La Agenda de Transformación Digital 2022-2025 es la herramienta que por estas horas presentó el Gobierno de Ecuador y mediante el que establece una hoja de ruta para “reducir la brecha digital y fortalecer la digitalización de procesos, el comercio electrónico, seguridad y modernidad del gobierno”. Pero no sólo eso, también se acaba de elevar al Parlamento un veto parcial a las reformas propuestas (y recientemente aprobadas) a la Ley de Comunicación para “no revivir la Ley Mordaza”.
El anuncio de la Agenda de Transformación Digital 2022-2025 estuvo a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) y cuenta con siete ejes de gestión, centrados en la infraestructura digital, la cultura y la inclusión digital, la economía digital, las tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible, el gobierno digital, la interoperabilidad y el tratamiento de datos, y la seguridad digital y la confianza.
“Lanzamos la #AgendaTransformaciónDigitalEc!” posteó en su cuenta de la red social Linkedin Vianna Maino, titular del Mintel y valoró que “por primera vez, Ecuador cuenta con una hoja de ruta en materia tecnológica construida con apoyo de más de 15 instituciones del Gobierno, empresa privada, academia y con altos estándares internacionales. Sentamos bases del desarrollo TIC”.
En el comunicado presentado por la cartera, Maino agrega que se trata de una propuesta intersectorial y en cuya construcción participaron más de 400 actores de todos los sectores productivos, la academia y el gobierno. “Estamos pensando en todo y en todos cuando planteamos nuestras propuestas de transformación digital, desde la conectividad de alta velocidad, pasando por las capacitaciones de los ecuatorianos y la ciberseguridad en el mundo de la red”, agregó.
La iniciativa que se presentó por estas horas es un requerimiento que diversos actores locales venían demandando y que forman parte de la discusión local desde que asumió Guillermo Lasso a la presidencia del país, el 24 de mayo de 2021. Un ejemplo de esas voces es Patricia Falconi, presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) y ex subsecretaria de Telecomunicaciones, quien en el marco del Foro Virtual 5G como herramienta de desarrollo económico para Ecuador, organizado por 5G Americas y realizado hace cuatro meses, remarcó que “Ecuador no tiene una hoja de ruta para 5G. Hubo varios pilotos en 2019 y 2020 pero se quedaron en eso, pilotos” y se manifestó “expectante”.
Inclusive, fue hace cuatro meses también que los funcionarios argentinos y ecuatorianos de las telecomunicaciones de cada país se reunieron para pensar e instrumentar políticas conjuntas.
Pero la presentación que por estas horas alegra al país, implica para el gobierno algo así como un primer paso, cuyo correlato se irá plasmando en lo que vaticinan como una “política de transformación digital”, para la cual se realizarán mesas de abordaje técnico, en lo que esperan sea un proceso de gestión y construcción participativa.
Todo este plan de reconstrucción económica y de impulso de las TICs se estructuró sobre la base de siete ítems; y el primero de ellos, no en vano, es la infraestructura digital. En este sentido, el plan indica trabajar en la ampliación de las redes de banda ancha existentes, con un foco prioritario en la conectividad de la ruralidad.
En segundo lugar, la iniciativa subraya la apuesta en materia de cultura e inclusión digital para referirse a la alfabetización de la población, con el desarrollo de programas activos de capacitación en las escuelas y de fomento a la innovación.
Y también hace foco en la adopción tecnológica por parte del sector de la salud, en el que aspira a introducir el uso unificado de la Historia Clínica Electrónica, de la telemedicina y de los datos.
“Para la transformación digital en salud pública trabajaremos en mejorar la conectividad de los establecimientos, la historia clínica única digital, telemedicina y acceso a la información”, sostuvo José Ruales, ministro de Salud Pública.
“El IESS (N.de R: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) desarrollará estrategias de automatización en servicios de salud, el Ministerio de Ambiente promoverá una eficiente gestión de los servicios hídricos y ambientales a través del uso de las TICs, el Ministerio de Agricultura fortalecerá el sector agropecuario a través de un ecosistema de innovación que optimice procesos productivos; el Ministerio de Trabajo implementará un procedimiento eficiente para atender denuncias e inspecciones para los trabajo”, dice la presentación que continúa enumerando carteras para reflejar cómo la totalidad del organigrama público forma parte de este plan integral.
Se trata de una transformación digital que también apunta al sector productivo y, por ello, la economía digital integra esta enumeración y propone pensar al comercio electrónico como parte de la estrategia para impulsar la economía, además de la conformación de laboratorios de innovación, generación de instancias de financiamiento y avanzar en la modernización regulatoria, entre otros aspectos.
El cuarto punto involucra a las tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible basado en el fomento de la incorporación tecnológica por parte de las industrias, pero también de la incorporación de Ciudades Inteligentes y Sostenibles.
El quinto eje, de Gobierno Digital, se propone simplificar los trámites, propiciar la participación ciudadana digital, promover instrumentos de identidad digital y de gobierno de TI. A su vez, los dos últimos puntos, vinculados a la interoperabilidad y tratamiento de datos y la seguridad digital, bregan por los datos abiertos, interoperables y cuidados.
En todo este recorrido, es factible que se vayan creando sandboxes regulatorios, que se promueva el uso de diversas tecnologías aplicadas como pueden ser la inteligencia artificial, la big data, el blockchain y la Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), para mejorar cada uno de los procesos y los resultados de todos los indicadores del país. Sin embargo, llama la atención que entre todas esas tecnologías no se menciona a 5G.
¿Y la Ley Mordaza?
Bueno, sirve para poner en contexto que el debate es profundo. Por estas horas, Lasso anunció la firma del veto parcial a la Ley de Comunicación, “que se fortaleció con el aporte de periodistas, organizaciones y sociedad civil. Nunca seré partícipe de la persecución a quienes piensen distinto y siempre defenderé una Comunicación Libre Y Responsable”, dijo el primer mandatario en su cuenta personal de la red social Twitter.
Lo cierto es que se trata de una discusión que data de varias gestiones de gobierno atrás, y que, esta tarde, la iniciativa que había sido consensuada en julio en el Parlamento y elevada al Ejecutivo, pero que, con el veto parcial recibido (que alcanzó a 51 artículos, 17 de ellos por inconstitucionales) vuelve a la Asamblea Nacional. Ahora, hay 30 días por delante para estudiar las objeciones realizadas y decidir si se las incorpora o si se ratifica el texto original.
La legislación de Comunicación atraviesa fuertes debates en el país y fue una de las primeras propuestas de revisión presentadas por el primer mandatario. Tal como lo recuerda el portal Grupo La Provincia, “la iniciativa aprobada por la oposición buscaba restituir un organismo destinado a regular la actividad de los medios, que fue eliminada por Lasso tras asumir el poder en mayo de 2021”, sancionado en 2013 durante la gestión de Rafael Correa y conocida como “Ley Mordaza”.
“Nuestra postura es firme: no reviviremos una Ley Mordaza que persiga a quien piense y opine diferente a nosotros. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo”, aseveró Lasso este miércoles.
