Unas 400 cooperativas que ofrecen Internet en la Argentina elevaron, una vez más, un reclamo conjunto para que se dispongan “urgentes medidas que destraben las restricciones a bienes y servicios esenciales para la conectividad de las ciudades y pueblos donde brindamos servicio a centenares de miles de argentinos y argentinas”, dice en su comienzo la misiva en un pedido que resulta cada vez más dramático.
“Las cooperativas argentinas TIC comenzamos el año 2023 siendo el único actor del sector que viene cumpliendo con los límites tarifarios dispuestos por el Gobierno Nacional (decreto 690/2020), incluso a pesar de los grandes perjuicios que ello está generando a la situación económico-financiera de cada cooperativa por el desfasaje entre los valores autorizados y los costos crecientes por la inflación y los insumos dolarizados”, dice la nota en la que se reunieron la Cámara de Cooperativas de telecomunicaciones (Catel), las pymes y cooperativas que brindan servicios de telecomunicaciones en 270 localidades de 21 provincias argentinas bajo el ala de Colsecor, y la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Ltda (Fedecoba).
A modo de repaso, el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU 690) fue una medida implementada por el Gobierno Nacional en 2020, en medio de un contexto extraordinario, de pandemia por covid-19 y ante la necesidad de realizar aislamientos poblacionales preventivos y obligatorios. Su espíritu fue el de fomentar la conectividad y facilitar herramientas a los sectores más vulnerables; sin embargo, introdujo cambios en las reglas de juego sectoriales.
Por ejemplo, el de telecomunicaciones pasó de ser un servicio regido por la competencia de mercado (en el que la lógica del precio y la calidad del servicio marcan el pulso) para ser un servicio público, esencial y en competencia; un concepto al que muchos analistas evaluaron contradictorio per se.
A este escenario, los grandes operadores de telecomunicaciones lo respondieron con la judicialización del decreto y la obtención de medidas cautelares a través de las que evitaron cumplir con la normativa. También es preciso recordar que ya hace un año que el Gobierno elevó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pedido expreso de interceder ante esta judicialización.
Lo paradójico del caso, quizá, es que la asimetría que el DNU 690 quiso paliar en la sociedad, al bregar por universalizar el acceso a Internet, terminó por generar nuevas asimetrías, ahora al interior sectorial: las pymes, las cooperativas y los pequeños ISPs sí fueron alcanzados por el DNU 690, en una coyuntura que no ahorró en dificultades: inflación, recesión, limitaciones cambiarias, entre otras complejidades.
“En este comunicado conjunto manifestamos que somos conscientes de las restricciones macroeconómicas y cambiarias que llevaron a reformular las licencias automáticas de importación y de giros de pagos en divisas extranjeras. Pero en estos meses, se han paralizado las posibilidades de acceder al equipamiento, los insumos y servicios necesarios para las comunicaciones”, dice el anuncio que pincela la gravedad de la situación.
“Internet es un servicio esencial, y estamos plenamente involucrados en las políticas públicas para que llegue con calidad a cada rincón del país -como los Programas Conectividad y Barrios Populares de Enacom que articulan virtuosamente la inversión pública y la reinversión de nuestros recursos en redes de fibra óptica-“ dice el pedido y solicita al Poder Ejecutivo que “autorice la compra de insumos y servicios básicos para Internet a través de los sistemas SIRA y SIRASE”, tales las siglas que refieren a los sistema de Importaciones y de Pagos de Servicios al Exterior vigentes desde octubre de 2022.
“En cuanto a la regulación de precios, Catel, Colsecor y Fedecoba calificamos de insuficiente el reciente aumento. Desde la puesta en marcha del decreto 690 hasta noviembre de 2022 acumulamos más de un 70 por ciento de pérdida frente a la inflación. Tampoco contempla regulación asimétrica respecto de prestadores que desconocen por vía judicial las tarifas de referencia. Los pequeños prestadores TIC, al no disponer de la economía de escala de los grandes prestadores de orden nacional o global, realizamos un alto esfuerzo para dar Internet de calidad, con serios problemas para sostener precios razonables”, dice el anuncio que alude a la reciente aprobación de alzas tarifarias escalonadas.
Y sigue: “Como prestadores de servicios públicos, fuertemente arraigados en los territorios, hemos desarrollado una gestión comprometida con los sectores más perjudicados de la sociedad en la pandemia. Con responsabilidad se han materializado reinversiones en tendidos de fibra óptica, plataformas digitales potenciando la mano de obra local”.
La carta termina con un pedido: “Solicitamos respuestas positivas del Estado Nacional en las áreas de Economía, Comercio y Fomento TIC que posibiliten mejorar el servicio que merece nuestra población”.
Esta misiva de las cooperativas surge a una semana que la asociación Infraestructura Digital Argentina (IDA) también hiciera público su cuestionamiento a las decisiones oficiales, sobre todo, al camino elegido para avanzar con la licitación 5G y al encomendarle al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tener una visión más integral de la apuesta.
Y sucede, además, algunas semanas más tarde que el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec) advirtiera que es necesario revisar el espectro radioeléctrico antes de avanzar con una licitación.
Quizá, en lo que a 5G refiera, lo que más se le reclama a los funcionarios sea el apuro. A nadie se le escapa que 2023 sea un año electoral y que una subasta promete inyectar dólares. Pero, en estos casos, sirve también ver la experiencia vecina: Brasil dedicó dos años a preparar las condiciones que concluyeron en una subasta que fue considerada exitosa, que no tuvo objetivos recaudatorios, sino que puso el foco en los compromisos de despliegue y de servicios sociales; y cuyo encendido de redes viene realizándose cual reloj.
Pero volviendo al reclamo de los ISPs al Gobierno, también es justo recordar que, en buena medida, son ellos quienes llegan a sitios a los que muchos otros no, que su labor es en muchos casos titánica y que, si hablamos de achicamiento de la brecha digital, son las redes comunitarias y los pequeños prestadores quienes protagonizan esa posibilidad.
¿Cómo podría hoy, la Argentina, acercar las partes de modo tal que se encuentre un punto de equilibrio? ¿Estamos hablando de un problema regulatorio, judicial, de negocio, de coyuntura? ¿No es momento, ya, de intentarlo?
