Brasil quiere subastar la banda de 6 GHz, sobre la que desde hace tiempo viene debatiendo si servirá para alimentar los usos licenciados y no licenciados y hasta donde. Por estas horas, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) anunció una consulta pública por 45 días, en la que ofrece los lineamientos previstos para la subasta. La novedad, radica en el enfoque: compromisos para el despliegue de centros de datos (con su estrategia ad hoc incluida) y de la cobertura.
Los detalles del llamado
El llamado propone discutir acerca de las condiciones de licitación bajo las que se ofrecerá la parte superior de la banda de 6 GHz (la subbanda comprendida entre 6425 MHz y 7125 MHz), que hace un mes fue designada para fines licenciados y que entrará en vigencia a partir de 2027, tras un larguísimo debate.
Descartado que la banda contará con una porción para usos no licenciados y otra, destinada a IMT, el regulador diseñó una propuesta de subasta ideada para que se concrete antes de 2028 y en la que prevé ofrecer 700 MHz de espectro, distribuidos en tres bloques de 200 MHz y uno de 100 MHz, en lotes nacionales y regionales. Y tal como sucedió en licitaciones anteriores, ésta involucraría compromisos vinculados “al despliegue de redes de transporte y la ampliación de la cobertura móvil en municipios y localidades que aún no cuentan con un servicio adecuado”.
“La propuesta prevé la implementación de centros de datos regionales como parte del Compromiso Regional de Infraestructura Digital, junto con los demás elementos previstos en el modelo”, dijo el regulador en el aviso y detalló su interés en enfocarse en la implementación de data centers en las regiones Norte, Noreste y Centro-Oeste, sean de corte regional/neutral o periféricos.
En el primer caso, los describe como los destinados a la agregación e intercambio de tráfico en el que puso el foco en los pequeños proveedores de servicios y entidades públicas que operan en los ámbitos de la salud, la educación y la seguridad, y en el segundo, a aquellas estructuras de menor porte que se emplazan en municipios clave del interior.
“Según la propuesta presentada para consulta pública, la infraestructura de procesamiento e interconexión de datos está distribuida de forma desigual entre las regiones del país. Esta distribución implica que parte del tráfico generado en ciertas zonas recorre mayores distancias para llegar a los puntos de procesamiento e interconexión”, dice el llamado y subraya la existencia de criterios para evaluar “la necesidad de utilizar recursos vinculados al compromiso” y de mecanismos para dar seguimiento a las iniciativas.
También precisa que “la infraestructura financiada con los recursos de esta licitación deberá operar bajo un régimen de acceso abierto, neutral y no discriminatorio durante el período estipulado en la propuesta”.
El llamado a esta consulta, abierta por 45 días en la plataforma Participa Anatel, insta a que empresas, entidades, especialistas, organismos públicos y demás partes interesadas hagan sus aportes y se sumen a las dos audiencias públicas que se realizarán al calor de ella.
Imagen creada con IA
La propuesta presentada llega con debates hacia dentro de la adminitración de gobierno. Por ejemplo, el vinculado a la obligación de financiar e implementar infraestructura digital regional, específicamente Centros Neutrales y Nodos de Borde en las regiones Norte, Noreste y Centro-Oeste que fue cuestionado por el consejero Edson Holanda, quien solicitó un debate público y presencial amparado en la complejidad del asunto, y observado por el secretaría de Reforma Económica del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el consejero Alexandre Freire dijo a la prensa local que el diseño de subata apeló a tomar los aprendizajes de licitaciones anteriores.
Dos posiciones, el mismo debate
En diálogo con el medio local TeleSintese, Freire explicó que a los 700 MHz disponibles se los divide en 14 lotes (nacionales y regionales) para evitar la concentración excesiva y permitir la entrada de nuevos competidores, sean brasileros o provenientes de capitales extranjeros.
También precisó que la subasta mantendrá el espírito de no ser recaudatoria, como sucedió en la de 5G de 2021 y que la apuesta radica en que las ofertas económicas se puedan traducir en inversiones directas para redes de transporte de fibra óptica, cobertura móvil y desarrollo de centros de datos.
Inclusive, y en relación a los centros de datos, advierte que los operadores no estarán obligados a construirlos directamente, sino que financiarán a empresas especializadas mediante convocatorias públicas para cubrir únicamente el déficit de viabilidad económica de las obras.
En aquella entrevista, también dejó claro que se creará una entidad que gestionará los proyectos de infraestructura digital, y que deberá adecuarse a normas internacionales de gobernanza ISO, con la supervisión de Anatel.
Imagen creada con IA
Los plazos son ambiciosos: la licitación debería concretarse antes de 2028 y los compromisos de inversión (que se ejecutarían de forma gradual) entre 2029 y 2034.
El diseño de esta subasta preserva los 500 MHz continuos que se destinaron para el uso no licenciado de Wi-Fi 7 y prohíbe el uso de RAN Sharing,algo que Freire destacó como una forma de demostrar el cumplimiento de las obligaciones de cobertura móvil propia.
Por su parte, Hacienda ya había planteado que el regulador debía profundizar la ecuación de costo-beneficio de la decisión de dividir la banda y, ahora, de la subtasta del sub bloque. Mediante la Nota Técnica n.º 3055/2026, valoró que no estaba probado que se lograran ganancias al dividir este espectro que estaba destinado a los no licenciados. Planteó que la concesión a las operadoras móviles, de este recurso, amplía la capacidad de red y atrae inversión, aunque también supone riesgos en materia de concentración de espectro, capacidad ociosa y mayores barreras de entrada. Inclusive, subrayó que el garantizar el uso sin licencia se fomenta la innovación descentralizada, y advierte sobre la falta de armonización global sobre el tema.
Según trascendió en la prensa local, la cartera había dicho que “no existe una solución regulatoria que produzca ganancias universales sin costos correlacionados” y planteó recurrir a la metodología de Kaldor-Hicks, es decir, ponderar que una decisión es económicamente eficiente cuando los beneficios totales de los ganadores superan las pérdidas de los afectados; y aclaró que no busca sustituir la competencia del regulador ni vetar la subasta.
Mientras, la consulta está abierta y el debate sobre si el regulador adopta un modelo innovador, que transforma la licitación en un motor de desarrollo regional mediante compromisos obligatorios de infraestructura digital y centros de datos, se suma a una más vieja, sobre si la banda de 6 GHz debe o no compartirse.
Hoy, 45 días en Brasil parecen una eterniadad, dado que el escenario está complejizado por un proceso electoral presidencial que se concretará el 4 de octubre y que lo tiñen todo, porque el mismísimo concepto de futuro parece ponerse en juego.
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