Brasil atraviesa un año electoral, dado que el 4 de octubre su población elegirá al equipo de gobierno que conducirá la suerte de la república durante los próximos cuatro años. Esto supone un complejo escenario de profundización de las acciones de la actual administración de gobierno, pero también de revisión de los pasos dados. En ese punto se inscribe la consulta pública que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones del país (Anatel) acaba de lanzar, con el objetivo de reevalular los límites máximos de espectro radioeléctrico plausible de concentrar por grupo económico, con el afán de achicarla. Esto, sumado a una visión generalizada en la región de atender la demanda que produce la actualización de la infraestructura.
El plan carioca
El proyecto de revisión y debate normativo forma parte de la Agenda Regulatoria establecida por la Agencia para el bieño 2025-2026; en su ítem 16° se plantea el debate acerca de los límites máximos de recursos radioeléctricos que pondera la Resolución nº 703, que data del 1 de noviembre de 2018. El objetivo pasa por “ajustar dichos límites máximos para cada grupo económico, reflejando adecuadamente los cambios que producidos en el mercado de los servicios móviles personales (SMP) en los últimos cinco años”.
Imagen creada con IA
Cinco años en los que, entre otros cambios, Brasil incorporó nuevos actores a la industria producto de la subasta de quinta generación móvil, de noviembre de 2021, pero también el proceso de consolidación que registra el sector en toda la región, y que para el órgano regulador impone la necesidad de revisar las condiciones de concentración y de competencia, respecto de un insumo y recurso natural vital.
Para los efectos prácticos, la consulta identifica un escenario de tercios, en las que cada uno puede sumar hasta el 30 por ciento de los ubicados en las bandas de radiofrecuencia inferiores a 1 GHz, las de entre 1 GHz y 3 GHz; y las ubicadas entre los 3 GHz y 7,125 GHz. Un límite propuesto en el 30 por ciento que se estimará por separado, para cada grupo empresario. También propone eliminar la variación de límites y otorga la potestad para que, en marcos licitatorios específicos, se puedan establecer límites diferentes.
Se trata de una consulta pública que está disponible durante 45 días, en el portal Participa Anatel –aquí– y en cuya documentación adjunta se puede advertir que la Anatel identificó concentración de mercado.
El documento -disponible aquí– cita al proceso consultivo N° 5, realizado entre agosto y septiembre de 2025 sobre la percepción de una posible revisión de los límites máximos del espectro, incluidos los impactos en la competencia, la adecuación de los límites actuales, las nuevas segmentaciones de banda, la inclusión de autorizaciones secundarias, los acuerdos de compartición y los modelos de revisión alternativos.
“En total, se recibieron 87 contribuciones, distribuidas en temas como: impacto de los límites en la competencia, adecuación de los porcentajes actuales, definición de bandas de frecuencia, relevancia de los modelos de límites diferenciados, tratamiento de los acuerdos de explotación industrial y la posibilidad de considerar el espectro secundario. La participación se dividió entre grandes operadores, con aproximadamente el 41 por ciento de las contribuciones recibidas; pequeños y medianos proveedores, con cerca del 40 por ciento; y la sociedad civil, con aproximadamente el 18 por ciento”, admite el regulador.
Y a eso suma que según el Análisis de Impacto Regulatorio realizado, estas contribuciones “indicaron una preocupación predominante por la concentración del mercado móvil y resaltaron la necesidad de reequilibrar las condiciones competitivas”. De ese abordaje se extrajo que los criterios para el cálculo de la asignación de recursos (incluidas las bandas no licenciadas y el uso secundario), la idoneidad de las segmentaciones actuales frente a los avances tecnológicos (especialmente 5G y futuras bandas como 6 GHz), y la adopción de modelos para la revisión periódica de las normas eran temas para revisar.
Inclusive, que los pequeños y medianos proveedores de servicios (PYME) abogaron por mantener el modelo actual y adoptar modelos híbridos que combinen límites fijos con flexibilidad para ajustes específicos. Los nuevos participantes abogaron por límites más restrictivos y la exclusión de bandas aún no licenciadas. Las organizaciones de la sociedad civil propusieron enfoques centrados en la equidad, la transparencia y los instrumentos conocidos como “úsalo o piérdelo”.
También recogió recomendaciones, como la adopción de un modelo de gobernanza híbrido, una segmentación ampliada de las bandas (tal como se propone ahora en esta nueva consulta), revisiones periódicas estructuradas, límites asimétricos para los operadores dominantes, la exclusión de las bandas sin licencia, medidas condicionales a favor de la competencia y el mantenimiento de un proceso regulatorio sólido, con consulta pública.
Las experiencias regionales
En América Latina y Caribe, como en muchas otras latitudes, el establecimiento de límites de acumulación de frecuencias permite que se evite el monopolio del recurso, garantizar la competencia y facilitar el despliegue de tecnologías móviles como 4G y 5G. Y aunque en cada país se aplica un modelo diferente, hay miradas tendientes a establecerlos permanentes por categorías o bandas; y otras, enfocadas en la necesidad concreta de un evento, por ejemplo, una licitación. Argentina, Ecuador, Chile y Colombia, además de Brasil, son claros ejemplos del primer caso; mientras que México y República Dominicana, de los segundos.
Por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene establecidos límites de 50 MHz para bandas bajas (por debajo de 1 GHz) y a 100 MHz para bandas medias, tiene al tema en proceso de revisión. En mayo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia lanzó una consulta pública para discutir la posibilidad de moverlo hasta los de 65 MHz en las bandas bajas (menores a 1 GHz), de 140 MHz para las bandas medias (entre 1 GHz y 3 GHz) y de 100 MHz para las bandas medias altas (entre 3 GHz y 6 GHz). La iniciativa, además, planteó la reserva de condiciones especiales de compartición en caso de ruralidad o zona desfavorable, entre otras variables.
En el caso de Ecuador, la modificación se realizó hace tres años cuando se pasó de 100 MHz por operador móvil para facilitar escenarios de hasta cuatro operadores, por ejemplo, en la banda de 700 MHz y la de 3300 a 3600 MHz. Por su parte, la Argentina, llevó de los 50 MHz hasta los 140 MHz posibles; y Chile pasó de un tope plano de 60 MHz a diferenciados por cuatro bandas (bajas, medias-bajas, medias-altas y altas) con el objetivo de asegurar que ningún operador concentre de forma anticompetitiva el recurso.
Inclusive, hace un par de meses, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) chilena decretó que “las condiciones del mercado chileno de telecomunicaciones no ameritan modificar los límites de tenencia de espectro”, luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) le formulara la consulta a fines de 2025 (sobre si era posible modificar los spectrum caps establecidos en 2019 y complementados por la Corte Suprema dos años más tarde).
En la región también hay otros enfoques, más flexibles, que optan por fijar los cupos ante un evento o licitación; como es el caso de México, que en subastas como de 5G aplicó límites de acumulación de 100 MHz por operador para la banda de 3.5 GHz, por región; y República Dominicana, que aplica estas tolerancias de forma transitoria, por evento, en los procesos de licitación. Eso es lo que sucede, justamente, en este momento cuya estrategia licitatoria parece haber dado frutos al haberse confirmado el interés de ingresar al mercado un cuarto operador, actor que el regulador local anhelaba.
Con todo, el desarrollo de las redes 5G en la región demandan de mayores bloques de recurso, estimados en 100 MHz continuos por operador en bandas medias; y en ese sentido están reaccionando muchos de los reguladores. El paso de 3G o 4G a 5G, también supone este tipo de desafíos.
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