20 años no son nada: Asignación de espectro radioeléctrico en las Américas

La historia del servicio celular en las Américas comienza en 1981 con la división de los Estados Unidos en 734 zonas geográficas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) para la asignación de dos bloques de espectro radioeléctrico de 20 MHz cada uno en la banda de 800 MHz. La idea era que con estos dos bloques (el A y el B) se comenzara a ofrecer servicio celular por parte del operador incumbente de telefonía fija (Banda B) y un nuevo entrante (Banda A). Los interesados en recibir el bloque de la Banda A tenían que llenar una solicitud, en un proceso licenciamiento administrativo que luego sería comúnmente denominado como concurso de belleza.

El origen del complejo proceso de administración de espectro radioeléctrico para servicios móviles se gestaba con concesiones ofrecidas a perpetuidad para un servicio considerado artículo de lujo, las cortes estadounidenses alteraban el panorama de telecomunicaciones de este país. De esta forma, en 1982 se ordena el rompimiento del monopolio estadounidense en servicios de telecomunicaciones, migrando de un monopolio nacional a la creación de siete monopolios regionales. Fue así como, el servicio celular finalmente comienza a comercializarse en Estados Unidos en 1983 en medio de la separación de la llamada “Ma Bell” que finalmente toma lugar en 1984.

Mientras esto sucedía en Estados Unidos, los servicios celulares también arribaban a otros mercados de las Américas siendo Canadá en 1985 quien da seguimiento a su vecino del sur. Ya los lanzamientos subsiguientes ocurren en el Caribe con el territorio estadounidense de Puerto Rico lanzando el mismo año que los departamentos de ultramar franceses de Guadalupe y Martinica. Luego del lanzamiento de República Dominicana en 1987, el resto de la región fue lanzando servicios, siendo Colombia el último de los grandes mercados de América Latina en hacerlo en 1994. El acercamiento al espectro inicialmente emulaba los dos bloques de Banda A y Banda B que se dieron en Estados Unidos, todos por medio de concursos de belleza que garantizaban al operador incumbente establecido – usualmente propiedad del Estado – una concesión para servicios móviles.

Sin embargo, todo comienza a cambiar a mediados de la década de los 90. La promesa que llegaba con las tecnologías digitales también hacía necesario la asignación de más espectro radioeléctrico en la región. Nuevamente, Estados Unidos toma la delantera y en 1993 al permitírsele a la FCC la celebración de un proceso de subasta para la oferta de servicios de comunicaciones personales (PCS por sus siglas en inglés) en la frecuencia de 1900 MHz, este ente regulador otorga en 1994 dos licencias PCS de 30 MHz.

Como era de esperar, lo que sucede en los Estados Unidos tiene claras repercusiones en América Latina y luego del proceso de subasta PCS estadounidense varios países de América Latina comenzaron a celebrar este tipo de proceso para asignar espectro radioeléctrico. Aunque eran los últimos días del celular como artículo de lujo y un mercado objetivo muy limitado, más de un gobierno latinoamericano veía en los procesos de subasta una nueva alternativa para recaudar fondos que sirvieran para cuadrar el presupuesto. La llegada del modelo de facturación prepago en 1995 acompañado del esquema de cobro ‘el que llama paga’, sirvió para que en muy pocos años el celular se comenzara a concebir como un servicio accesible a la gran mayoría de la población.

La incursión del modelo de subastas también tuvo otras repercusiones, sobre todo en la longevidad de las concesiones de espectro otorgadas, ahora debían tener un periodo de caducidad para forzar una renovación que impulse nuevos desembolsos al Estado. Así, se pasó de licencias a posteridad a concesiones a 30 años, 20 año y de manera más reciente a 10 años. Hubo al menos un país que quiso intentar ofrecerlas a cinco años, pero no generó interés alguno de la industria, pues era muy poco tiempo para garantizar un retorno de inversión positivo. Lo que sí se observó entre 1997 y 1999 fue la celebración de procesos de subasta de espectro completamente recaudatorios en los tres mayores mercados de telecomunicaciones de la región de la época: Brasil con la subasta de la Banda A en 1997 y de la Banda B en 1998, México con su subasta PCS en 1998 y Argentina en julio de 1999, también asignando espectro PCS.

Aunque eran tiempos donde seguía creciendo la burbuja de telecomunicaciones y otras frecuencias para servicios como MMDS y LMDS también se celebraron, Chile surgía como la anomalía que por medio de un concurso de belleza daba prioridad a la cobertura en lugar de a los altos precios de espectro radioeléctrico.

Claro que todo este movimiento, junto a el desarrollo de nuevos servicios como la itinerancia (roaming en inglés) y los procesos de liberalización y privatización que acompañaron estos años sirvieron para ir modificando las políticas públicas de administración de espectro radioeléctrico. Entre los cambios, la creciente relevancia de entes multilaterales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en las Américas de la Comision Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), como foros para intercambiar ideas e intentar establecer agendas consensuadas que sirviesen para impulsar la llegada y adopción de nuevas tecnologías inalámbricas. Pero todo el crecimiento y positivismo de finales del Siglo XX pronto llegarían a su fin.

Quizás el preludio fue la algarabía causada por los procesos de subasta para 3G del Reino Unido y Alemania, totalmente recaudatorios, que eventualmente colapsaron el modelo de maximizar las recaudaciones en Europa y pensar en la forma de reorientar el mercado. La llegada del siglo XXI con su casi inmediata explosión de la burbuja de las puntocom, señalaron el camino que aun continuamos caminando en América Latina y el Caribe. Poco ha cambiado desde ese entonces, con los gobiernos tratando de buscar la mejor forma de incrementar la conectividad, pero forzados por la necesidad a intentar maximizar los ingresos que derivan de los operadores móviles.

Considero que la mejor forma para sustentar esta aseveración es transcribir una columna que escribí hace más de veinte años, en 2002, sobre los grandes desafíos que América Latina enfrenta en su acercamiento a la asignación de espectro radioeléctrico para servicios móviles y comparar lo dicho entonces con el presente regional:

No es un secreto que las condiciones macroeconómicas actuales no presentan un panorama favorable para las subastas de espectro radioeléctrico en América Latina. Por lo tanto, el aplazamiento de la concesión de licencias, como se experimentó recientemente en Ecuador, Uruguay y Argentina, solo por nombrar algunos ejemplos, se ha convertido en un evento familiar en América Latina, ya que los gobiernos están tratando de evitar los problemas que enfrentaron Chile, Perú, Colombia y Brasil durante su espectro reciente. procesos de subasta: ofertas inferiores a las esperadas o simplemente ausentismo del proceso.

La situación en los últimos años no ha cambiado con la mayoría de los procesos de asignación de espectro de los últimos años concluyendo con bloques desiertos o el retiro de algunos de los postores. México se presenta como el caso más extremo al tener operadores regresando espectro para servicio móvil con el fin de bajar sus costos operativos en el país.

Por supuesto, la concesión de licencias de espectro no es tan simple como puede parecer desde lejos, ya que muchos intereses, tanto internos como externos, están en juego en este proceso. Por ejemplo, la actual administración del presidente Gustavo Noboa en Ecuador tiene dos incentivos muy importantes para promover la subasta de licencias PCS y WLL [servicio inalámbrico fijo] antes de octubre de 2002. Primero, sería un paso hacia la liberalización del mercado de telecomunicaciones del país cumpliendo su compromiso con el [Fondo Monetario Internacional] FMI en canje de un préstamo de US$300 millones; segundo, las elecciones presidenciales están programadas para octubre de 2002, lo que hace que la concesión de licencias antes de que se elija un nuevo ejecutivo sea una prioridad, ya que evitará posibles demoras en las subastas que puedan surgir de la nueva administración.

Podría decirse que, en lugar de Ecuador, la presión para celebrar un proceso de subasta totalmente recaudatorio antes de las elecciones presidenciales de octubre 2023 es Argentina. El gobierno está urgido de moneda dura e inversión en todos los sectores de su economía. La subasta para impulsar 5G se ve como una oportunidad de alzar capital en un mercado donde la normativa que presenta el DNU 690, aunque suspendido, no promueve la inversión en el país.

Otro ejemplo de por qué los gobiernos consideran la concesión de licencias de espectro como una forma de recaudar el efectivo necesario para sus presupuestos generalmente deficitarios es Brasil, un país que en momentos parece estar esperando el déjà vu que nunca llega que emule el resultado de su licencia de Banda B Región 1 donde el monto total acumulado superó todas las expectativas. O Colombia que lleva años intentando subastar sus licencias PCS y logró en el año 2000 subastar sus licencias LMDS, pero sin los resultados originales esperados.

Sin duda, la concesión de licencias de espectro debe continuar en una región con tasas de adopción de tecnologías inalámbricas asimétricas. Mientras que países como Chile o Uruguay han estado discutiendo la concesión de licencias 3G, Costa Rica y Honduras todavía tienen algunos de los últimos monopolios móviles del hemisferio (curiosamente, incluso Cuba tiene un duopolio móvil con los operadores Cubacel y C-Com). En el ámbito inalámbrico fijo, la región presenta un panorama más interesante con licencias LMDS ya licenciadas en El Salvador, pero no en México o 3.5GHz aún pendientes de subasta en Brasil.

La situación de Costa Rica y Honduras no ha cambiado, siendo los operadores históricos de servicios de telecomunicaciones empresas del Estado, pero con mucho menor participación del mercado que hace 20 años. Lo que sí cambió fue Cuba con la fusión de C-Com y Cubacel, la desaparición de estas marcas, y el impulso de ETECSA con mayor cobertura, pero con las tarifas más altas de las Américas. Vemos además que se repite la discusión por impulsar la llegada de nueva generación móvil con la asignación de espectro adicional, esta vez para 5G. Asimismo, nuevamente las tecnologías inalámbricas nos prometen mayor acceso y cobertura de zonas rurales por medio de servicios fijos. Del LMDS al MMDS al WiMAX al 5G, es hablar de diferentes frecuencias de espectro radioeléctrico que han sido y siguen siendo consideradas en la región.

Un punto en el que no existe divergencia entre gobiernos, operadores y asociaciones industriales es que el aplazamiento de la asignación de licencias de espectro es perjudicial para el desarrollo del mercado. Aunque mencionado en numerosas ocasiones, vale la pena reiterar sus negativas repercusiones:

·       Prolonga las estrategias de adquisición de clientes de los operadores establecidos, lo que limita el mercado potencial direccionable de nuevos entrantes. Esto, a su vez, hace que el valor de las licencias se deprecie, lo que reduce los ingresos potenciales del gobierno, así como la cantidad de partes interesadas en participar en la subasta.

·       Limita la entrada de inversión extranjera directa, ya que los ganadores de las licencias tendrán que invertir no solo en la adquisición de espectro, sino también en infraestructura, costos operativos y administrativos y publicidad. Además del impacto estadístico negativo sobre el PIB, el impacto social inmediato es la no creación de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos en una región caracterizada por altas tasas de desempleo.

·       Puede crear congestión en el cronograma de subastas de espectro, ya que las agencias reguladoras nacionales tendrán que determinar cómo afectará el aplazamiento al resto de su itinerario de subastas de espectro. Los reguladores tendrán que priorizar qué licencias de espectro quieren subastar primero o arriesgarse a realizar subastas simultáneas para diferentes bandas de espectro. Dado que muchos operadores han expresado interés en adquirir licencias en diferentes porciones del espectro, la falta de un cronograma coherente sin duda limitará la cantidad de partes que presenten ofertas durante el proceso de subasta, ya que las restricciones financieras obligarán a las empresas a “escoger y elegir” qué licencias. quiere adquirir. Este fenómeno ya está presente en Ecuador donde CONATEL está subastando con menos de 60 días de diferencia tanto el espectro WLL (17 de julio) como el PCS (2 de septiembre). El programa de licencias actual presentará la siguiente diatriba para los inversores potenciales: ¿qué espectro es más atractivo?

Poco han cambiado, aún estamos esperando que la mayoría de los mercados de la región anuncien cual es su hoja de ruta para la asignación de espectro radioeléctrico. También estamos observando cómo la mala planeación acompañada de sucesos inesperados puede llevar a un gobierno a situaciones que no parecen ser apropiadas para impulsar la inversión. Por ejemplo, en Colombia se observa que los operadores móviles aun están haciendo las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos de despliegue de infraestructura a los que se comprometieron en la pasada subasta de 2019 y que fueron demorados por distintos factores, incluyendo el covid-19. También los operadores tienen que negociar cómo será el proceso de renovación de espectro radioeléctrico y, por último, decidir sin van a participar en la subasta 5G pautada para el 3T2023.

Los gobiernos deben darse cuenta que los tiempos dorados de la inversión en telecomunicaciones se han ido y priorizar cuáles son sus principales objetivos. Si están seriamente preocupados por fomentar el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones y el bienestar de los consumidores, los gobiernos deberían explorar opciones de licencias alternativas que permitan aumentar la cantidad de proveedores de servicios en el país. Esto, a su vez, contribuirá a un aumento en la penetración general de los servicios de telecomunicaciones y estimulará mejores tarifas, calidad de servicio y atención al cliente. Las alternativas de licenciamiento son: proceso de subasta, concurso de belleza y proceso híbrido. Es importante señalar que las actitudes hacia los dos tipos de modelos de concesión de licencias difieren de un país a otro.

Una mirada rápida a la experiencia de concesión de licencias en Europa Occidental proporciona hechos relevantes que no deben ser ignorados por las agencias reguladoras de telecomunicaciones de América Latina. Históricamente, las subastas han tendido a ser más comunes en países con mayor población, donde el costo de la licencia se puede repartir más entre la base de suscriptores del licenciatario. En países con poblaciones más pequeñas y niveles impositivos más altos, las subastas no han sido la norma. Sin embargo, las subastas en países pequeños son, en términos generales, menos probables; con una base de suscriptores potenciales más pequeña, las subastas atraerían a menos postores potenciales y, por lo tanto, generarían tarifas de licencia más bajas en primer lugar. Como resultado, muchos países más pequeños han optado por el modelo de concurso de belleza.

Lo increíble es que muchos gobiernos continúan pensando que el modelo recaudatorio aún es válido. Ni siquiera cuando los mismos expertos de las agencias que regulan el sector, como los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, anuncian que es contraproducente cobrar caro por el espectro se produce un cambio. Afortunadamente, de forma paulatina se han ido dando cambios y muchos gobiernos están alejándose del modelo recaudatorio. Al menos, en América Latina, liderados por Brasil y su fórmula de 90:10 de su subasta 5G de 2021. Otro aspecto que a fuerza de golpes han aprendido los gobiernos de mercados pequeños, principalmente los del Caribe, es el poco interés que generan las subastas a nuevos entrantes, como se ha observado repetidamente en Jamaica y Trinidad & Tobago.

Tal vez las experiencias de operadores abandonando los mercados de Honduras y Surinam al poco tiempo de comenzar a ofrecer servicios móviles puede servir de referencia de la dificultad y altos costos que implica la adquisición de suscriptores para servicios móviles. Si antes era difícil con niveles de penetración móvil rondando en los 40% a 60%, atraer nuevos entrantes dispuestos a construir redes desde cero en mercados con penetraciones superiores al 100%, es casi imposible. Si fuese sencillo y barato obtener una masa crítica de clientes, operadores móviles virtuales (OMV) como Cotas Móvil en Bolivia, Azteca Móvil en México y Uff Móvil en Colombia habrían tenido un camino hacia la rentabilidad mucho más fácil en la región. Lo mismo podría decirse de las incursiones bajo este modelo en Países Bajos por Telesur de Surinam y en Estados Unidos por Digicel, ambas apuntando a expatriados caribeños.

El escenario de subasta típico, como se [vió] en Venezuela, los Países Bajos o el Reino Unido, ve las licencias subastadas simultáneamente, con los posibles licenciatarios ofertando por cada una individualmente. Por lo general, todos los participantes pueden ofertar por cualquiera o todas las licencias ofrecidas, aunque algunos países pueden reservar algo de ancho de banda del espectro para el titular (es decir, México) o los nuevos participantes (es decir, las licencias 3G de Europa Occidental). Los postores pueden abandonar los procedimientos de subasta en cualquier etapa y quedan eliminados del resto de los procedimientos si obtienen una oferta ganadora. Para respaldar su compromiso con la subasta, generalmente se requiere que los postores realicen un depósito no reembolsable para poder participar en los procedimientos de licitación. Este depósito puede incrementarse a medida que avanza la subasta.

La desventaja de un proceso de subasta es que las altas inversiones iniciales en licencias de espectro pueden dañar las finanzas de los ganadores de la subasta, impidiéndoles cumplir con sus cronogramas de despliegue de red. Como se ha visto en casos como el de Midicel en México o NextWave en EE. UU., los intentos del gobierno de revocar una licencia de espectro abren el camino para que los tribunales intervengan dejando esa porción del espectro como ‘rehén’, ya que no se puede utilizar hasta que se resuelva el problema legal.

El problema ahora se hace más complicado debido a que las redes completamente IP requeridas tanto por LTE como por 5G demandan una mayor densidad que las antiguas redes conmutadas. Adicionalmente, al comenzar a utilizarse frecuencias más altas, el número de radio bases a ser instaladas es superior a lo que se veía anteriormente. En la época de redes digitales TDMA o CDMA con unas 5000 antenas se cubría más del 90% de la población de Brasil, ahora ese número tiene que ser incrementado exponencialmente. ¿Espectro rehén? Quien desee conocer lo complejo que es tramitar el espectro de un actor que no puede cumplir con los requisitos de su concesión sólo tiene que ver lo sucedido con SunBeach en Barbados, Caricel en Jamaica o ArLink en Argentina.

Tradicionalmente, durante un concurso de belleza, como se [observó] en Chile, Francia o Suecia, cada posible licenciatario presenta a la autoridad gubernamental/reguladora respectiva un plan de acción. Esta presentación normalmente incluiría los planes de implementación de los postores, sus planes de precios, así como sus planes de servicio. Los adjudicadores son entonces libres de elegir qué empresas creen que tienen el modelo de negocio óptimo. Después del concurso de belleza, las empresas ganadoras deben (normalmente) pagar una pequeña suma predefinida por la licencia, y algunos reguladores exigen a los licenciatarios que renuncien a una parte de sus ingresos totales anualmente. Además, el gobierno que utiliza este modelo de concesión de licencias puede requerir compromisos de inversión/despliegue más estrictos por parte de los nuevos entrantes que se salvaron de las altas tarifas de concesión de licencias de espectro.

La principal desventaja de un concurso de belleza es que el proceso de adjudicación se basa en criterios subjetivos. Esto prevé que el postor fallido, como se vio en el premio Meteor en Irlanda, impugne los resultados a través de los tribunales. Si el fallo judicial subsiguiente es a favor del postor fallido original, los procedimientos legales pueden prolongarse durante dos o más años hasta que el caso se remita a un Tribunal de Apelación. Esto también resulta en tener la licencia de espectro como “rehén” de los tribunales.

También se debe mencionar la tercera opción a estos dos modelos ya que la subasta y el concurso de belleza, pueden celebrarse en forma exclusiva o pueden combinarse. En algunas situaciones, se realiza un concurso de belleza como una “primera ronda” para identificar las empresas con las mejores propuestas, así como para simplificar el proceso de subasta (p. ej., Italia). Las empresas ganadoras pueden entonces competir en la subasta o “segunda ronda”.

Lo que se observa en América Latina en los recientes procesos de Colombia (2019) y Brasil (2021), es una combinación donde se busca primordialmente expandir la cobertura de telecomunicaciones terrestres a las regiones que en estos momentos no cuentan con acceso a estos servicios por medio de incentivos de inversión a los ganadores de los bloques de espectro radioeléctrico. La próxima subasta de Guatemala, pautada para junio de 2023, plantea este mismo acercamiento en el país centroamericano.

No obstante, existe un peligro del modelo híbrido que no debe ignorarse: los gobiernos que quieren recaudar y también imponen requisitos de cobertura irrealizables, ya sea por los altos costos que esto conlleva como se alegó en el rechazo de un bloque de bandas milimétricas en Chile durante la pasada asignación 5G de ese país, o por tiempos irreales para alcanzar cobertura nacional con una nueva tecnología como fue el caso de Argentina en el proceso de 2014.

Desafortunadamente, la imposición de estos requisitos de cobertura en plazos irreales puede surgir de información equivocada en conjunto con un amplio desconocimiento del mercado. Por ejemplo, los tiempos para cubrir la población que vive en ciudades es mucho menor que aquella que vive en zonas rurales por lo que pedirle a un operador que en 3, 5 o 7 años cubra el 99,999 por ciento de esta población en un mercado como México, Argentina, Colombia o Brasil es simplemente agregarle a un papel un pedido que todos deseamos que ocurra, pero que sabemos tiene un costo prohibitivo y necesitará algún tipo de subsidio. Si no, recuerden que la mayoría de los operadores celulares de la región llevan 30 años o más expandiendo su red y aún no cubren, en muchos casos, el 90 por ciento de la población.

Aunque existe una preocupación legítima de que las altas tarifas de las licencias de las subastas puedan, en última instancia, tener un impacto negativo en los usuarios finales, ya que los operadores se ven obligados a cobrar precios altos por los servicios para recuperar sus gastos. Algunos optimistas creen que el valor de mercado de las licencias en subasta representa un dividendo para el gobierno de los rendimientos financieros futuros que los operadores obtienen de su licencia. Además, el dinero pagado por los licitadores ganadores los impulsará a adoptar modelos de flujo de ingresos agresivos e innovadores, a fin de recuperar las tarifas de licencia y las inversiones en redes para generar ganancias, lo que resultará en un aumento de la penetración de los servicios de telecomunicaciones en el país.

Obviamente, las autoridades gubernamentales tienden a estar de acuerdo con esta afirmación y favorecen el proceso de subasta. Mientras tanto, los operadores apoyan el concurso de belleza y afirman que, al evitar las altas tarifas de licencia, podrán concentrar su inversión en el despliegue de la red y el despliegue del servicio sin la presión de traducir los costos de la licencia a sus consumidores, lo que a su vez resultará en tarifas más bajas para los usuarios finales.

No hay duda de que cada uno de los modelos de licencias de espectro disponibles tiene sus ventajas y desventajas. Una vez más, la pregunta que deben responder los entes reguladores de América Latina es: ¿cuáles son los objetivos finales de otorgar una concesión inalámbrica? Si la respuesta es disminuir el déficit fiscal entonces una subasta sería el método preferido para acumular el capital necesario. Por otro lado, si el principal objetivo del gobierno es aumentar la penetración de los servicios de telecomunicaciones, el mejor método es un concurso de belleza. Por supuesto, los gobiernos latinoamericanos se beneficiarían enormemente si se eligiera la última alternativa, pero como lo han demostrado eventos recientes en la región (es decir, juicios contra Nextel y Tricom), es muy poco probable que se tome este camino, al menos para las licencias móviles.

Lo ocurrido en las pasadas dos décadas nos muestran que los concursos de belleza comenzaron a estar en peligro de extinción. Pero el tiempo es un gran educador, los operadores del 2023 no están dispuestos a hacer las mismas concesiones que los del 2002. Además, los gobiernos han comenzado a entender el impacto que pueden tener las telecomunicaciones en el crecimiento y desarrollo de la economía de sus países. Ahora lo importante es comenzar a explorar iniciativas colaborativas en las que sea posible que las agendas de los gobiernos comiencen a replicar las de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Afortunadamente, gobiernos como los de Ecuador y República Dominicana han estado trabajando en conjunto con la Comision Interamericana de Telecomunicaciones y otras entidades para identificar aspectos que van más allá de la conectividad, la accesibilidad, la educación en destrezas digitales ya han ido tomando preponderancia en la región. Los planes de desarrollo económico ya van incluyendo elementos transversales de digitalización y la declaración del Internet como derecho humano o servicio básico va poco a poco llevando a los gobiernos a reducir los costos de estos servicios a los consumidores.

Nada de lo que comento es novedoso. Las recetas para acabar con los desconectados, reducir las brechas digitales y aumentar la accesibilidad de servicios son conocidas hace décadas. Los modelos para valorar espectro tampoco son secretos con entidades como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la IEEE y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ofreciendo información y ejemplos a los que pueden acceder sus miembros. Lo anterior, sin contar con la infinidad de artículos académicos sobre el tema o los servicios de consultoras especializadas en este tipo de trabajo. Pero esto es solo una cara de la moneda, lo importante no es simplemente determinar cuánto vale el espectro radioeléctrico, sino encontrar la manera en que este valor monetario se transforme en acceso para quienes más lo necesitan. Sin incentivos al despliegue de infraestructura el camino será muy difícil.

Aunque hubo avances en la asignación de espectro en las pasadas dos décadas, la mayoría de los mercados regionales no superan la barrera de los 1000 MHz asignados con América Central siendo la zona más atrasada en este aspecto. Sólo Brasil, Uruguay y Chile se presentan como excepciones a esta realidad. Se ha logrado mucho, pero falta bastante camino por recorrer.