dedicado recordó que ellos habían iniciado conversaciones con la actual administración y que tenían previsto participar de la subasta de 5G. “Basándonos en el nuevo proyecto que estamos por presentar, para realizar la mayor inversión en la historia de la compañía para desplegar en el país una red 5G de última generación por un monto de 70 millones de dólares, mantuvimos una reunión en noviembre de 2020 con el presidente de la república, quien estaba acompañado por su asesor en el rubro de inversiones”, dijo.
Luego, Vargas Lerena precisó que avanzaron en más reuniones, tendientes a “materializar la autorización a nuestra empresa para la prestación de servicios IMT (…) sobre los espectros ya adjudicados, así como la confirmación de los espectros que iban a ser parte de la próxima subasta destinada al despliegue de la tecnología 5G”. Dijo y se refirió al espectro que tienen en la banda de 3.5 GHz pero que no pueden explotar para servicios móviles.
“En abril o mayo de 2021 se llegó a un acuerdo mediante el cual nos confirmaron, por un lado, la voluntad del presidente, en acuerdo con el ministro y el asesor presidencial, de avanzar para que la empresa pudiera prestar servicios IMT en base al canon acordado que está reflejado en los borradores que se nos entregó por parte del Poder Ejecutivo en varias oportunidades, y por otro, la inclusión en la subasta de los espectros remanentes de bandas bajas así como de los tres bloques de la banda de 3.5 GHz y el espectro disponible en la banda de 26 GHz, en línea con las subastas que se vienen realizando en la región, como son los casos de Chile y Brasil”, dijo el abogado de Dedicado, y precisó que dichas conversaciones y encuentros se reflejan en los documentos intercambiados.
“Luego de casi dos años de reuniones con el ministro de Industria, Energía y Minería explicándole nuestras inversiones y despliegues, es difícil entender que ahora no se reconozca nuestra experiencia y se pongan requisitos a medida para que nuestra empresa no pueda prestar servicios IMT, incumpliendo lo acordado durante todo ese período”, valoró el representante de Dedicado. En ese sentido, apuntó que “los requisitos que, a posteriori del decreto incorpora la presidenta de la Ursec al pliego de bases de la subasta, son un traje a medida para asegurarse, mediante nuevos obstáculos nunca vistos en ninguna subasta en el mundo, la exclusión de la subasta del único operador de capitales nacionales, haciendo del supuesto proceso competitivo una adjudicación de espectros a las dos multinacionales con fachada de subasta abierta”.
Las suspicacias también estuvieron presentes en la sesión de la Comisión de Industria en el Senado de Uruguay.
“Queremos aclarar que nunca nos hemos opuesto al ingreso de un nuevo operador, en este caso el operador local Dedicado. Hemos planteado distintas alternativas, incluso algunas de las recomendaciones que tiene la OSD en cuanto a hacer un cambio en la asignación del espectro que hoy tiene ese operador local”, dijo Quiroga López, de Claro. Adelantó que “existe un conjunto de reglas desiguales para los distintos operadores por lo que no todos podemos dar los mismos servicios. No podemos tener la misma eficiencia en las inversiones de red de fibra óptica que requiere 5G respecto de lo que puede hacer el operador con mayor participación en el mercado, y tampoco por el hecho de que ahora se han abierto las licencias y se han entregado las licencias de Internet a los operadores de televisión en el mercado más relevante que es el de Montevideo. El procedimiento ha sido muy breve y eso constituye una barrera para cualquier entrante que tiene que tomar decisiones, juntar una serie de documentación, presentar planes y reunir las garantías”.
“El ministro ha manifestado que se ha incluido en el pliego de bases de la subasta una cláusula de antecedentes, para evitar que alguien, sin los antecedentes adecuados, ocupe una banda y termine revendiéndola -dijo el abogado de Dedicado y continuó- Al respecto, quisiera aclarar algo. Lo que les preocupa realmente a todos los gobiernos, en todas partes del mundo, no es que la empresa tenga antecedentes adecuados o no, sino que se compren espectros o se hagan de espectros para luego revenderlos y no explotarlos (…). Hacemos testigo a este Parlamento, que representa a todos los uruguayos, de la reiteración pública del pedido de ampliación de la autorización que hoy tenemos, agregando la prestación del servicio IMT sobre el espectro que ya tenemos asignado y que explotamos hace más de 20 años”.
En ese ámbito, Dedicado redobló la apuesta e instó a que, como garantía de su “vocación” de invertir en el país y a la vez que se los autorice prestar el servicio IMT, se les imponga la restricción de revender las acciones de su empresa por un plazo de 10 años, pero solicitó volverla una condición extensiva a todos los operadores que adquieran espectro para servicios IMT.
“Ahí, entonces, habrá reglas de juego que pongan a todos los operadores en pie de igualdad en cuanto a la posibilidad de revender el espectro, en lugar de crear suspicacias que echen sombras sobre las intenciones de alguien, con el objetivo de descalificar el reclamo de un derecho legítimo y justificar la exclusión de uno de ellos”, sotuvo el representante de Dedicado.
A su vez, Lasso también aprovechó el ámbito para señalar los mercados de clientes que son habilitados para los operadores, al tiempo que advirtió que el mayor empleador del país es el Estado, pero que éste contrata “en forma casi exclusiva cualquier servicio o equipamiento de telecomunicaciones a la empresa pública mediante el mecanismo de la contratación directa, en lugar de abrir procedimientos competitivos en el que el Estado se beneficiaría con pluralidad de ofertas”. Ejemplificó con el convenio establecido entre la empresa pública energética UTE y Antel para la implementación de medidores inteligentes de electricidad para hogares, al que “los operadores privados no han sido invitados a participar en proceso competitivo alguno. O sea, la contratación directa, que debería ser la excepción, es la norma”.
La relación de la industria con Antel, también se planteó, aunque varió el enfoque.
“Nosotros también hemos impugnado las condiciones de la subasta 5G, debido a esas ventajas que se le confieren al operador estatal y que entendemos son violatorias de los tratados de protección a la inversión extranjera, que nuestro país ha suscripto y que contrarían también el Reglamento de Administración y Control del Espectro Radioeléctrico, que promueve el acceso equitativo al espectro mediante procedimientos no discriminatorios”, dijo Lasso. Como modo de dar precisiones, se refirió a las ventajas en relación a la cantidad de espectro, “dado que el tope de espectro de 100 Megas aplica solamente a los operadores privados, pero no al estatal, y a las ventajas respecto a la elección previa del bloque a ser adquirido. Entendemos que si hay un tope de espectro establecido, debe regir para todos los operadores”.
“Hemos expresado claramente que no estamos de acuerdo y no nos parece correcto presionar al Gobierno para que se abra la fibra de Antel o su tecnología, como plantean las multinacionales. En Uruguay hacen lobby explicando mundos de competencia perfectos cuando tienen tremendas demandas por conductas monopólicas en sus países de origen, así como sentencias multimillonarias por prácticas de colusión en subastas, perjudicando a gobiernos en países de Latinoamérica”, dijo el abogado de Dedicado a su turno.
Al momento de cerrar su ponencia, Lasso recordó que el rol de catalizador del crecimiento de todos los sectores y de la economía en su conjunto que tienen las TICs y que, por tanto, “no se puede concebir al espectro como un simple mecanismo de recaudación (…); el desafío es maximizar el bienestar social”.
“Existen transgresiones a la seguridad jurídica en lo que refiere al tratamiento de la protección de inversiones extranjeras en el país. Se exige la renuncia a los mecanismos de protección de los tratados. También se pide que se haga una declaración expresa, que en la práctica significa convalidar todo lo actuado con anterioridad al proceso de subasta. Tampoco se pueden hacer declaraciones una vez que se inicia el proceso de subasta y no son las mismas las condiciones de lo que sería la carrera donde todos podemos empezar a prestar los servicios al mismo tiempo”, dijo Quiroga Lopez e invitó a “evaluar cómo se destruye menos valor, o sea, participando o no participando”.
“Creemos que hubiera sido ideal que se revisaran muchos de estos puntos, que hubiera un mayor debate porque esto, en definitiva, iba a mejorar las condiciones para el Uruguay”, dijo el ejecutivo de Claro.
¿Qué se dijo sobre la renovación de espectro para 4G?
“En primer lugar, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para poder aclarar algunos aspectos entorno a las bandas de espectro a renovar, dado que ha circulado información errónea que entendemos ha generado confusión”, comenzó Lago y precisó el detalle del espectro renovado: “En diciembre de 2022 se aprobó la renovación de 10 MHz en la banda de 1900, que Telefónica había adquirido por un proceso competitivo en el año 2002. El precio abonado en esa renovación fue de seis millones de dólares, lo mismo que había abonado en el momento de la asignación, en el año 2002”.
Pero Lago también se refirió a la banda de 850 MHz para advertir que “el plazo de concesión no expiró”, y precisar que falta más de un año para que expire y “ni siquiera hemos comenzado el proceso de solicitud para su renovación. En definitiva, se ha afirmado que nos han renovado espectro a un precio determinado cuando ni siquiera hemos tomado la decisión de solicitar –o no– dicha renovación”.
La ejecutiva de Telefónica también valoró “importante tener presente que, para la renovación de espectro, la recomendación de organismos de referencia en la industria”, dijo y citó a entidades como el Banco Mundial, la UIT, la OCDE, la GSMA y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la), quienes recomiendan que en estos casos se haga una renovación o se efectúe una prórroga y no una nueva subasta; además de recomendar un plazo de entre 15 y 20 años.
Allí, Lago también citó las recomendaciones del Cet.la para advertir que “el espectro renovado se utiliza para mantener usuarios en mercados que tienen posibilidades limitadas de crecimiento” y que “no genera ni presenta oportunidad para incrementar las fuentes de ingresos”.
Inclusive, y sobre la base de estos informes, la ejecutiva señaló que los ingresos móviles por MHz asignados se redujeron un 80 por ciento en términos reales desde 2010. por lo que valoró “no razonable el suponer que el espectro deba valer lo mismo o más que antes, cuando han cambiado prácticamente todas las circunstancias que determinan el valor del espectro”, dijo Lago. Sostuvo, en ese marco, que en realidad, el valor de ese espectro es de 4.740.000 dólares y no los seis millones de dólares abonados.
Pero el planteo sobre el costo espectral también fue parte de la ponencia de Claro. Al igual que Lago, Quiroga López, se refirió a la dinámica de ingresos por megahercio dado que “vienen disminuyendo” pues, aunque se haya incrementado el tráfico de datos, los ingresos no acompañaron ese ritmo y que “con 5G esto todavía se va a acelerar mucho más”, advirtió el ejecutivo.
Horas previas, decisivas para la subasta del espectro 5G en Uruguay.
Con todo, esta sesión demoró alrededor de tres horas en las que los equipos que representaron a los operadores expusieron sus pareceres a su turno, y respondieron las preguntas que las y los legisladores formularon. Es más, la versión taquigráfica supera las 60 páginas.
A estas horas, también resulta pertinente recordar que hace tres semanas se había reagendado para el 9 de mayo la fecha para que se iniciara la instancia final del procedimiento en la Ursec y, por ende, dar inicio al proceso de subasta para 5G. Sí, en este clima, la cita sigue siendo mañana a las 10 de la mañana. Y esa ocasión, seguramente, dará origen a otro artículo de TeleSemana.com.
