De un tiempo a esta parte, el desarrollo de los centros de datos pasó de estar en el hype al debate social y el reclamo regulatorio. Y esto fue evidente en las elecciones de mitad de mandato realizadas en Estados Unidos este 3 de noviembre, donde 29 jurisdicciones cuyos candidatos demócratas plantearon la necesidad de implementar moratorias como las instrumentadas en Nueva York hace poco más de un trimestre, sumaron adhesiones masivas.
Dada la coyuntura geopolítica, estas elecciones se instalaron como evento histórico de importancia global, leido como un rechazo a la administración de Donald Trump en este, su segundo y ya anunciado último mandato. Aunque el conteo aún está en proceso, el Partido Demócrata logró recuperar el control total de la Cámara de Representantes y del Senado, y que también se hizo de gobernaciones emblemáticas, como es el caso de Texas, Ohio y Georgia.
En este escenario, la estrategia país de avanzar en materia de infraestructura para inteligencia artificial, como una fuente de crecimiento económico, con la promoción para el emplazamiento de centros de datos en diferentes latitudes del país parece estar en replanteo luego que, 26 candidatos (de 21 de los 36 estados con elecciones a gobernador) incluyeron en su campaña la promesa expresa de legislar, sobre todo, los campus de gran escala como consecuencia del reclamo social que generan su consumo de energía y de agua, además de su efecto en las tarifas de servicios públicos, en el costo de la tierra y en su impacto laboral.
Como es de esperarse, el de la regulación de los datacenters no fue el único elemento que condicionó el voto, pero es un elemento común en estas latitudes mencionadas donde hubo candidatos que propusieron modificar el ritmo y el costo de expansión de la infraestructura de inteligencia artificial (IA); sobre todo los campus de gran escala.
En ese sentido, medios de todo el mundo dan cuenta del triunfo de la demócrata Gina Hinojosa en Texas, una candidata de origen latino cuya narrativa estuvo vinculada al empoderamiento del Estado a través de la realización de, por ejemplo, moratorias que permitan legislar las condiciones bajo las que pasarán a desarrollarse la industria vinculada al procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Imagen: Dennis van Zuijlekom/Flickr
Según Datacenterdinamics, Texas posee tiene 6,5 GW de capacidad de centros de datos en desarrollo, algo que lo erige como el segundo mercado mundial. Durante la campaña, Hinojosa propuso una moratoria inmediata hasta que la legislatura establezca condiciones para decidir dónde pueden instalarse estas instalaciones y bajo qué requisitos.
Ese medio también recordó que el gobernador local Gregory Abbott había impuesto una suspensión temporal a las iniciativas recibidas al respecto, en la apuesta de que el operador local de la red eléctrica, ERCOT, auditara las solicitudes de interconexión presentadas por grandes consumidores. Pero Hinojosa redobló la apuesta al plantear que esto debía ser reemplazado por una normativa permanente.
A esto se suman otros dos elementos que suman condimentos al caso: el que ningún candidato demócrata había ganado una elección estatal en las últimas tres décadas y el que Elon Musk se erigiera como el mayor donante de campaña en el distrito en el que vive y tiene emplazadas sus empresas Tesla y SpaceX. Según Business Insider, el aporte superó los 446 millones de dólares.
En Ohio también se planteó la necesidad de avanzar con una moratoria condicionada para que los datacenters cubrieran la totalidad de los costos de servicios, que cumplieran con normativas ambientales y que se instalen en las viejas zonas industriales, y que se tradujo en la victoria de la candidata que lo prometió, la demócrata Amy Acton.
También fue el caso de Georgia, donde se propuso la evaluación de los efectos ambientales, comunitarios y tarifarios de estas instalaciones; o de Pensilvania y Nueva York, donde los candidatos resultados reelectos como consecuencia de de instrumentar regulación o motivar su debate legislativo, respectivamente.
¿Un caso asilado?
La preocupación sobre la normativa que acompañe el desarrollo de estas nuevas industrias no son exclusiva potestad de la población estadounidense. En América Latina también se plantearon debates al respecto, sobre todo en lo relacionado a los límites energéticos, hídricos y territoriales de estas infraestructuras. Y el debate importa porque se trata de infraestructuras necesarias para avanzar en la capacidad de cómputo adecuada para alimentar el desarrollo industrial.

Imagen creada con IA
Hay casos conocidos como en México, donde se planteó la necesidad de contener una expansión indiscriminada de estos emplazamientos, o en Brasil, donde la estrategia nacional está centrada en el desarrollo de la industria del conocimiento para su desarrollo de largo plazo y para lo que se instrumentaron instrumentos como el Redata, un mecanismo normativo y de promoción fiscal para alentar el desembarco de estas inversiones, pero también con condicionamientos socio-ambientales.
En otras latitudes, como Finlandia, el gobierno local ordenó la paralización temporal de la construcción de dos centros de datos de Google que, a su vez, significan la mayor inversión de la empresa en Europa, por 13.000 millones de euros. Sucede que la filial local taló 300 hectáreas de bosque y realizó movimientos de suelo sin haber completado las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias y, a pesar de que el país sea un destino atractivo para la industria de la IA por su clima frío y su matriz energética limpia, como el sur americano, la Agencia de Supervisión Finlandesa y el Ministerio de Medio Ambiente frenaron las obras en reclamo de su cumplimiento. A la vez que Google reconoció las fallas en sus procesos y se comprometió a formalizar una reparación ecológica.
El avance de la preocupación regulatoria que condicione la industria de los datacenters importa, no porque esto suponga una desaceleración de la generación de capacidades, sino por el cuidado que supone que esto no vaya en detrimento de su contexto. Importa para la región latinoamericana porque se advierte que la IA puede suponer una oportunidad de desarrollo económico, a la vez que suponga la necesidad de repensar las formas, los horizontes y sus estrategias.

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