El mercado de telecomunicaciones peruano generó ingresos totales por 21.100 millones de soles (6.100 millones de dólares) en 2024, de los cuales el 86 por ciento correspondió a los cuatro operadores integrados (móvil y fijo) que actúan en este país. A simple vista, se puede pensar que se trata de una situación ideal, pero este sector presenta particularidades que, de no corregirse rápidamente, la sustentabilidad de sus protagonistas podría verse afectada.
Otros números dan cuenta que al descontarse los gastos por depreciación y amortización del margen Ebitda, que fue del 23 por ciento, la utilidad operativa cae al 2,2 por ciento. Si a esto se les suma, además, la aplicación del impuesto a la renta, que es del 30 por ciento, la ganancia después de impuestos queda en un 1,5 por ciento del total de los ingresos.
Un dato más: si se incorpora la rotación de capital, el retorno de la inversión (ROI) se ubica en un 1,1 por ciento, nivel considerado demasiado exiguo para soportar cualquier umbral de sostenibilidad económica.
Los datos surgen de un reporte realizado por DN Consultores, llamado Agenda Regulatoria 2026+, a partir de datos oficiales publicados tanto por el Organismos Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) como del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Información que fue analizada en relación a los distintos momentos que atravesó la industria telco en Perú.
Una de las fotos que es posible obtener a través de esas estadísticas es la evolución de los precios de un mercado que presenta alta competencia tanto en servicios móviles -Claro, Integratel, Entel y Bitel-, como en el segmento fijo donde los primeros tres también son protagonistas, a los que se suman prestadores más pequeños que desde 2020 vienen haciendo un diferencial con la fibra óptica.
El valor unitario de Internet móvil cayó de 40 soles (11,65 dólares) por GB contratado en 2015 a 1,1 soles (0,32 dólares) en 2025; el de Internet fijo residencial, de 24 soles (7dólares) por Mbps a 0,2 soles (0,058 dólares) en el mismo período. Esto equivale a que Perú ostenta ARPU que, en la mirada de la consultora, se encuentra por debajo de otros países y complican su sostenibilidad.
ARPU Perú – DNS Consultores sobre datos UIT
Tal como está sucediendo en gran parte de la industria, el escenario de ingresos estancados -entre los 18.000 y los 19.000 millones de soles (5.500 millones de dólares)- y precios en mínimos históricos convierte en urgente cualquier debate regulatorio, especialmente cuando los compromisos obligatorios de inversión para el despliegue 5G en la banda 3.5 GHz ascienden a 500 millones de dólares en los próximos cuatro años, un 15 por encima por encima del promedio de inversión anual del período reciente.
Financiamiento sostenible
Por estas razones el informe identifica como primer eje de reforma el financiamiento sostenible. La propuesta central consiste en homologar el aporte FITEL con los mecanismos de canon por espectro y tasa de explotación comercial (TEC) para completar, de esta manera, la lógica inaugurada en 2018 con la creación del canon por conectividad.
Ese mecanismo -que permite a los operadores móviles destinar hasta un porcentaje del canon que pagan al Estado directamente a infraestructura rural- fue eficaz. Entre 2018 y 2024 se invirtieron 492 millones de soles (143 millones de dólares) y se conectaron 208.000 habitantes en 1.090 localidades rurales. Los buenos resultados permitieron elevar el límite máximo aplicable del 10 por ciento inicial al 60 por ciento vigente desde 2023. Cambiar tributos por inversión es un camino que, hasta ahora, se advierte beneficioso tanto en Perú como en otros países de la región.
Imagen: Guillermo Sebastián Pereira Poizon/ Flickr
La consultora propone elevar el umbral al 70 por ciento en las obligaciones económicas regulatorias y extender el destino de los recursos al depliegue de 5G en entidades públicas urbanas, compuesto por 170 establecimientos de salud, 88 universidades, 1.374 colegios, ya incluidos en los compromisos de inversión.
De avanzarse en esta idea, el monto disponible para inversión directa alcanzaría unos 450 millones de soles anuales (131 millones de dólares), suficiente para llegar a alrededor de 1.000 centros poblados beneficiarios por año, según las estimaciones del informe.
Un segundo pilar del informe se vincula con dos propuestas relacionadas con la reducción de los costos de despliegue. La más novedosa es la eliminación de restricciones a la compartición de infraestructura activa con espectro (MOCN) en el ámbito urbano.
En 2024 el MTC creó un marco normativo para esta modalidad, pero la limitó en zonas urbanas únicamente a centros poblados sin cobertura móvil previa. La lógica era razonable para el 4G: en 2022, el 81 por ciento de los centros poblados urbanos ya tenía cobertura y 554 contaban con tres o cuatro operadores 4G simultáneamente.
El problema es que esa misma norma trata igual al 4G y al 5G, y los datos de 2025 revelan una realidad muy diferente para la nueva tecnología: solo 97 centros poblados urbanos (el tres por ciento del total) tienen cobertura 5G, y ninguno cuenta con la presencia simultánea de los cuatro operadores. Es decir, el 97 por ciento del territorio urbano carece de competencia 5G real.
Compartición voluntaria para 5G
La propuesta de DN es habilitar la compartición MOCN voluntaria en todas las zonas urbanas para infraestructura 5G y eliminar la condición relativa a la ausencia de cobertura previa. Así, se reducirían costos de despliegue, consumo de energía e impacto ambiental.
Otra idea esbozada es extender el plazo de renovación de concesiones de 20 a 40 años, en línea con la tendencia internacional: España acaba de realizar este mismo movimiento, y Brasil ha transitado hacia licencias de renovación indefinida. El argumento es que los plazos de recuperación de la inversión en infraestructura 5G son más largos que en tecnologías anteriores, y que el modelo actual introduce una doble penalización que desincentiva la inversión de largo plazo.
El informe también marca una paradoja: en un mercado ultracompetitivo las multas son cada vez más numerosas y, en vez de contemplar otros mecanismos cuando se incumple una exigencia, sube el monto de las sanciones. El promedio anual de multas del regulador pasó de 25 millones de soles (más de siete millones de dólares) entre 2015 y 2019, a 154 millones de soles (casi 45 millones de dólares) entre 2021 y 2025. Ese volumen equivale hoy al uno por ciento de los ingresos por servicios, el mismo porcentaje que aporte la FITEL.
Esto sucede aún cuando Perú muestra precios de servicios considerados entre los más bajos de la región. Una mención aparte tuvo esta decisión de responsabilizar a las telcos sobre temas de seguridad ciudadana. El 40 por ciento de esas multas corresponden más a esa cuestión que a las propias de las telecomunicaciones.
Estas propuestas se suman a la de simplificación regulatoria que no se limita a reducir el número de normas, sino a evolucionar desde un modelo centrado en el cumplimiento de procedimientos hacia uno orientado a resultados e incentivos. Se trata de la famosa “regulación a prueba de futuro”, tal como lo propone la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y que el reporte de DN toma en consideración, especialmente en un escenario de lanzamiento comercial de 5G.
El reporte es extenso y expone en profundidad estos ejes como condiciones necesarias para propiciar un ambiente regulatorio que considere la sustentabilidad del sector. Dedica también consideraciones al rol de los OTT, entre otros aspectos, que forman parte de la dinámica de la industria, y que puede leerse desde aquí.
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