¿El espectro colombiano es realmente el más caro de la región? Para muchos esta sentencia es innegable, pero también hay voces que la discuten por valorar que hay otros mercados, como el panameño o el ecuatoriano, cuyos impuestos elevan los montos por encima del promedio regional. El punto de equilibrio puede estar dado por una peculiaridad: que los compromisos de despliegue en Colombia integran los montos de las frecuencias.
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) sostuvo en una reciente entrevista otorgada al medio local El Colombiano, que el costo del espectro radioeléctrico está una decena de veces por encima de la región.
En esa charla, el funcionario habló sobre las inversiones en servicios públicos, como el agua y la energía, pero también sobre el costo de las frecuencias y dijo: “El espectro no se debe cobrar, ese no debe ser el objetivo del Gobierno. Para generar recaudación fiscal tenemos la reforma tributaria. El espectro debe ser una oportunidad para competir, hoy estamos 10 veces por encima sobre el valor promedio que se cobra a los operadores de telecomunicaciones en Latinoamérica para obtener un espacio. Eso nos quita competitividad cuando lo que necesitamos es cerrar la brecha digital del país, que está por el orden del 50 por ciento”.
Y el reclamo de este representante de empresas del sector está en coincidencia con otros actores que, desde diversos ángulos y posiciones, argumentan algo similar. Por ejemplo, la GSMA publicó un reporte hace algunas semanas en el que analiza el caso y en el que señaló al precio como el determinante del retraso estimado en dos años del despliegue de 4G.
Sin embargo, otros analistas con vuelo internacional valoran que esos indicadores “no sólo no son los más caros, sino que ni siquiera están entre los más onerosos de la región; a diferencia de Panamá y Ecuador donde hay hasta 18 impuestos distintos que lo gravan”.
Y, en este punto, cabe hacer un repaso del caso. A fines de noviembre de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó los valores de una subasta cuya asignación se ejecutó en febrero de 2020, culminando la primera etapa de un proceso que involucró cinco años.
En buena medida, los actores del mercado observaron que el proceso se caracterizó por precios “relativamente altos” o “muy altos”, aún a pesar de que no tuviera aspiraciones recaudatorias; pero no se menciona que dentro de esa estructura de precios también hubo compromisos de inversión.
Y este fue el aspecto distintivo del caso colombiano, pues el país optó por cambiar su legislación para facilitar este nuevo criterio: que el aspecto económico no fuera el rector determinante de los costos sino de la garantía del despliegue de cobertura. ¿Eso explica por qué los precios de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz son más altos? Lo cierto es que alrededor del 60 por ciento de sus montos estuvieron determinados por los despliegues comprometidos.
Y, despejando ese indicador, el valor de las frecuencias de Colombia se terminarían ubicando en el mismo rango de valores que los ofrecidos en Uruguay, Perú e, inclusive, Chile; a los ojos de los analistas que no observan en el caso de Colombia una exageración.
A mediados de 2021, la ex funcionaria sectorial Karen Abudinen admitió que estaban avanzando con “cautela” en la revisión de la ejecución de la subasta de 2019, aquella en la que se habían otorgado cinco permisos para avanzar sobre pilotos de 5G pero que era necesario facilitar la competencia de los operadores. Sin embargo, ella tuvo que irse del cargo en medio de un escándalo en el que se la acusó de corrupción.
¿Y ahora? A casi un mes de asumida en el cargo la nueva ministra, Carmen Ligia Valderrama Rojas, debe afrontar la continuidad de esta discusión y de este plan. Este medio ya solicitó la entrevista pertinente para profundizar acerca de su mirada al respecto y espera poder compartirla en breve con sus lectores.
