Que la brecha digital se profundiza, porque el estándar de buena conectividad es la de 5G y porque esto supone elevar mucho la vara, sobre todo en territorios en los que aún hay redes con muchas menos G´s; que la ecuación impositiva pesa demasiado en la estructura de costos y que aún un tercio de la población global está desconectada, son sólo algunas fotos de este escenario crítico global… y regional.
La amenaza de exclusión de los sectores más vulnerables a acceder a los beneficios que promete el uso de herramientas como la inteligencia artificial (IA), se tradujo en propuestas disruptivas que, en la región, se evidenciaron en Colombia, donde la idea de tender infraestructura en la Amazonía y de generar subsidios cruzados solidarios apuntan a paliar las urgencias. También en Perú, que implementa un esquema de inversión mixta; y en Brasil, que moviliza fondos internacionales para financiar la cobertura de pequeños proveedores en zonas remotas. Todos buscan transformar la conectividad de un accesorio de lujo en un derecho humano efectivo.
La coyuntura global
La calidad de la conexión (velocidad, latencia y fiabilidad) es tan crítica como el acceso mismo, esta fue la conclusión a la que arribó la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) en su último reporte. Allí también se precisó que aún hay 2.200 millones de personas desconectadas en todo el planeta y que 5G se instala como el tipo de conectividad ideal, por las posibilidades de uso que habilita. Inclusive, que es una realidad entre los segmentos poblacionales con mayor poder adquisitivo: el 84 por ciento de la población en países ricos tiene acceso a esta tecnología mientras que, en los de ingresos bajos, ese porcentaje no supera el cuatro por ciento.
Esta disparidad, sumada a los altos costos y la falta de competencias digitales, amenaza con excluir a miles de millones de personas de los beneficios de innovaciones como la IA; y supone la necesidad de duplicar los esfuerzos para garantizar una conectividad universal y significativa.
La asequibilidad es uno de los tantos elementos que condicionan la brecha digital y que, según la UIT, mejoró durante 2024, al lograr que el promedio mundial de la banda ancha móvil se situara por debajo del objetivo del dos por ciento del ingreso per cápita (PBI); a la vez que identificó que la brecha de costos entre economías ricas y pobres se redujo significativamente desde 2018. Sin embargo, la banda ancha fija sigue siendo un lujo inalcanzable en los países de ingresos bajos, porque ese costo representa el 29,2 por ciento del PBI mensual. Del mapa general, Europa lideró las oportunidades por ostentar precios mínimos, frente a una América donde las tarifas superan los umbrales sugeridos de asequibilidad.
A la cuestión de la asequibilidad, se suman los vinculados a las habilidades digitales poblacionales y a la generación de programas de alfabetización; a paliar la falta de acceso por edad, por género, o por la ubicación geográfica, que establece vivir en la ruralidad o en la urbanidad (aunque en este último , inclusive, hay cada vez más alternativas técnicas que ofrecen soluciones). En cualquier caso, los avances suponen del esfuerzo privado pero también de la promoción de políticas públicas eficaces.
El mapa regional
La conectividad significativa es un desafío importante para la región. Si el foco se pone en la cuestión de la asequibilidad, por ejemplo, fue la GSMA la que alertó que el sector móvil soporta una carga fiscal desproporcionada que duplica su peso en la economía y estableció un ránking en el que Argentina se ubicó como el país con los impuestos más altos de la región (51,4 por ciento). Lo cierto es que, en este país, el tema tarifario no es exclusivo de las operadoras móviles, sino que también pesa sobre el desarrollo de los proveedores de internet
Cifras más, cifras menos, en la tierra del tango y el malambo, hay 12.25 millones de accesos a internet fijo, con una tasa de penetración de alrededor del 82 por ciento de hogares conectados a nivel nacional. Pero no sólo eso, el 17,4 por ciento de los hogares que aún no están conectados son, en su mayoría, los de menores ingresos o los que residen en las localidades más pequeñas; datos que exhiben que está vinculado a la inclusión de los segmentos socioeconómicamente más vulnerables de la población.
Foto creada con ChatGPT
En Colombia, el gobierno aprobó hace dos meses una inversión estratégica de más de 175 millones de dólares para desplegar una red troncal de fibra óptica en la Amazonía y elevar la conectividad nacional del 60 por ciento al 85 por ciento. Este proyecto se ejecutará entre 2026 y 2035, y aspira a remediar las falencias que aún registran zonas como Putumayo y Amazonas, donde el acceso rural apenas roza el 24 por ciento. Además, apuesta a beneficiar a 227.000 personas con servicios de telemedicina y educación, esta red se integrará con la infraestructura de Brasil y cables submarinos internacionales, formando parte de una ambiciosa visión regional para conectar la Amazonía con redes globales de alta capacidad y reducir las profundas brechas de equidad y productividad en las zonas más remotas del país.
Pero en este país, donde la cumbia y el vallenato marcan el ritmo, también se propuso pensar en una forma de subsidiar de forma solidaria el acceso a la economía digital popular, dado que más de un tercio de la población colombiana está en condición de pobreza digital. La idea presentada en forma de proyecto de ley y titulada “Internet Solidario”, busca establecer un nuevo pacto social digital para garantizar el acceso a la conectividad fija como un derecho fundamental y servicio público básico, y cuyo mecanismo establece que los hogares de estratos altos y las grandes empresas paguen un sobrecosto del 30 por ciento en sus facturas de Internet para subsidiar hasta el 55 por ciento del valor del acceso de los hogares más pobres, donde residan estudiantes activos.
En Perú, también hay iniciativas para paliar a los desconectados estructurales. Semanas atrás, el Gobierno presentó una estrategia de articulación público-privada para cerrar su brecha digital, basada en un modelo de inversión mixta donde el Estado asume la construcción de la infraestructura (CAPEX) y los privados gestionan la operación y el mantenimiento (OPEX).
En esta parte del mundo musicalizada por melodías de quena y de charango, también se instrumentó hace pocos meses una Mesa Técnica tendiente a vehiculizar el Plan Huñuy Perú, con el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aspira a llegar con servicios a las zonas más vulnerables de la sierra y la selva; y para las que se utilizarán las obligaciones de cobertura de la reciente subasta 5G para beneficiar a 140.000 ciudadanos y cubrir 2.200 km de rutas.
En el caso de Brasil, y aún a pesar de todos los reconocimientos y logros de la subasta 5G en materia de obligaciones de hacer y desplegar redes en segmentos poblacionales estratégicos (como las escuelas o para el desarrollo productivo) también enfrenta indicadores que relevan la existencia de una brecha digital persistente y estructural.
Según datos oficiales del país que baila samba y bossa nova, el costo de los dispositivos y las limitaciones de los planes de datos móviles provocan que más del 50 por ciento de los usuarios de bajos ingresos pierdan el acceso a servicios básicos de salud, educación y trámites bancarios por falta de saldo o Wi-Fi. El estudio resalta que, aunque la mayoría posee celulares modernos, casi la mitad no puede costear una computadora o que un porcentaje considerable carece de las habilidades para usarla, lo que perpetúa una desigualdad donde los ciudadanos más pobres pasan hasta 15 días al mes desconectados.
Para enfrentar ese déficit, el Senado local aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 550 millones de reales o 100 millones de dólares para que el Ministerio de Comunicaciones amplíe la cobertura de banda ancha en pequeñas ciudades, de hasta 30.000 habitantes, ubicadas en regiones remotas.
Imagen creada con IA
Se trata de una iniciativa que prevé impactar en beneficio de 2,5 millones de brasileros y que permitirán crear un mecanismo de garantía diseñado para facilitar el acceso de los pequeños proveedores de internet a líneas de crédito para ampliar la infraestructura de banda ancha en el interior del país.
A estos se suman los pasos dados en Chile, con sus 8,2 millones de usuarios son 5G y el 70 por ciento de los hogares conectados a Internet vía fibra óptica y su plan conocido como de “Brecha Digital Cero” que ya está en horas de balance, tras cuatro años de implementado.
El 2026 presupone no sólo el desafío de lograr los objetivos planteados y desarrollar los plantes tal como fueron formulados, sino los cambios de rumbo tras atravesar sendos procesos electorales que, en casos como el de Chile, suponen el cambio en la visión de la administración pública.
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