Que el ecosistema de de las plataformas de contenidos, servicios y aplicaciones digitales (CAPs, por sus siglas en inglés) e infraestructura asociada aporta al PBI regional; que significó una inyección económica de entre 12,6 por ciento y el 15,1 por ciento del PIB de las principales economías de habla hispana de América Latina; y que la contribución total para 2025 fue de 483.451 millones de dólares con una inversión en infraestructura que supera los 3,866 millones, son algunas de las conclusiones que emergen de la investigación publicada por Telecom Advisory Services y Dig.ia-LAC.
Se trata de un trabajo que tuvo por objetivo analizar el impacto económico de las plataformas de contenidos, servicios y aplicaciones digitales entre 2017 y 2025 en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú; y que contó con la autoría de Raúl Katz, Juan Jung y Fernando Callorda. El trabajo, al que TeleSemana.com tuvo acceso exclusivo, ofrece indicadores del volumen de negocio de las CAPs y de sus apuestas en infraestructura, pero también se ocupa de desmitificar que las plataformas parasitan las infraestructuras instaladas por la indutria de telecomunicaciones y de hacer su propio pedido regulatorio.
El ecosistema en números
El informe hace un primer paneo sobre el aporte macroeconómico que el ecosistema de CAPs hizo a los países de la región entre 2017 y 2025: que aportó un valor económico equivalente que se mueve entre el 12,6 por ciento y el 15,1 por ciento de sus PBI, que significó una contribución total de 483.451 millones de dólares en 2025.
También, que la inversión privada directa fue de 3.866 millones de dólares en ese margen de ocho años analizado, en cables submarinos y centros de datos en la nube; además de anticipar que sumarán otros 17.500 millones de dólares para los próximos años. De ese volumen de desembolsos ejecutados, 3.747 millones de dólares netos generaron un impacto económico en la matriz de producción, estimada e 9.457 millones de dólares y cerca de 120.000 empleos, hechos que permitieron incrementar la productividad en diversos sectores.
Imagen: Jorge Franganillo/ Flickr
En ese desarrollo, enumera seis vías de contribución económica que este ecosistema hace a los países; desde la inversión en infraestructura digital a través de, por ejemplo, despliegues masivos en cables submarinos (como Curie, Firmina, Humboldt) y zonas de cómputo en la nube (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Huawei Cloud, Oracle); o la construcción de centros de almacenamiento, logística automatizada y flotas de entrega que dinamizan las ventas en línea y reducen cuellos de botella geográficos.
De todas esas apuestas, por ejemplo, el reporte advierte que hay “una concentración de inversiones en México en lo que se refiere a centros de cómputo para la provisión de nube pública, mientras que Chile presenta un énfasis de inversión en cables submarinos y centros de cómputo”, aunque subraya que existe “una tendencia creciente en ambas categorías”.
En otro pasaje de sus conclusiones, precisa que los ingresos digitales y la actividad económica facilitada por estas plataformas en la región pasó de significar el 2,3 por ciento del PBI en 2017, a superar el 3,4 por ciento en 2025.
Inclusive, se estimó la contribución a variables socioeconómicas de los centros de datos para la provisión de servicios de la nube durante el período 2017-2025, en una “variación promedio anual de 0,1 por ciento -0,3 por ciento en la actividad innovadora de Argentina, Colombia y Perú (medida como solicitudes de patentes per cápita), mientras que en Chile y México el impacto ha sido considerablemente más alto, en torno al dos por ciento”, a la vez que vaticinó que esta contribución de los cables submarinos al PIB de los cinco países aumentará en entre 25.780 millones de dólares y los 48.190 millones de dólares a futuro.
Desmitificar y reclamar
A lo largo de todo el recorrido de este documento elaborado entre Telecom Advisory Services y Dig.ia-LAC, se trabaja en la desmitificación de que las plataformas usan las redes de telecomunicaciones de forma gratuita y disparan al corazón de los reclamos sectoriales, centrados en generar un mecanismo de contribución justa; el famoso fair share.
Y lo hace al desglosar un ecosistema multicapa de complementariedad técnica y financiera, para cuya sobrevida se pide la intervención reguladora.
“Las políticas públicas deberían enfocarse en remover barreras al despliegue de infraestructura digital y logística, fortalecer capacidades, promover inversión, asegurar seguridad jurídica y preservar una Internet abierta, y basada en evidencia”, dice el reporte y plantea que “la creación de nuevas cargas específicas, obligaciones de pago por tráfico o regulaciones que desconozcan esta arquitectura multicapas podría reducir los beneficios identificados en este estudio y afectar negativamente la inversión, la innovación, la asequibilidad y la productividad regional”.
Expresamente, propone que se les apliquen marcos fiscales proporcionales, es decir, que eviten tasas específicas que encarezcan el acceso y frenen la inversión de capital; y que se les facilite el otorgamiento de la burocracia administrativa (sobre todo para cables submarinos y centros de datos, dos áreas en las que se multiplican las demandas sociales de robustecimiento regulatorio).
El fomento al desarrollo de talentos y capacidades educativas en IA, conectividad robusta y suministro energético estable, también forma parte del pedido; lógicamente, porque generaría la disponibilidad de recursos humanos hiperespecializado.
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