Telefónica Brasil está obligada a dar conectividad a ciertas escuelas públicas de Brasil durante tres años, luego que el directorio de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) decidiera convertir en “obligación de hacer” a una sanción impuesta por tener irregularidades con sus clientes. Sin embargo, el monto involucrado se redujo significativamente: de 12 millones de dólares a cuatro millones de dólares. Son días de avances porque esta semana también fue el Grupo de Seguimiento del Costo de Proyectos de Conectividad Escolar (GAPE) el que aprobó la fiscalización de más de 5.000 escuelas para, de ese modo, poder avanzar con el plan previsto en la subasta de 5G.
¿Qué pasó con Telefónica Brasil?
La propuesta de reconversión de esta multa en “obligación de hacer” fue votada por unanimidad en el regulador, luego que Vicente Aquino, miembro del Consejo de Administración de Anatel, presidente del GAPE y del Comité de Defensa de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (CDUST), presentara esta iniciativa tendiente a cumplir con su objetivo de llegar con conectividad escolar a todo el territorio brasilero.
Y Aquino presentó su idea luego que éste solicitara la revisión del proceso de multa emitido a Telefónica Brasil por su incumplimiento al Decreto de Atención al Cliente y al Reglamento del Servicio de Telefonía Fija Conmutada (RSTFC); a la que el operador había apelado.
Hace horas, se conoció la Sentencia nº 123, que tiene la firma de Carlos Baigorri, presidente del consejo, en cuyos lineamientos reformula la multa en “obligación de hacer”, pero también la reduce: pasa de 12.157.989 dólares (más de 60 millones de reales) a 4.133.385 de dólares (poco más de 20 millones de reales) y le impone la tarea de proveer de conectividad en escuelas públicas (de nivel básico), durante tres años; labor que deberá iniciar en un plazo no mayor a los seis meses.
Dicha sentencia -disponible aquí– precisa que la elección de las escuelas a conectar involucra que no podrá integrar el listado ya previsto por el GAPE, además de que deberá tener energía eléctrica y no tener acceso a Internet o contar con un servicio deficiente respecto al estándar consensuado.
Según lo establecieron las ordenanzas del regulador, la conectividad escolar no debe tener una descarga mínima de 50 Mbps y una velocidad de 1 Mbps por alumno, al tiempo que la velocidad de descarga máxima está prevista en 1 Gpbs, aunque también establece importante considerar estas escalas en relación a la cantidad de alumnos matriculados en el turno más concurrido. Esto vale tanto para seleccionar a las escuelas que tienen servicio deficiente como para el estándar que Telefónica deberá garantizar.
Cabe recordarse que, según una encuesta del GAPE, hay 8.365 escuelas públicas en Brasil que no tienen conexión a Internet y que hay 3.031 sin electricidad, un tema complejo que Aquino también abordó en una Charla de Café, de TeleSemana.com.
La sentencia también estableció que Telefónica deberá instalar los equipos de conectividad necesarios y tender las redes internas en las escuelas, garantizar el acceso inalámbrico en las aulas, laboratorios y espacios de usos múltiples o patios; además de ofrecer apoyo técnico y de mantenimiento de las redes por tres años. Luego de ese plazo, toda la infraestructura y equipamientos relacionados con la red interna deberán ser transferidos al patrimonio de las escuelas.
De esos cuatro millones de dólares comprometidos, al menos el 60 por ciento de la “obligación de hacer” debe destinarse a las escuelas con mayor número de matrículas, mientras que el 40 por ciento restante puede invertirse en las escuelas de libre elección del operador y, en todos los casos, la conectividad debe realizarse mediante tendidos de fibra óptica o soluciones de radio, pues prohíbe el uso de servicios satelitales.
Seguramente, esta forma de saldar deudas servirá a esa profunda tarea que llevan adelante en Brasil para conectar escuelas y achicar la brecha digital. Pero, hay más.
¿Qué aprobó el GAPE?
Esta misma semana se conoció que el GAPE dio via libre al Ente Gestor de Conectividad Escolar (Eace) para que inicie la fiscalización de 5.170 escuelas, ubicadas en 43 municipios de la Región Norte y Noroeste de Brasil.
Cabe recordar que el Gape está formado por Anatel, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación y las empresas ganadoras en la banda de 26 GHz (Algar, Claro, Tim y Vivo), para definir criterios y proyectos de conectividad escolar fondeados con los 558.623 millones de dólares (3.100 millones de reales), recursos provenientes de la subasta realizada hace dos años.
También sirve recordar que de todas las escuelas que forman parte del programa Aprendiz Conectado, son 2.739 las que no cuentan con ningún tipo de conexión a Internet; y que el EACE es justamente el responsable de su implementación que, por estos días, atraviesa las etapas finales de la prueba iniciada hace nueve meses en 177 escuelas de todo el territorio.
