La industria telco de la Argentina quiere que se modifique el funcionamiento del Fondo de Servicio Universal (FSU), entre ellos, reducir del uno por ciento al 0,5 por ciento el aporte a ese fondo, establecer un mecanismo de pay or play para las inversiones que cumplan objetivos de Servicio Universal (SU) además de garantizar la neutralidad tecnológica y la transparencia del uso de los fondos que, a esta altura, supera los 370.000 millones de pesos argentinos (unos 245 millones de dólares).
El pedido fue elevado de manera conjunta por la Mesa de la Industria TIC a Juan Martín Ozores, interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a quien, a través de una carta, establecieron puntualmente las modificaciones pretendidas.
El encuentro se concretó en Córdoba, a unos 750 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro de la Argentina. Allí, los integrantes de la mesa junto a los actores que forman parte de la llamada “mesa ampliada” presentaron un documento en el que detallaron un diagnóstico y propuesta en torno al FSU, además de abordar la situación de la industria TIC, desde la infraestructura hasta la economía del conocimiento. En la propuesta elevada al regulador se deja ver el impacto que Starlink está provocando en el sector.
Entre los aspectos que destacó la mesa telco fue que, con 370.000 millones de pesos (245 millones de dólares) estimado a la fecha, el Fondo de Servicio Universal cuenta con un 82 por ciento de superávit debido a desembolsos sin ejecutar. En paralelo, determinó que solo se distribuyó el 42 por ciento de los fondos programados adjudicados, en un escenario donde existen 10 planes de Servicio Universal (SU) vigentes.
“Los montos destinados a los programas vigentes ascienden a 157.500 millones de pesos, de los cuales solo se encuentran adjudicados 66.500 millones, sin que exista información pública respecto del monto efectivamente ejecutado. En consecuencia, el FSU tendría un superávit del 82 por ciento (considerando lo adjudicado hasta la fecha). El 90 por ciento de las adjudicaciones fue destinado a proyectos de operadores privados, mientras que el 10 por ciento fue adjudicado a ARSAT”, detalló el documento que toma datos del BICE.
Con elegancia, el documento expresa la necesidad de que el movimiento de esos fondos sea transparente y trazable ya que eso permitiría generar une mejor cooperación entre los integrantes del ecosistema, además de canalizar la inversión hacia proyectos concretos que generen el impacto esperado. En tiempos donde las autoridades de mayor jerarquía de la Argentina parecería tener subvertidos ciertos principios de convivencia social, la mesa argumentó que “la trazabilidad y la transparencia son valores que fortalecen la cooperación público-privada” que merecen revisión, innovación y mejora continua.
Asimetrías con la conectividad satelital
Acto seguido, las operadoras se expresaron sobre el impacto de los satélites LEO y el futuro del SU. Y señalaron que el advenimiento de la conectividad LEO desafió el paradigma de subsidiar con el SU la infraestructura de red en zonas rurales o de baja densidad poblacional. Y volvieron a mostrar su impacto con números: más de 750.000 accesos satelitales a abril de 2026 contra 2.992 en 2023, cuando se autorizó a Starlink, OneWeb y Amazon LEO a operar en la Argentina. Es decir, el crecimiento de los accesos satelitales fue de 7.180 por ciento en este período.
“Los operadores satelitales LEO ya se posicionan como una alternativa competitiva, con capacidad técnica para atender entre 2,5 y 3 millones de clientes en Argentina asumiendo comportamiento de uso equivalente a un cliente FTTH”, agregó el documento. Vale decir que esa cantidad es provista casi en su totalidad por Starlink ya que Amazon LEO y OneWeb aún no opera en estas latitudes. Ese avance fue calificado por el sector telco como “uno de los mayores crecimientos tecnológicos en la historia reciente del mercado TIC argentino”. Lejos de cuestionarlo, lo consideraron como un ecosistema complementario para la conectividad digital.
Y aquí es donde se planteó la necesidad de modificar el FSU tanto porque cambiaron sustancialmente los fundamentos que lo originaron -un sector para desarrollarse prácticamente desde cero, allá por los 90- como las necesidades y realidades actuales. Para dar cuenta de ese cambio, incluyeron además un cuadro en el que se observa la asimetría regulatoria entre las obligaciones que continúan cumpliendo las operadoras de telecomunicaciones y nuevos actores como las compañías satelitales.
Carga impositiva sector TIC Argentina
En este punto, se expusieron las cuestiones impositivas, un tema que viene planteando de manera recurrente la Cámara Argentina de Internet (Cabase). La Mesa de la Industria TIC subrayó en el documento que el sector requiere “un esquema tributario más homogéneo y competitivo”, además de incentivos a infraestructura, uso eficiente del FSU y coordinación federal. También se solicitó la consabida previsibilidad regulatoria.
Con esta argumentación documentada, el sector telco argentino solicitó revisar el tamaño óptimo del FSU y su función futura en el actual escenario tecnológico, la exención de aportes para servicios obsoletos como la telefonía fija, la trazabilidad de los proyectos, el uso transparente de los fondos, la neutralidad tecnológica -nada de estar soportando presiones de países por la diversidad de equipamiento para redes existente-, la equidad regulatoria y la base de aportantes al FSU.
Una carta para el cambio
El pronunciamiento se efectuó, además, un día después de la oficialización de la donación de Starlink para conectar a escuelas que se pagará con el FSU, es decir, dinero de los operadores de telecomunicaciones que proviene del pago de los servicios que efectúan los argentinos.
Por eso, en la carta elevada al interventor Ozores, apuntaron que la “reciente implementación del programa de conectividad para 6.000 escuelas rurales vuelve particularmente oportuno este debate. La iniciativa combina recursos privados con recursos del FSU y contempla mecanismos que permiten reconocer determinados costos directamente asociados al cumplimiento de los objetivos de Servicio Universal”.
Y si bien destacaron que esa iniciativa cumple con los objetivos de SU también fueron contundentes en marcar que “cooperativas, Pymes y operadores regionales y nacionales brindan desde hace años conectividad a escuelas, centros de salud de sus respectivas áreas de cobertura, mediante infraestructura propia. Es decir, una parte de los objetivos que persigue el Servicio Universal ya es atendida directamente por quienes, simultáneamente, contribuyen al financiamiento del Fondo”. Varios de ellos, además, continúan prestando el servicio pese a las deudas que el Estado acumula con ellos.
Mesa TIC Argentina – ATVC
La carta enviada a Ozores lleva la firma de la Mesa de la Industria TIC, conformada por Telecom, Telefónica, DirecTV, Fecosur, Cabase y CACPY. Y que aglutina también las posiciones de otros actores que forman parte de la mesa ampliada, como CATEL, Cicomra, Red Intercable, ATVC, CAPPI.
En ella también se recordaron los datos de la industria: desde la penetración de la banda ancha fija, que llega al 86 por ciento, hasta el impacto que el crecimiento de los servicios digitales tiene sobre el grueso de la economía del país.
¿Habrá cambios? La discusión en torno al FSU no es nueva. La agilidad que se prometió otorgar al sector desde el regulador no ha logrado encauzarse lo suficiente como para responder a los desafíos que hoy presenta el mercado. El pedido de neutralidad tecnológica, que hasta ahora no era un problema en la industria, está revelando una situación que ya se observa en otros países, como Costa Rica, Paraguay y Chile. Si se sigue ese camino y no se resuelven las cuestiones de asimetría expresadas, incluidas las tributarias, difícilmente haya movimientos más interesantes en el mercado argentina que la mera consolidación.
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