En el mismo camino que recorrieron México, Perú, Costa Rica, Honduras, aunque con los matices propios de cada caso, Brasil avanzó con la validación biométrica de sus líneas móviles. Por estas horas, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) aprobó la obligatoriedad de certificiar biométricamente a los usuarios con sus líneas móviles, tanto al momento de activarlas como para mantenerlas, y anunció un cronograma gradual que comenzará con las nuevas altas prepagas en 2027 y que alcanzará a los registros existentes hasta el cierre de 2028. Ya a partir de enero de 2029, aquellas líneas que no hayan completado el proceso podrán ser suspendidas y canceladas. Los detalles del caso y las comparativas regionales, los viejos debates y los nuevos desafíos.
Brasil pone al 2029 como fecha límite
El anuncio de la Anatel que se conoció por estas horas involucra la aprobación de la norma técnica GT-SEG.2026.11 mediante la que se exige a los proveedores del Servicio Móvil Personal (SMP) a que incorporen procedimientos de reconocimiento facial para identificar sus usuaros: personas físicas y microempresarios individuales (MEI). Fue una disposición emitida por la Superintendencia de Planificación y Regulación de la reguladora, que contó con el trabajo normativo del Subgrupo Técnico para la Lucha contra el Fraude y las Estafas; y que fue aprobada por consenso en el Grupo Técnico de Apoyo a la Seguridad Pública.
El procedimiento prevé que el usuario incluya una prueba de vitalidad, es decir, que certifique que la captura que se hace de su rostro se corresponda con la de una persona presente, junto con la comparación de ese rostro con las bases biométricas preexistentes, tanto públicas como las de los operadores privados. Se trata de una doble validación que la agencia justificó como mecanismo para dificultar la activación de líneas mediante datos falsos o pertenecientes a terceros.
La obligación para las operadoras abarcará tanto a los canales presenciales como a los digitales, para que sus usuarios puedan completar la validación en establecimientos de atención física o virtual (locales, sitios web y aplicaciones oficiales). Inclusive, se ponderan métodos alternativos para cuando no sea posible verificar la identidad mediante biometría, aunque en el anuncio no se precisan cuáles serían.
En cuanto a los plazos, las prestadoras del servicio móvil contarán de una ventana temporal de un año para aplicar el mecanismo a las nuevas activaciones prepago, hasta el 30 de septiembre de 2027. En el caso de las altas pospago, ese límite será el 31 de diciembre de 2027, al igual que para las solicitudes de portabilidad, el reemplazo de tarjetas SIM y los cambios de registro o de contrato solicitados por el cliente.
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Luego de esa fecha, aquellos abonados cuya identidad todavía no haya sido validada, contarán con un tiempo extra, hasta el 31 de diciembre de 2028 para actualizar su registro. Ya el primero de enero de 2029, la Anatel permitirá que las operadoras suspendan y cancelen aquellas líneas que continúen sin regularizar.
Como es de esperarse, todas estas fechas y procedimientos deberán ser informadas por las prestadoras a sus usarios, quienes también deberán implementar mecanismos de protección de la información personal de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD) e integrar los canales comerciales propios con los sistemas de validación de identidad.
El caso mexicano
Una iniciativa similar se desarrolla en México, aún a pesar de los pedidos de prórroga pedidos y concedidos.por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones del país (CRT). Sucede que entre enero y julio de este año, la población debía validar su identidad como usuario móvil, con las mismas claves propuestas en Brasil: documentación oficial y pruebas de vida. Pero con un elemento extra: se estableció un límite general de diez líneas por persona física y la anulación del servicio regular para los números no asociados.
Sin embargo, este proceso requirió más tiempo del previsto y el regulador concedió un cronograma que extendió el plan hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante un cronograma calendarizado según fuera el último dígito del número celular. Comenzó con el cero, al que le ofreció los primeros 15 días de agosto, y continuó progresivamente hasta llegar, a estas semanas, en las que se validan las lineas cuya terminación es con el número cinco. Resta esperar, ahora, que hasta el último día del año, se convaliden aquellas con terminación en seis, siete, ocho y nueve, progresivamente.
Esta medida supuso varios debates porque, aunque la regulación prohíbió explícitamente el almacenar datos biométricos o copias de identificaciones y responsabiliza a las operadoras del resguardo de la información, organismos como la ALT+ y defensores de derechos humanos alertaron sobre la inviabilidad técnica y financiera que supone para los pequeños operadores, además de los riesgos de ciberataques contra las bases de datos centralizadas y el potencial uso gubernamental para la vigilancia sin control judicial.
Fue un debate profundo que recordó casi de inmediato a otro, realizado cinco años antes y declarado anticonsitutcional: el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) por el que se intentó crear una base única controlada por el Estado.
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Por eso, en la comunicacioón de la iniciativa que finalmente concretó la adhesión popular y del mercado, se insiste en señalar que se trata de un proceso que no realiza el gobierno, sino que toca a cada compañía telefónica, quienes asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación.
Pero hubo más…
Hace dos meses, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) puso en marcha el registro obligatorio para más de 4,4 millones de líneas móviles prepago, algo que equivale al 19 por ciento del mercado local, para eliminar el anonimato administrativo y combatir las estafas telefónicas.
Aqui, el regulador exigió a las operadoras asociar cada número a la identidad, nombre y domicilio del titular; las nuevas SIM requerirán validación previa para su activación, mientras que las líneas existentes deban registrarse en un plazo de 10 días tras realizar su primera interacción (como una recarga), bajo riesgo de bloqueo de saldo. Las empresas implementarán canales presenciales y digitales con diversos métodos de autenticación, asumiendo la responsabilidad operativa y el resguardo de los datos personales recopilados exclusivamente para fines legales.
En Costa Rica también. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) implementó una plataforma corporativa para modernizar el Sistema de Registro de Telefonía Móvil Prepago mediante autenticación biométrica y prevención de fraude; aunque fue cuestionada por plantear desafíos regulatorios en materia de ciberseguridad, protección de datos personales e inclusión digital.
Luego, la discusión llegó a Perú, también como consecuencia de sumar herramientas contra la delicuencia (de extorsión y sicariato), realizada desde los dispostiviso móviles, En este caso, el Congreso aprobó la penalización de la venta ambulante e informal de tarjetas SIM con penas de uno a cuatro años de cárcel, aunque modificó el texto original y eliminó la tipificación penal con que se pretendía encarcelar a los directores y ejecutivos de las empresas operadoras. A la vez que el regulador local, el Osiptel, creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) para garantizar la continuidad del servicio de los usuarios que se validaran, y desconectar a los que no.
Sin embargo, aún a pesar del ajuste en el detalle de la letra, la medida fue cuestionada por ineficaz. Por ejemplo, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) había advertido que la norma confunde la regulación administrativa con la seguridad ciudadana, a la vez que evaluó que el Renteseg criminalizó a los usuarios.
Otro fue el caso hondureño, donde el debate -que data de hace tres años- promoviera sancionar la llamada Ley SIM para combatir la extorsión. Esto supuso crear una Base de Datos Nacional de Usuarios centarlizada, que con registro biométrico y el control estatal a cargo de Conatel y Hondutel. Sin embargo, fue muy cuestionada por vulnerar la privacidad y la protección de los datos personales, tal como lo planteó la GSMA.
Aqui y allá, las discusiones sobre las normativas vinculadas a la seguridad ciudadana de los ususarios móviles plantean debates profundos con otras, vinculadas al derecho a la privacidad y al cuidado de los datos personales . Son debates que no están saldados en América Latina y que se profundizan en tiempos en que el dato es el alimento principal de la maquinaria que da forma y sustento al desarrollo de la inteligencia artificial, algo sobre lo que deberían abrevarse las estrategias de política pública en materia, también en términos de ciberseguridad.
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