Costa Rica avanza en los lineamientos de su subasta de espectro para licitar los permisos de uso para 5G, no sin un profundo debate sobre cuestiones que son estratégicas, como el surgido luego de la publicación del Reglamento de Ciberseguridad o aquella penalidad aplicada al Grupo ICE y que podría impedirle participar de esta contienda por nuevos recursos espectrales. Por todo eso y mucho más, TeleSemana.com conversó con dos funcionarios clave del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt): Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones, para quien “el proyecto de implementar 5G en el país es un hecho” y con Francisco Troyo, director de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones, quien aportó definiciones técnicas sobre este proceso.
“Estamos casi en la última etapa para que salga el cartel, que se estima para el primer trimestre del 2024”, precisó Vargas al señalar que el proceso del pre-cartel ya finalizó e incluyó la solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de incorporar un segmento de 75 MHz en la banda de 3.5 GHz, recurso recuperado de un acuerdo mutuo entre Grupo ICE y Liberty.
“Entendemos que esto retrasa un poco y así lo hemos conversado con la Sutel, pero también estamos alineados en garantizar un concurso más atractivo para los operadores. Este cartel ya está en fase de construcción por parte del órgano regulador” dijo Vargas. Subrayó que el alineamiento estratégico también involucra al Ministerio de Hacienda, encargado de supervisar las compras públicas y demás, para que “el mecanismo de esta subasta no se llame subasta comunal, sino mayor por etapas”.
“Lo que estamos haciendo es ajustar la parte operativa a esta parte jurídica. Básicamente, de las nomenclaturas, porque es la primera vez que se va a subastar espectro bajo esta nueva ley”, precisó el viceministro y explicó que se trata de una cuestión nominal jurídica vinculada a la reciente Ley de Contratación Administrativa, que tiene dos años de sancionada, y admitió que “estamos alineados para que esto salga lo más rápido posible”.
¿Cómo sigue el cronograma en adelante?
El propio Vargas apostó a que apenas salga el cartel, se implementaría esta plataforma consensuada y que, luego, “las primeras fases de implementación estarían un año después”, al tiempo que admitió que esto no alcanza al operador público ICE por tener ya disponible su espectro y la capacidad para ir implementándolo. Este último aspecto fue varias veces cuestionado por los operadores privados por entender que establece diferencias competitivas y que el propio funcionario matizó asegurar que “en este caso, no podemos intervenir. Y más allá de esa parte jurídica, ellos nos han indicado que tienen cierta dificultad para hacer los procesos de compra y estamos viendo que eso va a terminar siendo como un contrapeso orgánico ante esta situación de competencia”.
Pero no sólo la cuestión de igualdad de oportunidades de los operadores generó debate internacional; también lo propició la creación de un Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que impide utilizar equipamiento de red que considere “inseguro” y que para muchos se tradujo en una prohibición que interpondrá trabas al proceso de subasta.
En la mirada de Vargas. este decreto involucra “un cuerpo normativo que quiere resguardar al país de violar los derechos de la privacidad de los buenos ciudadanos; y eso es lo principal”, dijo y subrayó que en este caso involucra 5G pero que se trata de una estrategia mayor en el que esta administración pública está trabajando, como consecuencia de los dos ciberataques masivos padecidos en 2022. “Se están buscando soluciones para que eso no nos vuelva a pasar”, dijo y repasó buena parte de los apoyos recibidos, de funcionarios israelíes, estadounidenses y de la Comunidad Europea en general
“Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el del sistema de salud pública de Costa Rica, fueron las dos instituciones más impactadas y eso afectó la recaudación de impuestos, las importaciones, las exportaciones, y la miles de citas e incluso intervenciones quirúrgicas que no se pudieron realizar. Esto no nos puede volver a pasar, como tampoco que la información de la ciudadanía esté circulando en la darkweb. Entonces, en ese contexto, Costa Rica está reaccionando con inversiones fuertes en temas de ciberseguridad, además de avanzar con una campaña muy agresiva de concientización a todos los funcionarios públicos y de formación, entendiendo que el usuario suele ser el punto débil. Y esto tiene mayor relevancia a nivel de telecomunicaciones, a nivel de cadenas de suministro”, resumió el funcionario.
Sin embargo, fue la propia Sutel la que cuestionó este Reglamento por considerar que incumple con los principios de neutralidad tecnológica; algo a lo que el viceministro respondió que la letra final incluyó las observaciones que la Superintendencia había podido realizar al momento de recibir el documento original. “Esas declaraciones de ellos fueron dadas como si el decreto hubiera salido en su primera versión, pero nosotros atendíamos precisamente el tema de neutralidad tecnológica donde, por ejemplo, una de las recomendaciones que nos decían era que no sólo nos limitáramos a 5G sino a otras tecnologías futuras; y por eso el decreto lo incluye”.
Sobre este aspecto, Troyo, director de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones del Micitt también precisó que “no solamente se hizo extensivo a una tecnología futura, sino que también se introdujo un elemento transitorio, producto de las observaciones de Sutel, en relación con el tema de neutralidad tecnológica”, dijo. Recalcó, por esa razón, que “creemos que no viola el principio neutralidad tecnológica, que no limita una tecnología por sobre otra y que el operador, dentro de la libertad que tiene para ejercer este derecho o este principio neutralidad tecnológica, puede elegir las tecnologías mediante la cual presta sus servicios, en la medida en que establezca la prestación de servicios IMT2020 o superiores. Es más, creemos que refuerza el principio de neutralidad tecnológica porque establece una forma en la que todos los operadores que deseen prestar servicios en el país tienen que tener: una base de seguridad que garantice esos elementos de privacidad, que también tienen que ver con derechos fundamentales”.
Pero la decisión también involucró un aspecto técnico-económico. Tal como lo señaló el viceministro, realizaron un estudio de mercado que validara los tiempos de despliegue y los costos que esta medida implicaría para el sector privado y observaron que el único operador “que se ha sentido más afectado no es el más barato, necesariamente; y también hemos visto que no hay un impacto directo (en relación) el tema de adquisición de equipos”.
Claramente, se trata también de una decisión que tiene bríos políticos y que, según dijo Vargas, “esta normativa nunca ha buscado targets o enfocarse en un solo país. Nosotros entendemos que esto genera reacciones dentro de un país en específico, pero nunca, nunca, ha sido el interés de golpear una relación diplomática, una relación comercial con este país”
“Pero si volvemos a tener una afectación grave como pasó con Conti, que logramos identificar que era un grupo ruso e incluso a la persona que lo dirigía, pero que -al no tener ratificado el convenio de Budapest- se limitó la posibilidad de lograr una persecución policial internacional. Y esa es la lógica que estamos implementado, al incorporar el Convenio Budapest en esta normativa. Hemos puesto las capacidades en la articulación institucional global para poder perseguir bien a estos ciberdelincuentes. Para que entendamos: este es un negocio global, que mueve muchísimo dinero y hay que estar preparado como país”.
Inclusive, para Troyo se trata de un reglamento que “se basa en un tema análisis de riesgos, de gestión y de mitigación de riesgos; pero que -como tal- finalmente no limita o no establece ninguna limitación sobre la implementación de las redes. O, dicho de otra forma, no exige que tengan que ser estándar, no se mete en esos elementos, establece parámetros de seguridad que deben de cumplir los elementos de las redes principales. Y, a partir de las inversiones que ha realizado históricamente cada operador en sus elementos de generaciones anteriores de redes, debe hacer su análisis de riesgos y ver cuáles de esos elementos eventualmente podría utilizar para un despliegue 5G, y cuáles no, Entonces, esto va a depender de cada operador y de la configuración y de las inversiones realizadas en el pasado, pero también en el modelo de negocio”, dijo en relación al despliegue físico de a dónde se quiera llegar primero con 5G.
En la mirada de los funcionarios, los operadores privados están bien predispuestos a participar de la subasta. “Los tres operadores, tanto el nacional como los dos privados, están totalmente dispuestos a participar, pero para eso estamos muy activos en consultas. Hemos tenido muchas reuniones al respecto y se siente que, por lo menos los dos privados, van a estar participando en la subasta” dijo Vargas. Recordó que se trata de una licitación pública internacional y que, aunque se mantuvieron conversaciones con otros operadores internacionales, “no creemos que en el corto plazo vayan a participar, o al menos en este cartel que va a salir en el primer trimestre de 2024, a más tardar”.
De esos operadores con posibilidades está el Grupo Ice, quien acaba de recibir una sanción por parte del Micitt por no haber utilizado el espectro que tenía concesionado en la banda de 2.6 GHz. Sin embargo, “todavía hay posibilidades jurídicas para que participe de la contienda” dijo Vargas y apostó a que “dependerá de ellos, de cómo lo manejan”.
En ese sentido, el responsable de redes de la cartera resaltó que el cartel involucra la posibilidad de tener operadores regionales y lo calificó como “un elemento adicional” y recordó que el proceso se repartirá entre una fase nacional y otra regional.
Con todo, los funcionarios destacaron que la apuesta involucra que sea una subasta sin espíritu recaudatorio, al repartirse entre un 10 por ciento monetario y el resto en obligaciones de cobertura; algo sobre lo que el viceministro señaló la inspiración que les significó la experiencia desarrollada en Brasil y que ese ingreso en efectivo permitirá financiar al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, además de las cuestiones operativas de la Sutel.
“Acá, hay un objetivo común que es llevar desarrollo a las zonas fuera de la Gran Área Metropolitana”, dijo Vargas y sinceró que “hay ciertas decisiones, que se han tomado a nivel de políticas de atracción, de inversión y a nivel a nivel de empleabilidad y de la obra de conectividad, que están orientadas a eliminar el centralismo que históricamente ha habido, a donde llegan típicamente las más de 450 empresas trasnacionales y nacionales”. El plan es “corregir esa orientación histórica de generar inversión y el flujo de capitales para la inversión” en una única zona por considerarlo “una distorsión social, socioeconómica que debemos ir corrigiendo”; en línea de la que establecieron el plan de 5G.
¿Y el espectro está limpio y disponible en todas las bandas que se pondrán en consideración del mercado?
“Aún hay temas pendientes. Lo que queremos es que el cartel vaya lo más sólido posible y lo más atractivo posible para el mercado por entenderlo como el vector de desarrollo que va a implicar tener el acceso a mayor velocidad y ampliar mayor con mayor cobertura”.
“Desde el Micitt reconocemos y velamos por la naturaleza pública del concurso, así como por el cumplimiento de todos los principios establecidos en la normativa nacional bajo los cuales debe realizarse dicho proceso, incluyendo los de transparencia e igualdad y libre concurrencia. En este sentido, esta Ministerio trabaja para crear las mejores condiciones técnicas, jurídicas y económicas posibles para propiciar la competencia y la participación más amplia de operadores existentes y potenciales interesados en dicho concurso público, tanto para las asignaciones de espectro de ámbito nacional como las regionales”, sostuvo Vargas.
Y finalizó asegurando que “esto, sumado a un enfoque no recaudatorio del proceso que se centrará en el despliegue de infraestructura para las zonas sin conectividad o sub conectadas del país, permitirá el cumplimiento a cabalidad de la política pública plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027 en beneficio de toda la población”.
