El Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) acaba de publicar sus lineamientos para el período 2022-2023 y la noticia corrió la mañana de este lunes, sobre todo, porque el titular del órgano ofreció entrevistas a algunos medios masivos en las que habló sobre los planes de inversión y se refirió al anhelo de resolver la problemática que implica la existencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU 690). Las generalidades de dichas respuestas y declaraciones sirven para ver el horizonte, que TeleSemana.com aspira a precisar en detalles, aún a pesar que las gestiones para concretar una entrevista directa acumulen más de un semestre.
Los lineamientos publicados son nueve y advierten la importancia de “reducir la brecha digital a través del impulso de programas y proyectos de conectividad”, de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de “promover un control eficaz de las obligaciones de despliegue impuestas a los licenciatarios, como así también de la calidad del servicio”, de “posicionar al Enacom como referente de la región y ante los Organismos Internacionales” y de “propiciar el fomento de la pluralidad de voces”.
Entre ellos, además, se incluye la idea de “elaborar un Plan Nacional de Espectro, orientado en satisfacer la demanda creciente de datos móviles, y promover el desarrollo de nuevas redes móviles de última generación, de “declarar las bandas de frecuencias aptas para la implementación y despliegue de 5G en nuestro país. Durante 2022 y 2023 se prevé avanzar en el diseño de políticas públicas en materia de tecnologías de quinta generación” y que cierra con el plan de “impulsar una mayor competencia a partir del otorgamiento de licencias para prestadores de Internet propiciando la generación de nuevas fuentes de trabajo”.
Se trata de una hoja de ruta que, a priori, enumera lo esperable y lo urgente, las buenas intenciones y los compromisos que forman parte de los objetivos del gobierno. Sobre todo, después del viaje oficial a China y la visita del primer mandatario argentino a la fábrica de Huawei multiplicaran las especulaciones.
Según publicó La Nación, el objetivo del Enacom es recaudar 1.800 millones de dólares, total que disgrega en 1.000 millones de dólares que vendrían de la mano del espectro que se licitaría para el despliegue de 5G y otros 800 millones de dólares por el remanente de 4G. Sobre el espectro, se sabe es que hace seis meses lanzaron una consulta pública y dos desde que el ente anunció haber identificado las bandas para 5G y que el próximo paso sería tener disponibles las bandas.
“Está el trabajo de sacar a los que están en las bandas que nosotros designamos para 5G y migrarlos a otras y hay que aprobar el reglamento” explicó Claudio Ambrosini, titular del ente a La Nación y agregó que “una vez que esté todo eso, tenemos que sentarnos a terminar de evaluar con Jefatura de Gabinete y el presidente cuánto valen las bandas y cuál va a ser la estrategia comercial de esta licitación: si va a prevalecer un mayor despliegue o el precio”.
“Tenemos aprobado por directorio las bandas que vamos a utilizar con 5G y con la Secretaria de Innovación tenemos listo el pliego de condiciones”, dijo Ambrosini luego, en declaraciones radiales a la AM 530, agregó que “resta la decisión de Jefatura de Gabinete y de Presidencia de la Nación, acerca del tiempo razonable y las condiciones políticas”, y sentenció que “serán decisiones que tomaremos entre todos”.
Según publicó el periódico Tiempo Argentino, los tres operadores locales Personal, Claro y Movistar “quieren rápidamente participar de la licitación del 5G y comprar espectro” aún a pesar de los enfrentamientos judiciales existentes. “La situación actual no es un impedimento para avanzar en la licitación y ellos lo saben porque se trata del mismo proceso que se viene dando a nivel regional y mundial y las compañías quieren acompañar”, afirmó el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del Enacom, Diego Leiva, a La Nación.
Lo cierto es que la industria viene de bruces con la actual gestión, sobre todo, desde que el DNU 690 se impuso como un escollo al desarrollo sectorial, aún cuando su intención fue convertirse en una estrategia efectiva para el achicamiento de la brecha digital en las horas más apremiantes de la pandemia, durante 2020. Sin embargo, las nociones de servicio público y de servicio en competencia no se llevaron bien desde el comienzo dado que cambiaba las reglas que lo regía desde su mismísima desregulación. El impacto fue inminente pues, al cabo del primer año, las inversiones del sector se redujeron a la mitad y se lo judicializó todo cuanto fue posible.
“Las telecomunicaciones y todo el sector TIC tiene que estar desjudicializado”, dijo hace tres semanas Jorge Neme, vicejefe de Gabinete del gobierno argentino, durante la presentación del cuarto operador móvil, Imowi, y apostó a “buscar los acuerdos necesarios para garantizar y regular un servicio público básico para todos los argentinos y también dejar el espacio necesario para que las compañías tengan la previsibilidad para avanzar en las inversiones y actualizar el conjunto de las tecnologías de la información que tiene la Argentina”.
Lo cierto es que la judicialización del DNU 690 importa, de lo contrario no hubiera sido elevado el pedido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intercediera. E importa, inclusive, por la declaración que el propio Ambrosini dio a La Nación al decir que “las telecomunicaciones no van a dejar de ser servicio público porque eso lo ancló el 690, pero necesitamos avanzar para tener previsibilidad de lo que va a ser el esquema a transitar este año con las diferentes variaciones de precios debido a los diferentes índices de inflación que tengamos”.
“Las empresas privadas son las que tienen que hacer las inversiones” dijo, a su vez, en comunicación con la AM530 y la respuesta aplica también a los acuerdos que el gobierno local hizo en su viaje a China y el horizonte de especulaciones que abrió la visita oficial a Huawei. “No regulamos a los proveedores de las compañías. No importa la tecnología; por ahora, estamos muy lejos de eso. Esta es una posición geopolítica de Estados Unidos y China, y que excede al Enacom, tienen que dirimirla en otro terreno”, agregó el funcionario en la comunicación radial.
¿Por qué considera que la judicialización del DNU 690 no afecta el interés de los operadores, si las inversiones están congeladas? ¿Cuáles son las bandas que necesitan despejar para avanzar hacia 5G y en manos de quién están? ¿Cómo es ese plan de limpieza, qué involucra y en qué instancia se encuentra? ¿Cómo se resuelve todo en seis meses, no es poco tiempo? ¿Cómo establecerán los esquemas de precios del espectro y qué espíritu aspiran que tenga la licitación para 5G? ¿Será una subasta con un fin recaudatorio o aspiran a que el logro esté dado por los compromisos asumidos por parte de los operadores? Y si la apuesta va por el lado de los compromisos, ¿en qué tipo de apuestas están pensando? Las preguntas sobran porque las precisiones faltan pero, seguramente, se despejarán en la entrevista directa que TeleSemana.com viene gestionado y que, seguramente, pronto concretará.
