El escenario de telecomunicaciones y medios en Uruguay está en pleno proceso de revisión, discusión y cambio. Con el ojo puesto en la habilitación para que los cableoperadores presten servicios de telecomunicaciones, la reforma o eliminación de la Ley de Medios, y la ya conseguida Portabilidad Numérica (PN), el país sudamericano baraja y da de nuevo buena parte de su contrato social y sectorial.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como “Ley de Medios”, fue una de las medidas sancionadas durante la gestión de José “Pepe” Mujica luego de un gran debate intersectorial y que, tras su aprobación, siguió siendo discutida. Inclusive, ya en 2016, cuatro de los 200 artículos que la integran habían sido declarados inconstitucionales y, con el correr de los años, se sumaros más cuestionamientos.
E, inclusive, desde hace más de un año, se discute acerca de la “necesidad” de modificarla. Con ese objetivo, se presentó un anteproyecto que fue muy controvertido pero que avanzó lo suficiente como para pensar que se aprobaría. Sin embargo y sobre el filo de su tratamiento, el Ejecutivo reemplazó la iniciativa por otro proyecto, y todo quedó trunco, hasta nuevo aviso.
Y ahora parece ahora que sonó ese nuevo aviso: hace apenas unos días, el gobierno habilitó que los cableoperadores Nuevo Siglo (Riselco), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), de Montevideo; y Praiamar y Korfield, de Colonia y Pando, pudieran ofrecer servicios de Internet de banda ancha, por fibra o cable. Y, con esta medida, dio por tierra el hasta ahora monopolio que ostentaba el operador público Antel.
Y habilitó esta posibilidad a través del otorgamiento de la licencia de telecomunicaciones Clase B, para brindar transmisión de datos a terceros, amparándose -justamente- en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Medios, que se refiere a la propiedad cruzada y que les impide -o impedía- dar servicios de telecomunicaciones.
“Con esto solucionamos un reclamo de muchos años de la industria. No podían dar Internet por la prohibición de la Ley de Medios. Quienes iniciaron la acción de inconstitucionalidad podrían estar habilitados, pero los gobiernos anteriores quisieron que eso no ocurriera”, dijo Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones en una conferencia de prensa, y manifestó su interés de derogar la Ley de Medios por considerarla “mala, malísima” y por ser “una Ley que coartó la libertad”.
En ese marco, el funcionario valoró que “esto brindará más libertad a la gente y acceso a Internet más barato. Esto será bueno para Antel, ya que contará con 86 clientes más: los cableoperadores”. Sin embargo, muchos en el mercado vieron a esta decisión como una forma de “forzar” las incorporaciones propuestas en la Ley de Rendición de Cuentas, entre las que también se señala, en su artículo 206, la eliminación de la Ley de Medios.
Cabe señalarse también que la estrategia para abrir la infraestructura de la empresa pública de telecomunicaciones viene estando en el centro de muchas discusiones e, inclusive, se intentó introducir en la letra de las nuevas iniciativas presentadas para remplazar la Ley de Medios, aunque sin conseguir consensos.
Y, como es de esperarse, las miradas sobre lo bueno y lo malo que le sucede a Antel y al sector se dan de frente en estos momentos. Los operadores privados vienen reclamando la necesidad de cambiar las reglas de juego; al tiempo que un buen ejemplo de la opinión contraria la dio Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, quien dijo a la prensa local que “estamos siendo testigos del vaciamiento de Antel”.
“En el proyecto de Rendición de Cuentas entregado este miércoles 30 al Parlamento nacional, el Poder Ejecutivo prevé un refuerzo para sectores como educación, ciencia y tecnología, y seguridad pública. Además, estima, para 2022, la creación de unos 40.000 nuevos puestos de trabajo en Uruguay”, dice en su comunicación oficial el gobierno sobre la discusión que cruza a toda lógica de gobierno y sus finanzas; y que se analizará a lo largo de 45 días hábiles.
Pero el debate no termina allí pues también circula la idea de que la reforma normativa pondría en vigencia legislaciones surgidas de la última dictadura; y son los propios medios locales quienes alertan sobre la restitución de dos decretos-leyes , el 14.670 y 15.671, que datan del 1977 y 1984, respectivamente, pues se advierte que se utilizarán para “perseguir a los medios disidentes”.
Estas normativas reglamentaban el uso de las frecuencias de radio y televisión mediante la que se penan aquellas transmisiones que afectan “la moral, el decoro y las buenas costumbres”, como también castiga las emisiones que no cuenten con la autorización debida con, hasta, la incautación de los equipos y la clausura definitiva del medio.
En ese terreno, por ejemplo, el Ejecutivo estaría interesado en darle la potestad a la Ursec para que bloquee, por ejemplo, aquellas transmisiones deportivas ilegales que se ofrecen en vivo a través de Internet, aún sin disponer de orden judicial con el argumento de que una transmisión en tiempo real a través de plataformas como YouTube, Facebook o Roja Directa, no dan tiempo para obtener una orden judicial y, por ello, con una denuncia debería alcanzar para bloquearlas. El recurso legal que habilitaría esta potestad de “antipiratería”, por ejemplo, surgiría a partir de la modificación de Ley de Rendición de Cuentas.
Entre las voces que cuestionan este escenario, también está la de Gustavo Gomez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), quien planteó que la Justicia uruguaya no ofrecería la garantía de debido proceso judicial en estos casos pues, por ejemplo, el denunciado sólo podría defenderse después del bloqueo y no antes.
En su cuenta en la red social Twitter, Gómez valoró como “Gran retroceso de la #LibertadDeExpresión en #Uruguay si se deroga #LeyDeMedios” y resumió tres consecuencias directas: “los medios públicos perderán autonomía, los periodistas quedarán sin un importante derecho adquirido, los medios pueden ser cerrados por el gobierno por normas originadas en la dictadura militar”.
El escenario uruguayo viene signado por debates profundos, que reviven buena parte de los argumentos esgrimidos en el debate por la PN, hace poco más de un año; un debate que zanjó grietas profundas. Sin embargo, esa discusión se superó mediante la realización de un referéndum popular y el regulador ya comenzó a esgrimir los primeros indicadores de mercado, tras siete meses de su puesta en marcha.
Sobre este último punto, cabe señalar, que las cifras ofrecidas también son discutidas puertas adentro de la Ursec pues no todos consideran que se hayan tomado indicadores simétricos y comparables para llegar a los resultados celebrados.
Lo cierto es que la historia se escribe en presente, todos los días. Y ésta, también continuará…
