La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió un proceso de consulta pública para recabar comentarios sobre la normativa que regirá a su primera experiencia en espacios de prueba. Se trata de que la industria, la academia y emprendedores prueben nuevas tecnologías, equipos y modelos de negocio en condiciones reales de uso, bajo supervisión directa del regulador, sin la necesidad de tener que debatir entre legislar algo sobre lo que todavía no se cuenta con la certeza cabal de su uso o alcance. El plan está en sintonía con otras experiencias ya probadas en la región.
La incorporación del sandbox como instrumento fue una incorporación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), sancionada hace un año, en cuya letra se señala que la Comisión deberá considerar el objetivo de establecer “mecanismos flexibles” que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías en las redes de telecomunicaciones, y le da la potestad de autorizar el uso temporal del espectro radioeléctrico (o recursos orbitales) para facilitar la creación de entornos de prueba у experimentación controlados. Inclusive, faculta a la Dirección General de Política Regulatoria para que proponga este tipo de entornos controlados de prueba, para la adopción y evaluación de tecnologías o servicios innovadores.
El llamado, al detalle
Hasta el 22 de septiembre de 2026, la reguladora mexicana recibe comentarios al documento titulado Lineamientos Generales para la Autorización de Entornos de Prueba y Experimentación Controlados en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocidos internacionalmente como sandboxes regulatorios, con el afán de implementar la primera experiencia de un esquema de flexibilización normativa temporal.
Innovación – Crédito: Pixabay-Alexas Fotos
La apuesta pasa por facilitar que los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión se modernicen, se fomente la competencia y competitividad, se reduzcan las barreras de entrada y se acelere el despliegue de soluciones tecnológicas en beneficio de las personas usuarias y las audiencias, tal como se lo planteó como objetivo en la mismísima creación del regulador (hace menos de un año).
El llamado precisa que vehiculizarán aquellas iniciativas que fomenten la innovación y que contribuyan al desarrollo eficiente de los sectores; que promuevan el uso eficiente del espectro radioeléctrico y su protección; que otorgue instrumentos técnicos, operativos y regulatorios para evitar la generación de interferencias perjudiciales entre servicios de radiocomunicaciones y, en su caso, detectarlas, controlarlas y eliminarlas de manera oportuna.
Otras iniciativas que podrán acceder a este tipo de instrumentos serán las que promuevan la protección a los usuarios finales y audiencias; y aquellas que aseguren proporcionalidad de escala, naturaleza y riesgo del proyecto de innovación bajo prueba, su transparencia y neutralidad tecnológica; o bien que aporten al aprendizaje regulatorio.
La medida prevé que se otorguen permisos temporales, de hasta dos años, con la posibilidad de solicitar una extensión de hasta otros dos años más. La idea es que las reglas sean adaptables para validar la viabilidad técnica y comercial del desarrollo antes de iniciar procesos de autorización o concesiones definitivas.
Es decir que, en ese plazo, se podría contar con un permiso de comercialización temporal de los proyectos o de servicios de innovación en fase prueba, pero que no garantiza ni otorga ningún derecho automático, preferencia ni concesión para continuar operando comercialmente una vez finalizado el plazo.
Plantea, además, que cuando las pruebas involucren el uso o explotación del espectro radioeléctrico o recursos orbitales, los autorizados paguen una contraprestación determinada por la CRT previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En todos los casos, establece una ventana de 40 días para que la CRT se expida por la aprobación o denegación de la iniciativa propuesta y, en caso de otorgado el permiso, obliga a iniciar las operaciones en un período máximo de seis meses. Inclusive, ante la presencia de algún riesgo crítico de interferencias perjudiciales, fallas de seguridad o vulneración de datos, insta a ejecutar medidas de contención de inmediato y a notificarlas en un plazo no mayor a las 12 horas.
Calendario. Imagen: Nick Hillier/Unsplash
Una vez concluido el período de prueba, el responsable deberá presentar un informe detallado a la CRT, con los resultados empíricos, métricas y lecciones aprendidas para alimentar el aprendizaje regulatorio, en un plazo de 40 días.
La convocatoria publicada aquí, precisa también que “en ningún caso la Autorización de Entorno de Prueba Controlado podrá exceptuar del cumplimiento de obligaciones emanadas de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos de los usuarios y las audiencias, las normas de competencia económica, salud y seguridad, protección de datos personales, ciberseguridad, integridad de redes, derechos de terceros, protección de Usuarios Incumbentes, prevención de interferencias perjudiciales, ni el pago de las contraprestaciones y derechos aplicables”.
Otras experiencias
En esta consulta, la CRT refiere a las experiencias internacionales en materia de sandboxes e, inclusive, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) promociona iniciativas para facilitar iniciativas vinculadas a modelos de internet comunitario en zonas rurales, conectividad satelital avanzada, redes móviles abiertas (Open RAN), sensores del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y uso compartido del espectro radioeléctrico, por citar algunas.
Entre ellas, destaca la región, donde Colombia plantó un mojón en 2020, al dar el primer paso. De aquel momento al presente, la experiencia colombiana se multiplicó en varias iniciativas, como la vinculada al desarrollo de un arenero de pruebas para evaluar los beneficios del uso del Direct to Device (D2D) satelital de la mano de los operadores, a través de un sandbox convergente.
Se trata de una experiencia varias veces visitada por pionera, sobre la que también trabajan otros países, como es el caso de Perú, que la puso en su agenda regulatoria para el bienio 2026-2027; Brasil, que propuso incorporar esta metodología como hábito de su regulador; y República Dominicana, que recurrió a este mecanismo flexible desde hace cuatro años.
¿Un arenero para la monetización?
Si de casos de casos de uso y tecnologías prioritarias se trata, es dable pensar en el despliegue de 5G privado e IoT Industrial, con el objetivo de propiciar que las industrias (minería, manufactura o puertos, por mencionar algunas) puedan probar redes privadas en espectro local, sin someterse a concesiones comerciales completas.
También, se puede presumir que se busque evaluar cómo la integración entre redes satelitales y las móviles terrestres faciliten las labores de cierre de la brecha digital en zonas rurales, se aspire a probar los beneficios del Open RAN o a testear tecnologías de acceso secundario al espectro.
Pero, sobre todo, lo interesante de la ventana que ofrece el sandbox es que, al otorgar hasta cuatro años de prueba (2 años, más una extensión de otros dos) permita validar la monetización de un servicio antes de invertir en licencias o concesiones definitivas; y que democratiza el acceso a startups, WISPs y centros de investigación que antes no podían asumir el costo y el riesgo regulatorio de probar tecnología. Todo esto lo hace con la consigna de garantizar al regulador como veedor permanente y plazos concretos de finalización, con balance.
Con todo, el plan de este sandbox parece priorizar la monetización de la industria telco pero también del regulador, que obtiene insumos probados, basados en evidencia real, para legislar a futuro sin frenar la innovación; y está en marcha.
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