En las últimas semanas, algunos reguladores de la región han señalado cambios en los plazos y alertado que están revisando las bases y condiciones de los concursos de espectro previstos para el próximo año. Brasil es el único país que ha mencionado al covid-19 como razón principal de este nuevo análisis, que incluye temas relacionados con las condiciones en los que se ofrecerá el espectro pero, especialmente, cambios en el cronograma. Para México, cuya licitación de espectro ya tuvo un cambio en el calendario, la discusión se dirige hacia a los costos por derechos de espectro, que el Palacio de Hacienda pretende aumentar. En Chile, en tanto, las modificaciones que tomarán las bases luego de la consulta pública también están relacionadas al cronograma, entre otras cuestiones, aunque en el fondo permanezcan las dudas de si el espectro puesto a disposición por el regulador será suficiente.
A estas condiciones particulares de cada mercado, se suma la crisis que deja la pandemia por el covid-19 y que, lejos de solucionarse con la flexibilización de la cuarentena, traspasará al 31 de diciembre. Para los operadores, la crisis fue la gota que rebalsó el vaso en términos económicos y financieros.
Un informe publicado en mayo de Standard and Poor’s indicaba que la pandemia podría impactar negativamente entre un 2,6 por ciento y un 14,2 por ciento en la facturación anual de los operadores de América Latina y el Caribe. De hecho, la cobranza de los operadores —especialmente en aquellos países con crisis económica y falta de recursos para realizar pagos digitales— había caído fuertemente debido al aislamiento social obligatorio. Sin embargo, los operadores debieron mantener los servicios sin cortes y soportar el crecimiento del tráfico.
La depreciación de la moneda, que se estima en un 14 por ciento para las monedas latinoamericanas entre diciembre de 2019 y abril del 2020, tendrá un impacto entre el tres y el nueve por ciento en los ingresos mientras que el desempleo crecerá en la región, afectando la demanda de servicios de telecomunicaciones fijos. Esta situación marca una expectativa de contracción en las inversiones de las telecomunicaciones en 2020 entre el 10 y 20 por ciento, según Standard and Poor’s.
Para Maryleana Méndez, secretaria General de Asiet, “los operadores mantendrán las inversiones en proyectos estratégicos durante 2020 pero limitarán otros”. Para 2021, la situación podría ser parecida si es que no empiezan a cambiar las condiciones, especialmente a cuanto al acceso a financiamiento.
En una conversación con TeleSemana.com luego de su participación en el Coloquio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre Políticas y Economía, Méndez señaló en la región el problema es que ha subido el costo de financiamiento por causa de la crisis del covid-19, lo que —y lo que sigue son palabras mías— obliga a los operadores a recalcular sus inversiones. “La inversión en América Latina está asociada a la disponibilidad de financiamiento. Hoy el costo aumentó y, además, hay muchos interesados compitiendo por acceder a ese financiamiento”, explicó. Por eso, Méndez repite que hoy, más que nunca, los reguladores tienen que garantizar la seguridad jurídica y trabajar para que las condiciones sean las adecuadas para impulsar la participación en las licitaciones de espectro y empujar el desarrollo de la infraestructura.
Esto es especialmente importante en América Latina, donde todavía existe población desconectada. “Las medidas que se han tomado por la pandemia fueron de alcance amplio, pero ahora hay que tomar medidas más enfocadas en llegar a los sitios donde no hay cobertura y a las empresas pymes que son los motores de las economías”, señalaba Oscar León, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel).
En un contexto desafiante por la pandemia, el foco para 2021 estará puesto en la reducción de costos. Esto implica desde la infraestructura y la tecnología que utilizan los operadores —por eso se plantea la compartición como un tema importante hacia al futuro, al igual que nuevos modelos de despliegue que hagan viable las inversiones para nuevas redes móviles— hasta los precios del espectro y los costos asociados a la regulación. El 2021 obliga a recalcular y poner el foco en costos, ¿estarán todos los actores a la altura?
