El sector de las telecomunicaciones de la Argentina celebró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 haya dejado de existir a partir de la emisión del DNU 302/2024. Hubo coincidencia en que se trató de una decisión que le provocó daño al sector y que cuyo mayor perjuicio estuvo a nivel de inversiones. ¿Se abren nuevas perspectivas a futuro a partir de esta definición? Sí pero no. Las compañías ahora tendrán más libertad de acción, aún cuando ya contaban con medidas judiciales de amparo. En adelante, la incógnita pasa por el panorama económico del país pero también por el rol que pasaría a ocupar (o no) el Estado.
De Claro a Telefónica, de la Cámara Argentina de Internet (Cabase) a la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL) pasando por la GSMA, CAPPI y CATIP, como también por los especialistas regulatorios, todas las voces se expresaron en un sentido similar. Y cada una en particular, destacó a TeleSemana.com el esfuerzo realizado para mantener los servicios en funcionamiento, aún en un contexto adverso en materia de inversiones y de negocios.
“Claro considera que es una decisión correcta la derogación del DNU 690 dispuesta por el Gobierno Argentino. El DNU 690 se encontraba en la práctica inaplicable por múltiples acciones judiciales, pero era necesaria su derogación para posibilitar así un nuevo marco de reglas que alienten el desarrollo de inversiones y mejoras de servicios de conectividad en el país”, señalaron desde el operador.
Desde Telefónica, en tanto, aseveraron que “la derogación del Decreto 690 pone punto final a uno de los obstáculos más severos que sufrió la industria en los últimos cuatro años. El gobierno ha dado un primer gran paso para el crecimiento y desarrollo del sector que redundará en inversiones en beneficio de los clientes”.
Sí, la derogación se percibió como una especie de alivio, sobre todo, porque llevó al sector al status anterior a esta norma, donde ni la telefonía móvil, ni Internet y, mucho menos, la televisión paga, eran considerados servicios públicos. En adelante, sólo la telefonía básica continuará bajo esta figura.
“Me parece perfecto que haya derogado el artículo 15, porque hablar de servicio público en competencia es una equivocación” dijo Guillermo Schor Landman, abogado especialista en TIC y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y precisó que el que la telefonía fija mantenga su condición de servicio público es “muy razonable, sobre todo por la servidumbre”, en relación al uso gratuito que garantiza de los terrenos en los que están basados las infraestructuras y por el que, por ende, no se deben negociar tasas específicas con los municipios.
En ese sentido, el especialista valoró que “por muchos motivos, no están dadas las condiciones” para que, por ejemplo, la telefonía móvil fuera considerada un servicio público, y ponderó que la motivación primera del DNU 690 fue controlar los precios.
“Siempre marqué que el DNU 690 fue un error, es un mercado en competencia, además de que en ninguna parte del mundo se regulan precios”, opinó a su turno Agustín Garzón, Abogado y consultor en Telecomunicaciones y director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante la administración de Mauricio Macri, al tiempo que valoró que “el mercado vuelve a la normalidad” y apostó a que “ahora se espera que también vuelvan las inversiones”.
“Es una medida que hay que festejar. Nos saca de una situación de incomodidad que tenía la industria. Si bien había varias cautelares y procesos que estaban liberando los ajustes de precios define claramente que solamente el servicio telefónico básico es servicio público y los demás dejan de ser servicio público, cosa que desde la cámara habíamos solicitado y marcado como uno de los principales errores que tenía el decreto 690”, señaló Ariel Graizer, presidente de Cabase.
Por su parte y desde la academia, Martín Becerra, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente universitario, valoró que este decreto “termina de rematar el DNU 690/20 que, en los hechos, ya no estaba vigente”.
¿Qué pasa con las tarifas?
El congelamiento de precios dispuesto por el DNU 690 durante el primer año de la pandemia tuvo mayores consecuencias para gran parte de las operadoras más pequeñas o cooperativas que no habían aumentado sus precios durante 2020, y que en 2019 lo habían hecho a un ritmo menor en comparación a otras empresas del sector.
“El congelamiento de tarifas en los últimos años le hizo mucho daño al sector, especialmente a las cooperativas y pequeños operadores que, en definitiva, sin medidas cautelares fuimos los que terminamos cumpliendo con ese esquema que pulverizó los balances de muchas organizaciones. Solo compensado por lo valioso que se ha transformado la conectividad, y en el caso de Catel la incorporación de la movilidad a través de imowi que hoy nos coloca en igualdad para poder competir, y que nuestros usuarios, en cualquier rincón del país, puedan tener todos los servicios”, sostuvo, en tanto, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL.
“El DNU 690 fue un error conceptual grave y una norma dictada por autoridades sin conocimiento del segmento y sin ninguna interacción con quienes hacemos las comunicaciones”, apuntó Franco Cecchini, presidente de CATIP, quien agregó que “no logró ningún efecto positivo y enormes gastos y efectos negativos para el segmento TIC y toda la población Argentina”.
En la misma sintonía, Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) sostuvo que “es correcto y esperado por todos” y adelantó que “a pesar de la derogación, no se verán grandes aumentos, demostrando que el DNU era totalmente innecesario”; al igual que su par en la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (CACPY), Marcelo Tulisi, ponderó que “fue un decreto que sólo nos trajo problemas”.
Recorrer al grueso del sector es una muestra de que se trató de una medida que les pegó a todos, a tal punto que allá por 2020 todo el sector se unió para buscar el modo de que se volviera atrás con esa medida, que se extendió aún cuando se fueron flexibilizando las exigencias sanitarias y se retomaba a cierta normalidad.
¿Se verán grandes aumentos de precios a partir de ahora?
No. Las cautelares le dieron el aire suficiente a la mayor parte del sector para que fueran actualizando sus precios que, en promedio, vienen por detrás de los índices de inflación que registra la Argentina.
Un informe de Carrier y Asociados indicó que, desde la entrada en vigencia del DNU 690, en agosto de 2020, hasta diciembre de 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general aumentó 948 por ciento. Los del IPC de telecomunicaciones en el mismo período subieron un 662 por ciento, pero sólo fueron autorizados incrementos del 249 por ciento.
Esto se vio reflejado, por ejemplo, en el crecimiento del sector de fibra óptica que, en la visión del analista, creció un 58 por ciento en 2021, contra un 39 por ciento de 2020. Crecimiento que no se sostuvo luego puesto que fue de 39 por ciento en 2022 y de 28 por ciento en 2023. El nivel más alto se había dado en 2019, con un avance de 149 por ciento.
Esto también explica por qué las mismas empresas y cámaras anticipan que no habrá grandes aumentos hacia adelante teniendo en cuenta que el bolsillo de los usuarios no está para soportar alzas caprichosas.
“Entendemos que esto va a dinamizar más a la industria y que va a permitir un panorama hacia adelante mejor y con mayor libertad. No creo que los precios aumenten porque la competencia efectiva está en casi todas las localidades del país. Por ahí en algún lugar concreto pueden ajustar algunas variables, pero la discusión más importante es con el servicio público y no con otras cosas”, subrayó Graizer, de Cabase.
“Hay una elasticidad de la demanda que dice hasta dónde se puede aumentar precios o no. Los aumentos no tienen que ver con el DNU”, aclararon desde Telefónica.
Entonces, ¿se abre un nuevo horizonte para el sector de las telecomunicaciones en la Argentina en términos de inversiones? No aún. Resultan necesarios ordenamientos tanto de la macro como de la microeconomía, factores básicos para el funcionamiento de la economía en general, punto que todavía no se vislumbra con claridad, aunque sí se detectan expectativas.
“Las acciones que se están llevando adelante para la estabilización de la macroeconomía es la otra contribución que es indispensable para potenciar la industria de las comunicaciones en plena competencia”, expresaron desde Claro. Y en Telefónica fueron un poco más allá al expresar que “confiamos en que la autoridad avance en un plan de reformas regulatorias que actualice las reglas a la realidad de la dinámica de la tecnología y de la conectividad, que aliente al crecimiento de la industria favoreciendo mayores oportunidades de inversión, competencia sana, oportunidades de desarrollo al ecosistema y sostenibilidad de las empresas. Dándose estas condiciones, una vez más será el país y los argentinos quienes se verán beneficiados”.
Hay una expectativa alta, por lo que se pudo recoger de las distintas fuentes consultadas que representan prácticamente al 100 por ciento del sector de las telecomunicaciones. Las cosas no se modificarán del día a la mañana. Hay un tema de confianza que tiene que entrar a operar, y que aún se mantiene agazapado, esperando. Los inversores no tienen apuro, esperarán a ver si se consolida la línea trazada hasta ahora y, sobre todo, si se dan mejoras a nivel del bolsillo de los usuarios. Al final del camino, y más allá del DNU 690, es el ARPU la variable principal sobre la que se apoyan las inversiones.
“La derogación del DNU 690 es una noticia muy esperada por todo el sector de telecomunicaciones. La norma no solo tuvo un impacto negativo por su contenido, contrario a la libre competencia y la certidumbre jurídica, sino también por su forma. Fue una medida repentina, implementada sin conversaciones previas con la industria” celebró Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA y subrayó que “se necesitan medidas que aporten previsibilidad a largo plazo, incentivos a las inversiones y una mirada integral sobre la brecha digital”.
¿Es posible pensar en una nueva regulación para el sector o el escenario será el de la desregulación total?
“La desregulación completa significa la ley de la selva, la del más fuerte y, para nuestro sector, creo que debe garantizarse la existencia de un regulador independiente, que cuente con la fuerza suficiente como para garantizar el control de la calidad del servicio y de la cobertura, que siempre tiene que tender a la universalización. Del mismo modo, creo que tenemos que revisar el marco regulatorio satelital”, sostuvo Schor Landman.
“La Argentina, para desarrollar un desarrollo federal, debe tener un marco regulatorio con reglas claras y seguridad jurídica”, dijo Garzón y valoró que a ese marco lo ayuda la derogación del DNU 690, aunque también alertó que deben resolverse las problemáticas de la macroeconomía. En ese sentido, apuntó a la necesidad de revisar la cuestión regulatoria y la estrategia de implementación del Fondo de Servicio Universal.
Becerra también apuntó a la seguridad jurídica y se preguntó “si acaso la inseguridad jurídica de un mercado constantemente afectado por decretos no constituye un problema para sus actores”. y alertó que la modificación de la Ley Argentina Digital, “quiere ser un guiño a los operadores de telecomunicaciones y TIC” dado que “anula toda potestad de la autoridad regulatoria acerca de las tarifas y relaciones entre operadores del sector”.
Inclusive, y con el afán de pensar los desafíos regulatorios que enfrenta el sector en el país y, en tanto, en el rol que debe ocupar el Estado, Becerra ponderó que “el Estado debe construir una política que priorice las comunicaciones en la agenda de desarrollo del país. Para ello, debe habilitar un entorno de permanente consulta con todos los actores involucrados (empresas grandes, pequeñas, cooperativas, usuarios y trabajadores de telecomunicaciones y TIC, partidos políticos), debe reformular completamente el fondeo y ejecución del servicio universal, debe replantear la relación con los actores de servicios digitales que interactúan directamente con el ecosistema de telecomunicaciones y TIC, debe estimular la competencia y proteger los derechos de usuarios y consumidores, debe revisar las obligaciones de inversión y cobertura de redes, debe actuar con transparencia y ecuanimidad, y debe profesionalizar su gestión”.
El capítulo del DNU 690 se cierra, no sin dejar otro debate abierto.
