Después de seis años de haberse planteado la necesidad, finalmente Chile aprobó la Ley de Acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. La norma, que se retomó a nivel legislativo el año pasado, profundizará en la obligatoriedad de las empresas para prestar servicios de conectividad digital en todas las zonas donde tengan cobertura, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ganará autoridad plena para tomar decisiones en telecomunicaciones y se establecerá un mecanismo de subsidio a la demanda, similar al que ya existe para otros servicios, como el agua y la electricidad.
Si bien está centrada en la necesidad y obligatoriedad de garantizar la conectividad a toda la población, la norma moderniza diversas cuestiones del marco regulatorio vigente de las telecomunicaciones, que suma más de cuatro décadas en el país. De hecho, instruye a la elaboración de un Plan Nacional Digital que implicará la creación de política pública para los próximos 20 años. Todo indica que la compartición de infraestructura, el uso eficiente y convergente de espectro radioeléctrico, la ciberseguridad y la investigación y el desarrollo (I+D) estarán incluidos en esa futura estrategia, entre otros aspectos.
La aprobación se venía esperando desde hace unas semanas ya que se había logrado el consenso necesario para que viera la luz en estos días. Obtuvo un sí amplio en la Cámara de Diputados. Ahora resta que se avance en la promulgación de la norma y en la confección de los reglamentos que, entre otras, cosas, facultarán a la Subtel para que fiscalice la provisión de Internet del mismo modo en que lo hace con la telefonía móvil.
Uno de los puntos definidos en la iniciativa está vinculado con el subsidio a la demanda, concepto sobre el que se viene dando vueltas en distintos países de la región para garantizar la conectividad a la población más vulnerable. En este sentido, la idea es accionar un mecanismo de subsidio a la demanda similar al que ya ocurre con la energía eléctrica y el agua potable, tal como se expresó en el portal Gob.cl. Si bien hay varias ideas dando vueltas en torno a cómo se implementaría este sistema, esto formará parte de lo que se discuta cuando se dictamine su reglamentación.
La sanción de esta ley forma parte del Plan Brecha Digital Cero 2022-2025 propuesto por la Subtel con el objetivo de que el total de la población tenga acceso a Internet, más allá del lugar en que vivan o del poder adquisitivo que posean.
Respecto a las obligaciones de cobertura que tendrán las operadoras de telecomunicaciones de ahora en más, queda ratificada para las zonas de concesión. En el caso de las áreas urbanas, tendrán que continuar cumpliendo con la prestación de la conectividad en un área censal, mientras que en el caso de las áreas rurales, esa exigencia se concentrará en localidades complejas.
“Es importante decir que este proyecto viene con dos grandes impactos”, dijo el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Carlos Muñoz. “En muchas zonas de las ciudades las empresas que dan servicios en unas localidades no lo dan en otras que están cercanas, porque las empresas dicen que no hay factibilidad técnica. Eso no va a poder ser cierto: si una empresa se adjudica la responsabilidad en una determinada zona va a tener que hacerlo para todos, sin ninguna discriminación”, subrayó el funcionario.
En relación al subsidio a la demanda, indicó que para quienes no puedan pagar el servicio de conectividad, “ahora se va a tener la posibilidad de que a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) vamos a poder salir a subsidiar a aquellas familias que no tienen recursos suficientes de modo de poder contribuir a que puedan pagar parte de esa conectividad para ser parte de la vida moderna”. Vida moderna que se traduce en empleabilidad para los adultos y educación para los niños, tal como lo expuso en la conferencia de prensa posterior a la aprobación de la ley.
Para el subsecretario de telecomunicaciones, Claudio Araya, se dio “un gran paso en el reconocimiento de derechos en una sociedad que es cada vez más digital. Cuando este proyecto sea promulgado y se aprueben todos los reglamentos respectivos, las familias de nuestro país recibirán una respuesta clara y oportuna acerca del tiempo que demorarán en acceder a los servicios. No hay cupo o no hay factibilidad técnica no podrá ser una respuesta de las empresas a la hora de llegar con Internet fijo a las diferentes zonas de nuestro país. Avanzamos con más conectividad digital en todo el territorio nacional, de manera equitativa y superando las brechas de acceso”.
El ex subsecretario de Telecomunicacaciones durante el segundo gobierno de Michelle Bachellet, Pedro Huichalaf, consideró positiva la sanción de la norma que inició la discusión en ese momento. En diálogo con TeleSemana.com sostuvo que “es una ley necesaria en varios aspectos, tanto por lo esencial ( es decir) considerar a Internet como servicio público o servicio básico, entendiendo que no es el Estado quien debe proveer el servicio, sino promover y exigir la prestación en territorio nacional. Y al final se sumó en esta ley dar facultades expresas al regulador para validar la convergencia tecnológica de redes”.
Huichalaf fue invitado para formar parte de la comisión mixta que se conformó para destrabar aspectos que habían surgido en el debate, y finalmente se logró su sanción.
En la misma dirección se pronunció Pamela Gidi, también ex subsecretaria de Telecomunicaciones durante la gestión de Sebastián Piñera, quien además de destacar que se trata de “una tremenda noticia para seguir disminuyendo la brecha digital en Chile”, indicó que “las familias recibirán una respuesta clara y oportuna acerca del tiempo que demorarán en acceder a los servicios”.
Coincidió en que la Subtel “verá fortalecida su labor fiscalizadora y con ello, podrá incrementar las sanciones y multas por incumplimientos legales y regulatorios por parte de las empresas de telecomunicaciones, además de permitir la creación de mecanismos para otorgar subsidio a la demanda y de esa manera ayudar a las familias a costear los planes de Internet hogar. La ley general de telecomunicaciones , antes de esta ley, sólo permitia entregar subsidios a infraestructura y no para ayudar a pagar el servicio de telecomunicaciones”, aclaró.
Previo a la sanción de la ley, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) se había pronunciado a favor de la norma. Destacó, entre otros puntos, que en el nuevo articulado de la ley se incluyó la convergencia tecnológica como asunto estratégico y vector estructural de la iniciativa. E interpretaba que “lo que hasta ahora consolidaba un ambiente divergente, con esta inclusión explícita en la ley se asegura que las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones puedan adaptarse y evolucionar con las nuevas tecnologías y servicios, permitiendo explícitamente la adición de nuevos servicios y prestaciones específicas, según avance la evolución tecnológica despejando toda facultad y atribución del regulador en el régimen autorizatorio y administrativo”.
Este punto destacado por la entidad no es menor ya que parte de los obstáculos que se encontró la Subtel en los últimos tiempos tuvieron que ver, justamente, con facultades acotadas en las normativas existentes. Una de las que se recuerdan se vincula con la decisión del Tribunal de Competencia de autorizar a la Subtel a cambiar las atribuciones de las concesiones, aunque luego esa determinación se chocaría contra una presentación administrativa por parte de una de las operadoras del sector.
Por esta razón, Gidi consideró que “si bien la decisión de la ley de clasificar las telecomunicaciones como servicio público en Chile está orientada a mejorar el acceso y la equidad, es fundamental implementarla con reglamentos que esperamos lleguen pronto, que fomenten tambien la inversión y la innovación, manteniendo un equilibrio saludable entre obligaciones e incentivos para los operadores , para el propio beneficio de los usuarios de telecomuniucaciones en el largo plazo”.
La sanción de esta ley se da en un contexto donde Chile presenta los mejores indicadores de conectividad de la región: la fibra óptica supera el 70 por ciento del total de conexiones de banda ancha, mientras las compañías que se adjudicaron espectro 5G en la licitación de 2020 ya cumplieron con la primera etapa de despliegue, con excepción de Wom que días atrás presentó su capítulo de bancarrota o Chapter 11 en Estados Unidos, para reorganizar su estructura financiera. Y que, en coincidencia con la aprobación de la ley en Chile, acudió a la misma figura para su filial en Colombia.
