Argentina es el territorio donde más impuestos se pagan por conectividad, con un 51,4 por ciento del costo total; seguido por otras latitudes como República Dominicana, Brasil, Colombia y Costa Rica, donde el porcentaje supera el 35 por ciento; y muy lejos de Paraguay, El Salvador, Guatemala y Panamá que, enlistados en entre los que menos tasas imponen, ostentan tasas del 25 por ciento. Esta es la conclusión a la que arribó la GSMA en su reporte titulado “Impuestos específicos al sector móvil en América Latina. Impacto sobre la conectividad y la recaudación fiscal”.
El enfoque regulatorio y tributario suele estar en el ojo de la industria, y en este reporte el organismo internacional plantea los indicadores registrados en 18 países a lo largo de 2023 y en el que ponderó que la contribución fiscal del sector (del 2,8 por ciento) dobló con creces aquello que valora que debería, con base en su contribución económica al PIB de la región (1,3 por ciento).
En ese razonamiento, el organismo propone cambios normativos por valorar que el marco quedó obsoleto y que no refleja el rol que la conectividad ocupa para el desarrollo social y económico de un país. Recuerda que tanto usuarios como operadores tienen gravámenes, ya sea por el pago de licencias o canones de uso, por parte de las empresas; o del impuesto al valor agregado (IVA), por citar uno de los que involucra al consumo, tanto de servicios como en la asequibilidad de los dispositivos.
Pondera que los impuestos específicos a la conectividad móvil de la región significaron unos 4.650 millones de dólares o el equivalentes al 6,5 por ciento del costo total de la conectividad, donde República Dominicana, Brasil, Argentina y Bolivia aplicaron gravámenes por encima del 10 por ciento, y donde Guatemala, El Salvador y Uruguay se mantuvieron por debajo del dos por ciento.
Si el foco se pone en el costo de asequibilidad, que según la UIT no debería superar el dos por ciento de los ingresos mensuales del usuario, la noticia empeora para la región: el informe reveló que, en 2023, ninguno de los países estuvo por debajo de ese umbral para el 20 por ciento de la población de menores ingresos. Inclusive, advierte que en algunos casos se cuadriplicó, como es el caso de El Salvador, con el 8,8 por ciento; y Uruguay, con el 8,1 por ciento.
No sólo eso. La carga impositiva promedio representó entre el 10 por ciento y el 20 por ciento de los ingresos, y en casos como Argentina y Brasil, este TCO representó más de una cuarta parte de los ingresos: del 26,4 por ciento en el primero, y del 25,9 por ciento en el segundo.
¿Más recaudación con menos impuestos? El informe de la GSMA hace una propuesta a través de la elaboración de un escenario de reducción de impuestos específicos para medir sus efectos sobre la inclusión digital y la recaudación fiscal en ocho países, y advierte que esto podría facilitar la asequibilidad de los servicios para más de 30 millones de personas.
Para la GSMA, el impacto positivo que generaría una mayor digitalización podría traducirse en una reforma tributaria que aumente la recaudación fiscal en hasta 9.700 millones de dólares por año, en ocho países. No se trata de una ecuación lineal, sino de una apuesta, un “efecto multiplicador”.
“La evidencia demuestra que el actual marco regulatorio fiscal de la conectividad móvil ha quedado obsoleto, coincidiendo con la postura de muchos ministerios TIC y reguladores que han apoyado la necesidad de implementar una reforma”, dice el reporte y valora “el gran costo de oportunidad que representan los impuestos específicos a la conectividad móvil para la región, no solo en términos del nivel de digitalización de la sociedad y su impacto en la economía, sino también en términos de los ingresos fiscales no percibidos”.
El reporte de la GSMA -al que se puede acceder desde aquí- recuerda a muchas de las declaraciones y los debates dados en el sector. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, por ejemplo, fue la Cámara Argentina de Internet (Cabase), a través del CABASE Internet Index, quien planteó la seria dificultad de asequibilidad que la industria enfrenta y que es un problema de arrastre, agravado desde hace un año. Y, aún en ese escenario, se planteó en debate parlamentario crear un nuevo gravámen.
En Colombia también se propuso crear un nuevo gravamen para instalar un tipo de subsidio a la demanda solidario y co-financiado por los usuarios provenientes de los sectores con poder adquisitivo mayor.
Como contra partida, en Ecuador, hace cuatro años, se planteó una estrategia de reducción impositiva de tres tasas, junto con la eliminación de otros dos tributos, con el objetivo de incentivar las inversiones y mejorar la conectividad en su territorio.
Inclusive, una de las apuestas que ya hicieron algunos de los reguladores de la región estuvo asociada a poner espectro a disposición del mercado a cambio de cambio de obligaciones de cobertura (con la consecuente merma del pago por el recurso), como fue el caso de Brasil, Chile y Costa Rica, por citar algunos.
El documento también plantea su mirada respecto al rol que deberían ocupar los recursos reunidos en los fondos de servicio universal (FSU), un debate que todavía no fue resuelto. Tampoco quién y cómo se financia el cierre de la brecha digital; sobre todo, cuando la evolución desigual supone la ampliación del desafío.
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